Aguantar hasta que pase el temporal: los argumentos de la austera pauta salarial del 9 % por seis meses para los estatales de Chubut

“Ya aumentamos el año pasado, ahora nos queda mantener la línea de flotación, porque si nos excedemos, no vamos a poder pagar y tendremos que despedir gente”. En esa frase podría resumirse el planteo del gobierno sobre austeridad en la pauta salarial dirigida a los representantes de los trabajadores estatales, que por ahora mantienen una tensa calma.

En un escenario donde las decisiones macroeconómicas buscan evitar una devaluación que aumentaría los ingresos por regalías a Chubut, y donde además la zona sur -principal región extractiva de recursos naturales y aportante de recaudación- sufre decisiones empresariales que abandonan la zona dejando trabajadores en la calle, el planteo dirigido a los trabajadores públicos que tienen su empleo asegurado, es que deben priorizar su cuidado.

A la luz de decisiones tomadas por el gobierno nacional, que dio de baja a 36 mil empleados públicos el último año, la discusión no parece estar centrada en un porcentaje de aumento, sino en algo mucho más esencial: el mantenimiento de la fuente de empleo.

La pauta elaborada desde Nación para 2025 es del 18,3 % anual y es la que ha tomado como referencia Chubut para hablar de un 9 % para el primer semestre y otro 9 % para la segunda mitad del año. Así fue planteado a los intendentes en el encuentro de Gobernador Costa y el compromiso general fue acompañar ese parámetro en las negociaciones municipales.

En los primeros dos meses del año, el índice inflacionario oficial -IPC Patagonia- arrojó casi 6 %, esto proyectado arrojaría un 18 % para el semestre y un 36 % al finalizar el año. Con estos datos en modo comparativo, un término para definir la oferta hecha en las paritarias es “austera” o más bien “pijotera” al extremo.

Pirma una cautela altísima en el Ejecutivo, para no aumentar de manera exponencial una masa salarial que alcanza al 64 % de los gastos corrientes. Y de la vereda de enfrente, la pérdida con la inflación es lo que lleva a algunos dirigentes sindicales a hablar de ajuste o quita del poder adquisitivo.

Pero el gobierno se mantiene firme en dos argumentos centrales: los ingresos provinciales no acompañan la inflación, sino que van deprimidos; y en ese sentido, sólo se puede ofrecer lo que se puede pagar en tiempo y forma, porque la historia reciente muestra que un exceso en el cálculo sería suicida.

Desde esta columna consultamos tanto al Ministerio de Economía como a referentes de gremios de los tres sectores más numerosos de trabajadores, para exponer la tensión en las dos miradas y conocer los argumentos de ambas partes de la negociación.

Recomposición

Desde Economía, el eje central de la argumentación apuntó a que ya se hizo mucho es fuerzo en subir salarios en 2024, y que este año es momento de mantener lo ganado. Así lo expresó Andrés Meiszner, titular de Hacienda, quien centró su planteo en las comparaciones con 2023 y garantizar el pago en tiempo y forma.

“El dato es cómo recibimos la provincia: el salario en Educación en diciembre en 2023, para nivel inicial por un cargo, el sueldo de bolsillo era $ 216.859, y hoy el garantizado que se acordó en la última paritaria es de 700 mil pesos”, dijo Meiszner.

Luego agregó un segundo ejemplo: “en Seguridad, un ingresante a policía cobraba en 2023 un sueldo de $ 349.183, y ahora en la última paritaria, se acordó que se va a llegar de manera escalonada en junio a un salario de casi millón de pesos de mínimo”.

Un dato duro respecto a estas subas lo marca el incremento de la masa salarial: el neto de liquidación a trabajadores activos era de $ 4.422 millones en enero de 2022; pasó a $ 9.429 millones en enero de 2023; luego a $ 24.437 millones en enero de 2024 y finalmente tuvo una suba anual superior al 150 %, al llegar a $ 61.107 millones en enero de 2025.

Con estos números, puntualizó Meiszner que "2024 fue un año de recomposición salarial, donde la provincia hizo una inversión importante y en este 2025 el objetivo es mantener lo que se ganó”. Explicó que “por eso se tomó como pauta, un índice de IPC del 18,3 % y nosotros tenemos esa pauta general para todo el año”.

Señaló que “la indicación del gobernador es una suba del 9 por ciento en cada semestre, y si eventualmente la provincia tuviera algún índice extra, un ingreso mayor, la idea es ese mes subir, pero siempre acompañando” y dejó en claro un punto esencial de la negociación: “no vamos firmar o prometer aumentos que no podamos cumplir, y vamos a seguir con la política de no tomar deuda ni emitir letras para gastos corrientes”.

En el gobierno recuerdan lo ocurrido en 2019, con una paritaria que superó ampliamente la inflación apuntando a una recomposición que el gobierno de aquel entonces nunca estuvo en condiciones de afrontar, teniendo que recurrir al pago escalonado que duró más de un año.

Sostuvo Meiszner que “el presupuesto es austero y queremos cumplirlo. La decisión es no echar a nadie, mantener la fuente de trabajo. Con ese porcentaje eso lo podemos garantizar” y destacó que el peso del gasto de personal bajó a 64 % del gasto total, cuando en determinadas épocas recientes llegó a superar el 110 %.

“A los intendentes les transmitimos esa pauta y entendemos si hay municipios con salarios bajos que deban aumentar más, pero siempre y cuando tengan espalda para hacerlo”, especificó el funcionario provincial.

Disconformes

El relevamiento con referentes de gremios de los tres principales sectores estatales, como docentes, salud y seguridad (en conjunto reúnen al 75 % de los empelados provinciales) marca un disconformismo por una pauta que afecta el bolsillo de los trabajadores.

Guillermo Spina, del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed), dijo a ADNSUR “podemos entender las razones del gobierno, pero esta oferta dista mucho de ser una recomposición, con esos números que ofrecen si la inflación se mantiene en esos números lo único que se va a lograr es no perder”.

El dirigente dijo que la oferta “sigue siendo insuficiente” porque “nuestro salario viene por demás deprimido si bien el año pasado se recompuso en cierto porcentaje, este camino debería seguir y pretendemos que siga en 2025. Con estos números estamos lejos”.

Por el lado de Salud, Noelia Domenez Fernández, del gremio de la sanidad (Sisap) explicó que “nosotros todavía no tuvimos reuniones Paritarias, porque dentro de la negociación del año pasado acordamos 8% enero y 8% febrero que ya cobramos y 8% para mayo. Si bien eso es parte de la modificación de nuestro convenio, y quedo pautado que era independiente de la pauta salarial 2025, nuestra intención es sentarnos las próximas semanas a trabajar con lo que está dispuesto para el primer semestre”.

Reconoció que “habernos anticipado con ese acuerdo, sabiendo el panorama que se venía, nos dejó en mejor posición que el resto de los sectores. Yo lo que pretendo es usar la pauta del primer semestre toda junta para que tenga mayor impacto”.

En el caso de los policías, sus representantes están dentro del Consejo de Bienestar Policial. Uno de los referentes de los activos es Daniel Austin, quien agregó otro punto a analizar, como fue la ley de incremento de descuento en los aportes de la obra social Seros. Dijo que “el aumento impuesto en el aporte de la obra social generó un decrecimiento en los haberes y pérdida del poder adquisitivo, y después se olvidó de recomponer en los salarios y causó más perjuicio que la inflación de ese mes”.

Respecto a la manera en que el gobierno baja la misma pauta a todos los sectores, sostuvo el dirigente que “hay políticas que buscan ser igualitarias, pero no son equitativas, se debería apuntar a la equidad en los salarios”. De este modo, apuntó a las diferencias de sueldo entre los diferentes sectores del Estado.

Esta semana, hubo movilizaciones de trabajadores judiciales, que reclaman atraso respecto a las pautas fijadas desde la Corte Suprema, una práctica que se venía fijando por acordada en los últimos años. Esto cambió con la nueva gestión del Superior Tribunal, que establece aumentos de acuerdo a la realidad provincial, luego de algunas discusiones con Economía.

De todos modos, a pesar de las movilizaciones y reclamos, en el comienzo de año hubo incrementos establecidos de tramos del 5 % mensual para los judiciales, que están por encima de lo que se ofrece al resto de los sectores en el Ejecutivo.

Año complejo

El cruce de información anterior, sumado a los datos que llegan del nivel nacional con un paro general de la CGT para el 8 de abril, marcan a las claras que 2025 será un año extremadamente complejo.

Uno de los argumentos de los dirigentes de la central obrera, es que lo que está ocurriendo es que ante un acuerdo salarial en el sector privado con valores importantes, el gobierno nacional decide no hacer la homologación por entender que afecta la política de ajuste a nivel nacional.

La consecuencia -si un acuerdo no está homologado- es que la patronal no está obligada a cumplirlo. Esto, sumado a los despidos en el sector público ya mencionados y que irán en aumento, dan un cóctel explosivo que el gobierno de Torres busca que no se replique en Chubut, y para eso depende de la mirada condescendiente de la dirigencia gremial.

Sumado a esto, hay que marcar que el gobierno chubutense no puede abocarse exclusivamente a la negociación con estatales, sino que debe tener la mirada en cómo aminorar el impacto de la pérdida de fuentes de empleo en la zona sur por el cierre de empresas, y por eso la atención está puesta en el desarrollo del no convencional.

Uno de los argumentos a mediano plazo para tratar de encontrar oxígeno en las cuentas públicas, pasa por la inminente creación de la Agencia de Recaudación Provincial, que se espera optimice y logre aumentar los ingresos por los tributos locales, para paliar la baja de las regalías.

La doctrina del gobierno de Torres es que si se trata de ingresos genuinos -como tributos provinciales o una mejora en la coparticipación- pueden ir destinados a gastos corrientes como sueldos, pero de ninguna manera se tomará préstamos con ese fin.

Épocas de vacas flacas y bolsillos vacíos, una historia conocida por los chubutenses. Deberá apostar el gobierno a toda su muñeca política para ir conteniendo a trabajadores estatales que sin dudas sentirán mermados sus ingresos respecto al año anterior. El mensaje no será de crecimiento del salario, sino de subsistencia, en medio de una campaña electoral en la que habrá mucho en juego.