Digitalización, trazabilidad y pliegos gratuitos: en qué consistirá el nuevo sistema de “transparencia en la obra pública” de Chubut

El último miércoles, en un acto desde Comodoro Rivadavia con la totalidad de los intendentes de los municipios de Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció que "vamos a presentar una ley de transparencia de obra pública con una auditoría de corte", y anticipó que "lo vamos a hacer al anuncio desde un lugar emblemático como es la Casa de Gobierno, que hace dos años fue quemada".

Se trata de tres datos a explicar: primero, en qué consiste, qué busca y qué cambiará con la nueva ley respecto al sistema actual de contrataciones; segundo, por qué una auditoría de corte y qué se busca mostrar; y tercero, por qué se hará la presentación en la Fontana 50, vinculada al caso testigo de una empresa que el gobernador quiere poner sobre la mesa.

La Ley de Transparencia fue uno de los anuncios de la campaña, y Torres la viene trabajando hace tiempo con su principal referente en la materia, el geógrafo y economista Fernando Álvarez De Celis: consiste en replicar un sistema de seguimiento digital “on line” de cada expediente de una obra, como ya vienen aplicando con éxito otras jurisdicciones.

Uno de los cambios centrales que se busca es que haya una “trazabilidad” completa, desde el inicio en el llamado a licitación, el concurso, luego la adjudicación, posteriormente el desarrollo de cada etapa de la obra con fotos de las inspecciones, hasta la entrega final e inauguración.

Valiéndose de la utilización de la firma digital en cada etapa, se quiere dejar atrás al actual sistema de papel que vuelve burocrático y caótico el proceso: de hecho, las actuales autoridades afirman que es imposible rastrear el expediente de cada una de las obras de los últimos años.

Con estos cambios, el objetivo es acortar el tiempo del proceso, hacerlo más ágil, eficiente, y a la vez transparente, porque se pretende que todos estos pasos estén subidos a la página web del gobierno de Chubut, y accesibles a cualquier ciudadano. Para aplicarlo, se utilizará a un sistema que ya se aplica en Nación, con una plataforma que utiliza el SIPPE (Sistema Integral de Planificiación y Proyectos  Estratégicos).

Licitaciones e inspecciones

Un punto central del nuevo sistema es el mecanismo para evitar los acuerdos entre empresarios para repartirse obras: para ello va a cambiar la publicidad de la información, porque el manejo previo de los datos es clave. Se buscará que todo el mundo se entere al mismo tiempo quiénes compiten en el momento de apertura de ofertas.

Ni los empresarios ni los empleados públicos que manejan el sistema van a saber antes cuántas y qué empresas hay anotadas para hacer una obra: así se buscará evitar el actual sistema de “cartelización”, el cual alude a que son siempre las mismas firmas las que compiten y se reparten las obras en cada zona, poniéndose de acuerdo quién oferta más barato.

Con ese fin, un punto clave que pondrá en marcha el nuevo Secretario de Infraestructura, Nicolás Cittadini, es que ya no se van a cobrar los pliegos licitatorios, sino que se van a descargar de manera gratuita desde la web. El actual sistema pone a cada pliego un precio que es un porcentaje del total de la obra, y algunos son muy onerosos. Esto reduce la cantidad de firmas que se anotan.

Además, otro dato es que las inspecciones también van a ser on line, y todo va a quedar registrado en el sistema de “trazabilidad”. El inspector irá en cada etapa de la obra y sacará las fotos en el lugar, que luego serán subidas a la web y todo quedará digitalizado, a diferencia de lo que ocurre actualmente, con los expedientes de papel a los que sólo acceden los responsables del área de Infraestructura.

Aseguran con entusiasmo los promotores de la futura ley que a partir de ahora, si la obra viene demorada y hay incumplimientos, esto lo podrá observar cada vecino que esté interesado. Y la falta de cumplimiento dará lugar a sanciones a las empresas que estarán incluidas en el Registro de Constructores: las que no cumplan con los plazos, van a perder puntos para futuras licitaciones.

Escuelas

Se estima que el nuevo sistema estaría disponible en cuatro meses, pero se trabaja para que ya se avance cuanto antes en un sector en particular que presenta las mayores urgencias: hablamos del ámbito educativo, y todo el listado de establecimientos y obras a realizar en las escuelas de toda la provincia.

La educación es considerada un área especial, y admiten los funcionarios que es donde más insiste el gobernador Torres, que no para de llamar y enviar mensajes respecto al plan para tener todo en condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2024 en marzo -en enero en varias escuelas del interior-.

Por ello, dentro de toda la estructura de la obra pública general, se trabaja en el diseño de un módulo específico para educación, que tendrá cargadas absolutamente todas las escuelas, edificio por edificio, y en este caso está cumpliendo un rol fundamental el secretario de Coordinación de Gabinete, Guillermo Almirón.

Ante el desafío de tener un diagnóstico y un relevamiento completo, Almirón está coordinando el trabajo con cada responsable de área de Infraestructura y de Educación distribuidos por toda la provincia, para organizar el relevamiento lo más rápido posible, estableciendo un orden de prioridades para las obras más urgentes.

Las obras escolares serán el debut del nuevo sistema on line: el objetivo es que la comunidad educativa pueda hacer click en la escuela de su barrio, y ver qué obras se van a hacer y cómo van avanzando, e incluso se pretende hacerlo interactivo, siendo la misma gente la que aporte inquietudes.

Auditoría y caso testigo

Queda explicar por qué Torres eligió al histórico edificio de Casa de Gobierno que está destruido, para hacer el anuncio del nuevo sistema de la obra pública. Se trata de un lugar emblemático, sede del Poder Ejecutivo, que sigue inutilizable a causa del daño provocado por el fuego hace dos años. 

Para su arreglo, la gestión anterior contrató a una empresa constructora de Puerto Madryn, llamada Fabri S.A., perteneciente a la familia Cardini, que cobró dos adelantos pero avanzó muy poco. Al gobernador Torres nadie le saca de la cabeza que esa firma era favorecida con la entrega de anticipos de obras que luego no se concretaban o que avanzaban mínimamente.

Con la nueva ley se buscará cortar con los adelantos financieros, que -según explicó a ADNSUR uno de los autores de la iniciativa- es “lo que cobra la política”: actualmente rondan el 20 % del presupuesto total, pero igualmente las empresas no arrancan a pesar de cobrarlo. Por ello se proyecta que, desde ahora, los anticipos que se paguen sean mínimos, mucho menores a los actuales.

Hay quienes sospechan que determinadas firmas “mueven la plata” hacia otras obras o filiales de la empresa, o tapan agujeros bancarios, sin cumplir con plazos que nadie controla. Otros creen que de los adelantos se pagan coimas, la política recauda, y después no firma los certificados de obra, por lo que la obra se paraliza.

Volviendo al edificio de Fontana 50, quedó destruido con los incendios de la manifestación posterior a la ley de zonificación minera en diciembre de 2021: dos años después de aquella trágica jornada, y luego de que el anterior gobierno eligiera de manera directa a la empresa Fabri S.A. para hacer los arreglos, observan que no se avanzó muy poco, a pesar de que se pagaron dos anticipos.

El gobernador actual ya ha expresado con mucha bronca que heredó el gobierno de manera simbólica porque no tiene despacho, y por ello trasladó su base de operaciones a la Residencia Oficial ubicada en frente. De ahí las razones para elegir ese edificio para anunciar la nueva ley de transparencia y la famosa auditoría de corte.

Este último punto, alude a un convenio firmado con la Auditoría General de la Nación para que de manera externa hagan un informe a Chubut de qué obras se cumplieron y qué empresas cobraron y no construyeron lo pactado. Respecto a Fabri, se quiere poner la lupa además en la obra del interconectado hacia Camarones, y en obras contratadas por el municipio de Comodoro Rivadavia, aunque eso dependerá del actual intendente Othar Macharashvili.

La nueva gestión apuesta para este informe a un organismo externo porque sospecha que los tribunales de cuenta municipales y el de la provincia, así como los organismos de control locales “están mal acostumbrados” y suelen mirar para otro lado.

Hasta ahora se trata de anuncios: ideas avanzadas que se están terminando de plasmar en el papel para lograr en la práctica una administración más “transparente” de un sistema que viene desde hace años y que dio lugar a la tristemente famosa causa “Revelación”, donde se comprobó el pago de retornos provenientes de la obra pública para financiar a la política.  Chubut tiene muy mala experiencia en la materia, y será un desafío romper los viejos esquemas.