Extinción de dominio en Chubut: recuperar 140 millones de la corrupción

Diputados provinciales del radicalismo impulsan en Chubut un proyecto similar al que se discute en el ámbito nacional, con el fin de recuperar bienes adquiridos a partir de hechos de corrupción. En la iniciativa se contempla promover la demanda civil contra personas “humanas o jurídicas que ostenten un patrimonio que no sea compatible con los normales y habituales de la actividad que desarrollen, se hallen o no imputados en una investigación penal”.

El último punto es uno de los que abre el debate jurídico, ya que la norma, tanto nacional como provincial, habilita la quita de bienes aun cuando los sospechados de haberlos obtenido en hechos delictivos no hayan sido condenados por tales delitos.

Quienes rechazan esta tesitura, señalan como ejemplo que una norma así podría habilitar a que alguien que no fue condenado, o incluso sobreseído en un juicio por corrupción, podría posteriormente demandar al Estado para que le restituya y repare el daño causado por tal accionar.

Los que defienden la “extinción de dominio”, mencionan que el mecanismo está previsto por el Código Civil, además de que el país ha adherido a una serie de pactos internacionales que lo comprometen en la lucha contra la corrupción a través de un sistema judicial capaz de sancionar tales actos.

MAS DE 140 MILLONES DE PESOS ENTRE “EMBRUJO” Y “REVELACIÓN”

Independientemente de la discusión legal sobre el proyecto que en la provincia impulsan los diputados radicales, en sintonía con el gobierno de Macri, el año recién iniciado dejará precedentes en Chubut, para el recupero de riquezas logradas a partir de la corrupción.

Cuando el 12 de marzo se inicie el juicio por la causa “Embrujo”, en la que se imputa al ex secretario privado del extinto gobernador Das Neves, Diego Correa, de haber encabezado una asociación ilícita para enriquecerse con negocios a costa del Estado y el uso del poder que le daba el cargo político, se podrá apreciar no sólo el rol que tuvieron funcionarios y empresarios. Además de la condena penal, que podría deparar varios años de cárcel si se prueban la asociación ilícita y el lavado de activos, será un punto de inflexión para la aplicación de la figura del “decomiso”.

El decomiso ya existe como figura legal en el Código Penal (art.23) y habilita a los fiscales a exigir la liquidación de bienes mal habidos, una vez lograda la sentencia firme contra los imputados (son 12 en total), para recuperar ese patrimonio a favor de la ciudadanía. Tanto bienes como cuentas bancarias han sido embargados y una vez finalizado el juicio, en caso de llegarse a sentencias condenatorias, el Estado podría disponer de un monto que fue estimado en más de 35 millones de pesos sólo al valuar algunas de las propiedades vinculadas a la causa.

A su vez, la causa “Revelación”, cuyo juicio podría realizarse a fin de año –no antes de que concluya el “Embrujo”- también aportará inmuebles adquiridos con plata de la corrupción. Según  confiaron fuentes de las fiscalías a esta columna, se apunta al recupero de más de 100 millones de pesos, a partir del decomiso de propiedades de ex funcionarios provinciales (cabe aclarar que en esta siguen involucrados Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero –una de cuyas propiedades fue relevada esta semana por los fiscales- y también Diego Correa, además de alrededor de 10 empresarios a los que no se les aceptó la suspensión del juicio a prueba).

En este caso se suman las reparaciones ofrecidas por empresarios a los que se aceptó la suspensión del juicio, a cambio de obras que, en el caso más emblemático de Comodoro Rivadavia, consiste en la reparación de la comisaría de Mosconi, por un monto cercano a los 2,2 millones de pesos. Esa obra, ofrecida por el empresario Esteban Torraca, todavía no fue iniciada debido a que la solución fue impugada por el diputado Eduardo Conde ante la Corte Suprema de Justicia: al no estar firme el acuerdo, no se habilitó aún la reparación.

Son alrededor de 30 los empresarios que podrían beneficiarse con este mecanismo, que a su vez puede traer obras pública para la provincia: una estimación de alrededor de 60 millones de pesos.

El lunes 4 de febrero, cuando se concrete el juicio abreviado contra Abel Reyna y otros ex funcionarios y funcionarias de la Delegación local del IPV, podría surgir también la posibilidad del recupero de viviendas mal adjudicadas por quienes, abusando de su cargo, exigieron favores personales y montos de dinero a cambio de adulterar el sistema de entrega de viviendas.

Según la cantidad de casos en los que pueda confirmarse que la entrega fue irregular (por ejemplo, hubo entrega de vivienda al ex esposo de una de las funcionarias imputadas, que ésta le entregó como parte del acuerdo de divorcio) podría contarse con un número determinado de casas para que el organismo provincial, que no ha construido mucho en el último tiempo, pueda entregar a familias que realmente lo necesitan y califican para acceder a una vivienda social.

No parece desacertado esperar que los juicios, más allá de los ribetes políticos inevitables, se transformen en un punto de inflexión para la historia provincial. Más allá de la cuestión legal y los tecnicismos, habrá que ver si el sistema judicial es capaz de llegar a imprimir un viejo axioma rector de viejas generaciones, pero que la impunidad se ha encargado de borrar. Aquel que rezaba, de modo laico y efectivo: “el que las hace, las paga”.