Las sospechas por manejo de fondos y entrega de cargos que terminaron con la salida de Capraro del puesto más poderoso de la Justicia de Chubut

Acechado por dos auditorías internas y suspendido sin goce de haberes, es un hecho que el administrador general del Poder Judicial, Héctor Capraro, no continuará en su cargo luego de 11 años de haber acumulado el máximo poder dentro de la Justicia de Chubut: no logró dar respuesta a las sospechas por designaciones inconsultas en unos 50 cargos y tampoco por el manejo de los fondos provenientes de las tasas de justicia, que ascienden a unos 500 millones anuales.

La polémica en torno al enorme poder de esta figura dentro de la Justicia la habíamos anticipado hace un año atrás en esta columna: hablamos del juego de tronos y cómo todavía en ese momento, había divisiones entre los ministros, algunos de los cuales apoyaban al administrador.

Ese panorama cambió un año después, a juzgar por lo que obraron los miembros de la corte por unanimidad en los acuerdos plenarios, ya que los 6 integrantes firmaron las acordadas para iniciar dos auditorías para investigar a Capraro, específicamente en el sector de Tasas y en el área de Recursos Humanos.

La primera de esas auditorías ya terminó, y el resultado fue “demoledor”, según la palabra de uno de los miembros de la corte a ADNSUR: derivó en la instrucción de un sumario que está a cargo del vicepresidente del STJ, Daniel Báez, al tiempo que se decidió una suspensión sin goce de haberes por 45 días contra Capraro, que ya venía de una “licencia obligada” de tres meses.

La estricta verdad es que Capraro ya viene siendo apartado de sus funciones a la fuerza desde el mes de junio, y que su reemplazante dejó muy satisfechos a todos los ministros: se trata del contador Mariano Pardini, un hombre de carrera dentro de la institución, que ordenó los números y puso claridad a las cuentas.

Por esa razón, se habría ganado el apoyo de la mayoría y habría amplio consenso en que -una vez redactadas algunas reformas en la acordada sobre las nuevas condiciones del cargo y resuelta la desvinculación de Capraro- asumirá como administrador general de aquí en adelante.

Más allá de quién lo reemplace, el tema de fondo es cuáles son las razones por las que Capraro y un grupo de personas de su confianza llegaron a ser auditados, en una investigación que no sólo les podría costar el cargo sino, en el peor de los casos, podría tener consecuencias penales.

El agujero negro de las tasas

De las dos auditorías, hay una que ya finalizó y la otra aún está pendiente. La más avanzada es la del área de Tasas, creada por Capraro para administrar los fondos provenientes de la recaudación de las distintas tasas de justicia que se cobran ante cada trámite judicial.  

Como es sabido, quienes quieren acceder al servicio de justicia, deben abonar una alícuota que es variable, un porcentaje sobre un monto total, en lo referente por ejemplo a trámites como juicio ejecutivos, disolución judicial de sociedades, división de condominio, separación de bienes, ejecución de sentencias, medidas cautelares, mensuras, deslinde, nulidad y resolución de contratos, demandas de inconstitucionalidad, contencioso administrativo, concurso preventivo, quiebras, por nombras sólo algunas.

Estos fondos recaudados con la tasa de justicia son destinados a gastos e infraestructura del Poder Judicial, abarcando desde insumos cotidianos del servicio (como lapiceras, tijeras, tinta de impresora, escritorios) hasta la construcción y mantenimiento de los espacios donde funcionan los distintos tribunales.

Hablamos de un monto considerable que, en el caso de Chubut, a valores actuales, está estimado en 40 millones de pesos por mes, unos 500 millones de pesos de recaudación de tasas al año.

El tema viene generando polémica hace tiempo, entre otras cuestiones, porque hay quienes aseguran que en Chubut se toma como referencia el valor real y no fiscal de los bienes, lo que aumenta considerablemente los números y lleva a la pregunta ¿quién decide el monto de cada tasa? Debería ser la Legislatura a través del Presupuesto, pero ¿es realmente así?

Una de las cuestiones que arrojó la auditoría y ahora investiga el sumario, es si el área manejada por Capraro y su mano derecha Ligia Pérez -también sumariada- disponía según su criterio arbitrario -valiéndose de un poder otorgado por acordada- qué tasa cobrar en cada caso. Habría ejemplos concretos de discrecionalidad que estarían siendo mirados con lupa y que podrían traer serias consecuencias.

El poder del administrador lo llevó a crear 20 cargos para el sector Tasas (enorme número que supera a varios juzgados), un área que nunca necesitó semejante personal que además en el STJ no saben qué funciones cumple. A juzgar por la auditoría, tampoco supo justificarse en un informe, que dejó enormes agujeros sobre rendiciones y destino de esos fondos.

Los cargos “sobregirados”

El otro tema que aún está siendo auditado, es un sector clave manejado por Capraro, como el de Recursos Humanos, donde de manera preventiva, ya fue apartada la titular, Marina Abraham, destinada a la ciudad de Trelew.

Se trata del sector que decide los nombramientos dentro de la Judicatura, nada más y nada menos: quién ingresa a la Justicia, en qué lugar, con qué funciones. ¿Cómo se hace la selección y quién determina que es importante? Aunque suene increíble, durante los últimos años, ese rol estuvo a cargo exclusivamente de Héctor Capraro y su equipo.

Lo que “salió a la luz” ahora, es que se había avanzado en designaciones durante los años 2020 y 2021, pero como los presupuestos de la justicia fueron rechazados por la Legislatura -precisamente por la desconfianza de los diputados en estos manejos- quedaron alrededor de 50 cargos “sobregirados”.

Esto significa que con la aprobación del presupuesto que hubo este año bajo la presidencia de Camila Banfi, esos cargos ya se pueden ejecutar, pero se están descubriendo nombramientos extraños en áreas que desde la cabeza del poder no se consideran indispensables, cuando en realidad hacen falta cargos más urgentes.

Por ello, el área fue dejada “stand by” mientras por acordada se le sacaron a Capraro las atribuciones de nombrar personal, y ahora se están decidiendo nombramientos por ejemplo en juzgados que estaban con muy poca gente: la prioridad pasa a ser la prestación del servicio de justicia.

Lo que ambas auditorías están arrojando como resultado es poca transparencia y absoluta discrecionalidad en el manejo de las decisiones, y eso que aún hay muchas más áreas que estaban bajo el control del administrador que aún no fueron auditadas.

Incluso, hay que recordar que hay una causa penal iniciada nada menos que por el ministro de la Sala Penal, Daniel Báez, que se está sustanciando contra otro de los directores que respondía a Capraro, como Daniel Tejero, sospechado por la organización de un concurso de un juzgado de paz en Gastre.

Poca transparencia

Lo que la nueva integración del pleno del STJ está detectando y que anticipamos hace un año, es el peligro de la enorme acumulación de poder en una sola persona, algo que no se quiere repetir y que se busca modificar de aquí en adelante. La omnipotencia deviene, por la falta de control, en decisiones arbitrarias e infundadas.

En realidad, la culpa de que se haya llegado a este punto la tiene el “sistema”. Ya explicamos en su momento que el cargo se creó en 2012 y Capraro fue elegido a dedo por su experiencia como ministro de Economía, para asistir a los ministros en el ordenamiento administrativo.

Pero la corte se fue quedando sin jueces, y de tener 6 en 2017 bajó apenas a dos miembros en 2020: durante más de un año, el STJ funcionó con un número inferior de integrantes al mínimo que establece la Constitución, por la falta de acuerdos del sector político, que no avanzaba con nombramientos en la Legislatura.

Era imposible que, en plena pandemia, apenas dos integrantes como Mario Vivas y Alejandro Panizzi pudieran afrontar la enorme cantidad de responsabilidades de sus cargos. En la práctica, sucedió que estuvieron abocados al dictado de la política judicial, y dejaron por falta de tiempo cada vez con más atribuciones a Capraro en el manejo de las decisiones del día a día.

Esto derivó en una situación imposible de sostener ante el arribo de cuatro nuevos ministros que integraron nuevamente el pleno de las dos salas desde 2022: advirtieron que el poder no lo tenían ellos, sino que estaba en manos de otra persona que movía los hilos, y que para colmo no les informaba ni les daba detalles.

Tal como anticipamos, el “doble comando” explotó y llegó a su fin de la peor manera. Nada bien le hace al Poder Judicial que haya sospechas sobre el manejo de fondos y sobre las designaciones, en el lugar que debería dar ante la sociedad la imagen del control, la seriedad y la independencia para impartir justicia.

En las últimas horas, trascendió que Capraro envió mensajes con intenciones de renunciar, y acogerse a la jubilación a la que se venía negando en estos meses. Hay quienes entienden que esto ya no es posible con un sumario en marcha, y que ahora la última palabra la tiene los ministros.

Otros opinan que se puede aceptar la renuncia mientras el sumario sigue avanzando, aunque su jubilación a futuro dependerá de esto, porque requiere de un visado sin sumarios. El cese de actividad de Capraro es un hecho, y ahora está comprometida su jubilación, a la que lo habían invitado a acogerse el año pasado, pero se negó. En las próximas semanas se verá cómo termina esta novela.