Licencias gremiales y descuentos por paros: dos puntos polémicos que van a jugar en la negociación salarial en Chubut

La reunión del último sábado en Comodoro Rivadavia entre los representantes del gobierno de Chubut  y de los gremios docentes fue muy importante, porque significó la apertura oficial de la negociación paritaria 2022, y porque marcará la cancha para lo que viene con el resto de los gremios estatales: por un lado, respecto al incremento salarial que el gobierno está dispuesto a discutir; y por el otro, con dos puntos polémicos como son las licencias gremiales pagas y el descuento de los días de paro.

La pregunta recurrente por estos días es si está asegurado el comienzo de clases, y lo cierto es que es muy pronto para responderlo. Recién la próxima semana volverán los directivos a las escuelas, y el 18 de febrero recién lo harán los docentes. Es temerario hablar a esta altura de paros y del peligro del inicio del ciclo lectivo, cuando todavía falta un mes.

Lo único concreto es que está abierta la negociación y que aún hay mucho tiempo por delante. Por ejemplo, será clave el encuentro que mantendrán este jueves en Buenos Aires el gobernador Mariano Arcioni, el ministro de Economía, Oscar Antonena y el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Percyk.

La expectativa es alta porque Nación maneja un flujo interesante de fondos que tienen que ver con distintos tipos de financiamiento para la educación que están establecidos por ley. Se espera que allí se pueda acordar la actualización de determinados valores que ayuden a redondear un salario más importante para lo que viene en el sector docente.

Hay que recordar que el año pasado, la participación de Nación a través de la gestión del entonces ministro Nicolás Trotta permitió destrabar el inicio de clases con la firma de un financiamiento especial que logró el pago de la deuda atrasada.

Por lo pronto, lo ofrecido el sábado a los docentes en materia salarial fue el punto de partida para todo el arco gremial. El gobierno propuso adelantar el tercer tramo del 10 % previsto para marzo al mes de febrero, elevando el incremento del salario básico un 20 % para la próxima liquidación, que se suma al 10 % pagado en septiembre.

A esto se agrega un ofrecimiento de 5 % de incremento a partir de abril, que fue calificado de “insuficiente”, y se espera que en realidad vuelva a haber otras reuniones en los que este porcentaje sea mejorado. Es probable que la propuesta del gobierno llegue a un 15 % en etapas para el primer semestre, algo que se verá en los próximos encuentros.

Esta oferta es analizada muy atentamente por el resto del arco gremial, ya que la educación es el sector que abre el juego cada año en materia paritaria, debido a que el inicio de clases es el primer punto a resolver. Lo que aquí se acuerde seguramente será un parámetro sobre el que van a girar el resto de las negociaciones con los otros gremios de empleados públicos.

Pero además del porcentaje de incremento salarial, hay otros dos puntos que el gobierno incluyó en la negociación, que merecen un análisis aparte: se trata de la continuidad de las licencias gremiales pagas, y la postura inflexible ante el descuento de los días de paro.

LAS LICENCIAS

Lo primero que hay que explicar en este punto es que, si bien el Estado es uno sólo y hay una continuidad, las sucesivas administraciones políticas han puesto en práctica determinadas jugadas en momentos críticos de negociación, que han generado un precedente y creado una especie de “derecho adquirido”, que ahora se pone en discusión.

Es lo que ocurre especialmente con estos dos temas: las licencias y los descuentos. Por ejemplo, y sin la necesidad de irnos muy atrás en el tiempo: en esta misma gestión, cuando era ministra de Educación Graciela Cigudosa, el gobierno incluyó en un acta paritaria con los gremios docentes el compromiso de pagar el sueldo a cada cargo directivo de un gremio.

Esto significa que un dirigente gremial tiene el derecho de no ir a trabajar, para cumplir con la función constitucional de representar a sus afiliados, pero mientras tanto el Ejecutivo le paga el sueldo que le corresponde a su cargo de revista. Esto implica un pago doble, porque el Estado debe pagar además otro sueldo al docente que está yendo a cumplir esa función en lugar del sindicalista que no lo hace.

Según una consulta de esta agencia, si se suman todas las licencias gremiales que se pagan exclusivamente en el ámbito del Ministerio de Educación, superan las 140. Los gremios mostraron luego de la reunión sorpresa en este punto, porque entienden que el Estado está incumpliendo un acta paritaria en la que había asumido este compromiso. Entienden que no es un tema de agenda y que el sector político busca “embarrar la cancha”.

Del lado del Ejecutivo, quien lleva la voz cantante es el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, un conocedor del tema porque en su carrera como abogado durante 20 años ha asesorado a más de 15 gremios. El funcionario asegura que más allá del costo económico de esta decisión, el principal argumento es que es ilegal, de acuerdo a jurisprudencia del propio Superior Tribunal de Justicia, que en fallos anteriores lo consideró “improcedente” y contrario a la ley sindical.

Según el gobierno, la licencia corresponde, pero el pago del trabajo del representante gremial debe hacerlo el mismo gremio de lo que recauda de los propios afiliados, y no salir de las arcas públicas. Al parecer este argumento -que descolocó a los docentes-, se llevará a todas las mesas de negociación a partir de este año. Es decir que, de acuerdo al planteo del Ejecutivo, a partir de 2022 se acabaron las licencias gremiales solventadas por el Estado.

LOS DÍAS DE PARO

Respecto al descuento de los días de paro, sucede algo parecido a lo anterior. Históricamente, los gobiernos han mostrado posturas ambivalentes al respecto, que hoy juegan en contra por la falta de una política clara al respecto.

El paro convocado por un gremio es legal y es una herramienta de reclamo y protesta reconocida por las leyes y la Constitución. No ir a trabajar es un derecho de un empleado si siente que su empleador ha incumplido con alguno de los puntos de las condiciones laborales.

Lo que aquí se discute es que, así como el trabajador tiene el derecho de no ir a trabajar en el marco de una protesta, su empleador –en este caso el Estado- también tiene el derecho de no pagarle por cada día no trabajado.

En el medio, un terreno nebuloso en el que entra en juego la muñeca y la negociación política. Históricamente fue una moneda de cambio que utilizaron funcionarios de distintas gestiones, quienes para destrabar una medida de fuerza incluían como uno de los puntos el no descuento de los días no trabajados, o la devolución de los días que habían sido descontados.

Ocurrió sin ir más lejos en épocas de la gestión del ex gobernador Martín Buzzi con extensos paros, en especial en la Regional Sur, que nunca tuvieron consecuencias en los bolsillos. Y viniendo más acá en el tiempo, en esta misma gestión, el descuento de los días de paro a los docentes generó una protesta que le costó la cabeza al entonces Ministro Coordinador, Federico Massoni, en noviembre de 2019.

Pero tras cartón, pasó a encabezar las negociaciones el nuevo ministro de Educación, Andrés Meiszner, quien negoció que los docentes vuelvan a las aulas a cambio de devolver los días de paro descontados. Esto ocurrió con una semana de diferencia, y muestra la postura esquizofrénica que han tenido los distintos funcionarios con el tema.

En el último año, los descuentos por paros se han venido aplicando, y han tenido un peso fuerte a la hora de disuadir las protestas. Muchos docentes disconformes con su sueldo o con el atraso en el pago, volvieron a las aulas al ver que habían sufrido descuentos que llegaban al 20, 30 o hasta 50 % de sus haberes. Por esa razón, ahora en la mesa paritaria, uno de los puntos reclamados por los gremios es que esos descuentos sean reintegrados. La postura del gobierno hasta el momento es inflexible, y afirma que no sólo no serán devueltos, sino que en caso de que decidan hacer paro de aquí en adelante, los seguirán aplicando.

El pago de las licencias es un arma para doblegar al dirigente gremial, ya que no afecta al salario docente. En cambio, el descuento por paro, pasa a ser una amenaza del gobierno, que negocia aumento salarial, pero a la vez envía el mensaje de que las clases deben comenzar, y quien no lo crea así, lo verá reflejado a fin de mes en su caja de ahorro.

Afirman en el Ejecutivo que la misma postura se seguirá con el resto de los gremios. Habrá que ver cómo avanza la negociación general, y cómo termina esta relación de fuerzas, este juego de pesos y contrapesos que puede marcar el humor social en el inicio del año.