Martini: “Nunca beneficié a acusados de incendios y sufrí un ataque como mujer por el poder político”

La jueza María Laura Martini -quien quedó en el centro del escándalo por ser protagonista de un traslado de Comodoro a Rawson cuestionado por la Legislatura- respondió a las críticas por la difusión de una resolución que autorizó la suspensión de juicio a prueba a cinco imputados por los ataques a edificios públicos en diciembre de 2021.

En declaraciones a ADNSUR, sostuvo que los imputados nunca estuvieron acusados de ser autores de incendios, sino de hechos menores, y que la fiscalía no fundamentó debidamente la oposición a la probation. Además, dijo que Fiscalía de Estado nunca se constituyó como querellante y que la dirigencia política salió a atacarla sin conocer los detalles, por lo que se sintió víctima de una ofensa en su condición de mujer por calificativos vertidos por el gobernador Ignacio Torres.  

Martini sostuvo que todo surgió como producto de “una mala información” ya que “se tomó como una sentencia, en realidad es una suspensión de juicio a prueba, que es otro instituto, y lo que trascendió fue que lo concedí en relación a las personas que habían incendiado los organismos públicos”.

“Lo primero que tengo que aclarar -indicó- es que ninguno de ellos, las cinco personas por las que se pidió la suspensión de juicio a prueba, que yo entendí procedente, ninguno de ellos fue imputado en el delito de incendio” sino que “la pena que se pretendía en la acusación era una apenas de un año y ocho meses y la máxima de cuatro años, lo que permitía entonces también el análisis de la suspensión de juicio a prueba”.

Concretamente, dijo la jueza que “los delitos en concreto que se imputaron fueron los de daño y hurto, agravados porque eran en un organismo público” y en el caso de “las tres personas eran por daños a un vidrio, a una persiana, a una ventanilla de un móvil policial, y los hurtos eran de un bidón de agua y de un matafuego”.

Por ello, sostuvo que “lejos de imputarse el delito de incendio, y de destrucción y de todo lo que conllevó toda esa situación de muchísima cantidad de gente haciendo desmanes que no lo desconozco y coincido totalmente con que es gravísimo. Pero una vez que la causa a mí me queda es en relación a personas determinadas y a lo que se le atribuye a cada persona en concreto lo que yo tengo que analizar”.

SIN ANTECEDENTES Y SIN ARGUMENTO

Remarcó además que en estos cinco casos “eran personas jóvenes y ninguna con un antecedente penal, que también es otro requisito. Luego de ello, lo que yo tengo que analizar en este tipo de casos como requisito fundamental y que también fue lo que ha manifestado la Fiscalía y lo que ha trascendido es que se necesita sí o sí la conformidad del Ministerio Público Fiscal para la concesión”.

Respecto al requisito del consentimiento del Ministerio Público Fiscal, dijo que “como todo consentimiento, como toda manifestación debe ser fundado, y a mí no se me dignó ningún tipo de fundamentación en concreto, porque aparte tiene que ser particularizado en el hecho y en la persona”.

“Acá estábamos hablando de cinco personas. El fundamento de la Fiscalía fue en general y en abstracto que primaba el interés público prevalente y la gravedad de los hechos. Básicamente fue eso. Frente a una defensa que me expuso caso por caso, situación de cada una de las personas, la pena en expectativa, el delito en sí, lo que se había dañado, lo que se había hurtado. Entonces, no le encontré el fundamento a esa oposición. Y eso me habilita a considerar la posibilidad de otorgar este instituto, y fue lo que realicé”, explicó.

Aclaró además que “había un imputado que a él sí se le atribuía el delito de incendio. Y ese no se solicitó ni yo se lo hubiera concedido tampoco, porque es un delito mucho más grave, con una pena de hasta seis años. Es otro el caso. Así que esa persona sigue en camino para que la causa se dé a juicio”.

Mientras que “otra persona, otro de los ocho, el defensor, en su buena fe, dijo que no lo solicitaba para él porque él sabía que tenía una condena anterior. Entonces, tampoco procede la sugerencia de juicio a otorgar esos casos. Y el tercero, había uno que no vino directamente” mientras que “la Fiscalía hizo un juicio abreviado por una pena en suspenso y por un delito de incendio”.

Luego señaló en resumen que “hay que analizar cada conducta en su contexto y en concreto. Y fue lo que hizo la Defensa. La Fiscalía no me dio una respuesta, no particularizó nada. Fue todo en general y recurriendo a la gravedad del hecho y al interés público prevalente. Entonces, no fue una oposición fundada”.

Remarcó que en el caso de “otros dos imputados también en esta misma causa se había terminado, se los había sobreseído porque la Fiscalía aceptó un pedido de disculpas. Entonces, ¿por qué aceptó un pedido de disculpas por dos imputados y el sobreseimiento? Y por estos delitos de daño y hurto había que llevar a un debate oral y público”.

Sostuvo que se aceptaron disculpas por un atentado a la autoridad, algo “que también me parece que, si vamos a la fundamentación en abstracto y en general también fue dentro de un contexto de la gravedad, el ataque a personal policial”.

CRÍTICAS DE LA POLÍTICA

La jueza remarcó que su decisión fue comparada con el fallo “ejemplar” de las condenas ´pr la emergencia climática en Comodoro, cuando ella fue quien lo elevó a juicio y se opuso precisamente a la suspensión de juicio a prueba,

Y respecto al vandalismo en 2021, aclaró que “en este caso tampoco se constituyó Fiscalía de Estado como querellante en todo el trámite de esta causa. No se constituyó nunca y no se presentó tampoco ningún representante a las audiencias pese a estar debidamente notificados. Y para oponerse a la suspensión de juicio de la prueba, la Fiscalía lo que dijo fue que se había comunicado telefónicamente con los representantes de la Fiscalía de Estado y que se oponían a todo”.

Cuestionó que “se oponen a algo que ni siquiera escucharon y no vinieron y una oposición telefónica frente a un hecho de extrema gravedad como estaba manifestando la Fiscalía”.

Respecto a los dichos del gobernador Torres, dijo que “fue muy fuerte porque, ya le digo, yo entiendo que están los carriles legales correspondientes para impugnar las resoluciones judiciales. En eso consiste el sistema y el debido proceso. Y desde la política que hacen, por eso también acepté dar ciertas explicaciones”.

“Yo soy de la antigua camada, entiendo que los jueces deben hablar por sus sentencias, pero bueno, parece que ahora la situación ya no es tan así. Antes cuando los jueces hablaban por sus sentencias no tenían a los operadores políticos, a los funcionarios políticos y de los otros poderes atacándolos tampoco”, expresó Martini.

Aseguró luego que “lo sentí así, como ataque, me sentí atacada, me sentí agraviada. Y me sentí también en un contexto de, como del hecho de ser mujer. Yo no sé si a un hombre también le hubieran dicho que se dedique a otra cosa si tiene miedo”.

“El gobernador de la provincia me dijo que si tenía miedo, que me compre un perro. No tengo miedo, o sea, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué llegar a esta conclusión? ¿O por qué atacar así, agraviar así a alguien y sin siquiera haber tenido en sus manos la resolución con los fundamentos?”, preguntó Martini.

Y explicó que se sintió agraviada como mujer “por las frases que utilizaron, que se dedique a otra cosa, que se compre un perro si tiene miedo, no sé si serían para un hombre. Y también, tal vez en el entendimiento de que los jueces no solemos tampoco responder o dar demasiadas explicaciones. Pero bueno, me parece que se llevó a un punto, a mí me pareció grave la situación, me sentí atacada”, concluyó.