En una sesión con gran participación y debate, la Legislatura de Río Negro aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ahora incluye la competencia de los Juzgados de Paz para permitir litigios sin gastos. La reforma, aprobada con 32 votos a favor y 13 en contra, modifica el artículo 79 de la ley vigente.
La principal novedad de esta reforma es la incorporación de la facultad para litigar sin gastos en los Juzgados de Paz, una medida que busca facilitar el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta modificación fue bien recibida por diversos sectores que ven en ella un paso hacia una justicia más accesible y equitativa.
Durante la sesión, también se discutió la propuesta de la CC-ARI Cambiemos para modificar el aporte del dos por mil destinado a los Colegios de Abogados y al gremio Sitrajur en los procesos judiciales. Sin embargo, esta propuesta no fue acompañada por todos los legisladores. Lucas Pica, uno de los opositores a esta propuesta, argumentó que debería presentarse como un proyecto de ley autónomo. En respuesta, Javier Acevedo se comprometió a trabajar en un proyecto separado para abordar esta cuestión.
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La discusión fue intensa, con posturas encontradas entre los legisladores. Magdalena Odarda expresó su preocupación por el impacto de la reforma en los derechos de los trabajadores judiciales, advirtiendo sobre el peligro de dejar sin representación sindical a un 30% de los trabajadores del sector. Por otro lado, Facundo López defendió la reforma, afirmando que no hubo ninguna irregularidad y que las opiniones contrarias no lograron cambiar la opinión de la mayoría.
En otro tema importante, la Legislatura aprobó en primera vuelta la iniciativa del Ejecutivo para nombrar "Ceferino Namuncurá" al gasoducto de la región Sur, que se extiende por 365 kilómetros. Este proyecto, que honra al beato mapuche, recibió un amplio apoyo.
Además, se aprobaron por unanimidad la creación de la Comisión de Conmemoración del Bicentenario del Combate del 7 de Marzo de 1827 y un plazo de 90 días para que la Agencia de Seguridad Vial regularice el funcionamiento de los cinemómetros. En este último proyecto, se declaró la nulidad de todas las actas de infracción labradas, excepto aquellas relacionadas con camiones que transportan arena para la producción petrolera.