Se aprobó una ley que impedirá a parientes ocupar cargos públicos
Fue en la Legislatura y con el aval de diputados del FPV y Cambiemos.
RAWSON (ADNSUR) - Una sesión muy caliente, cargada de cruces verbales, chicanas y hasta amenazas de irse a las manos, protagonizaron este jueves por la tarde los diputados provinciales, en un capítulo más del áspero enfrentamiento legislativo entre el bloque oficialista del ChuSoTo y la oposición representada por la mayoría del FPV sumada a Cambiemos. A lo largo de más de cinco horas, se aprobaron tres leyes muy cuestionadas por el gobierno, como la prohibición de la designación de familiares directos en el Estado, mayores potestades a los intendentes en la ley de endeudamiento, y la sanción de un presupuesto para el Poder Legislativo con un incremento del 65 %, que llega a los 448 millones de pesos.
El proyecto de modificaciones a la Ley de Ética Pública fue el que generó el momento más caliente, cuando el FPV y Cambiemos decidieron votar un artículo que prohíbe expresamente la designación o nominación de familiares directos en cualquiera de las áreas funcionales, administrativas, técnicas, de maestranza, operativa y/o política, de planta permanente o transitoria de cualquiera de los organismos de los tres poderes del estado. La parte más polémica de la norma es que alcanza también a los nombramientos que se hayan efectuado dentro de los últimos dos años.
Según se aclaró, se entiende como familiares directos a los padres, hijos, hermanos, al cónyuge y/o convivientes. De acuerdo a lo expresado por los diputados del FPV a ADN Sur, esto implica que una vez publicada, la ley dejaría sin efecto los nombramientos de Pablo y María Victoria Das Neves, los hijos del gobernador Mario das Neves, quienes cumplen funciones en el gobierno.
De hecho María Victoria siguió atentamente el debate y tuvo durísimas críticas hacia el bloque kirchnerista, especialmente a las figuras de Dufour, Di Filippo y Meza Evans, y hubo fuertes discusiones en el tratamiento del dictamen, con advertencias desde el Chusoto de que la ley es inconstitucional y corre el riesgo de generar graves injusticias. Los cruces llegaron a tal punto, que el legislador dasnevista Roddy Ingram se levantó muy enojado, y llegó a invitar a su par Di Filippo a arreglar las cosas fuera del recinto.
La diputada más cuestionada en el debate fue sin dudas Gabriela Dufour, de quien tanto García como Albaini dijeron “cómo pueden venir a hablar de ética con una compañera de bancada que acaba de ser condenada por la justicia por defraudación al estado”.
Pero no fue el único asunto álgido, ya que la sesión comenzó con un duro cruce por la sanción del presupuesto legislativo de 448 millones, impulsado por el FPV y votado por Cambiemos. La encargada de fundamentarlo fue la titular de la comisión de Hacienda, Gabriela Dufour, quien señaló que el incremento del 65 % parte de previsiones realizadas por Pablo Oca cuando era director de Rentas, sumado a la devaluación impulsada por el gobierno nacional, agregando la suba de tarifas de servicios.
Respecto a la necesidad de incorporar asesores políticos cuestionada por el gobierno, dijo Dufour que se trata de especialistas para poder realizar la tarea legislativa, y que el Ejecutivo también designó una gran cantidad de asesores como Pérez Catán, Pablo Korn y Mario Vargas. Además, explicó que se incluyó un artículo que obliga el depósito periódico de un porcentaje de los ingresos del estado, basado en una ordenanza elaborada por Victor Cisterna cuando era concejal en 1994.
La respuesta de Jerónimo García fue que esto tiene “ribetes de desestabilización”, teniendo en cuenta el crítico estado de las finanzas provinciales, y agregó que altera los usos y costumbres, ya que es el Ejecutivo el encargado de administrar los fondos públicos. Esto lo obligará, según García, al gobierno a desviar fondos destinados a salud, educación y subsidios a petroleros, para crear 42 cargos políticos nuevos.
El restante tema polémico aprobado por el FPV con la abstención de Cambiemos, fue la nueva redacción del artículo 10 de la Ley de Emergencia Económica, que ahora otorga a los intendentes y jefes comunales la posibilidad de destinar la mitad de estos ingresos extraordinarios a saldar deudas, y además les evita tener que contar con la aprobación de los proyectos por parte del gobierno provincial.
Para García, se trata de una “bastardeo” que afecta las funciones del Ejecutivo, que tiene como responsabilidad consensuar y coordinar con los intendentes las obras con fondos provinciales. Alfredo Di Filippo, miembro informante por el oficialismo, dijo que la historia de la provincia siempre respetó las autonomías municipales, y la postura del Chusoto subestima la capacidad de los jefes comunales.
