Un corte de ruta que duró 3 días y que puede terminar con 5 manifestantes en un juicio: uno de ellos asumirá como diputado de Chubut

La justicia federal de Chubut debe definir en los próximos días si avanza a juicio en el ámbito correccional la causa que involucra a cinco manifestantes que protagonizaron hace dos años y medio un corte de la ruta 3 en el acceso norte a Trelew, que se prolongó durante 3 días, y como rechazo a una decisión tomada por la Legislatura sobre el tema minero.

Los hechos datan de los días 6, 7 y 8 de mayo de 2021, y están vinculados con una reacción de manifestantes del No a la Mina por una decisión tomada el 6 de mayo por la Legislatura chubutense, que en una sesión virtual, y en una votación muy ajustada, rechazó el proyecto de Iniciativa Popular contra la Mega Minería que había reunido miles de firmas.

Una vez terminada la sesión, manifestantes ambientalista cortaron el ingreso a Trelew por la ruta nacional e impidieron el paso de todo tipo de vehículos. El hecho no es inusual, pero aquella vez, la duración fue más extensa de lo habitual, y se prolongó durante tres jornadas.

Dos años después, la novedad es que cinco de los protagonistas de aquel corte -Noelia Silva, Andrea Leonett, Diego Oria, Matías Crespo y Santiago Vasconcelos- pueden ser llevados a juicio de acuerdo a una investigación del juez Gustavo Lleral, y por el pedido del fiscal federal, Fernando Gélvez, ante el rechazo que los abogados defensores han realizado de los ofrecimientos de la suspensión de juicio a prueba para los acusados.

El dato llamativo desde lo político, es que uno de los cinco acusados es Santiago Vasconcelos, quien el 10 de diciembre asumirá como diputado provincial en la Legislatura, como representante del Frente de Izquierda. Fue el primer candidato de la lista el último 30 de julio, y será la primera vez que este espacio político tendrá un legislador en la Cámara.

Precisamente, uno de los primeros temas a tratar por el nuevo gobierno, sería una reforma constitucional que eliminaría el capítulo de los fueros que protegen a los funcionarios, un tema que se instalará en la agenda probablemente este verano.

Por otro lado, vuelve a instalarse el debate sobre la “criminalización de la protesta social” que ya fue tema nacional en el juicio en el que fue condenado el ex titular de Atech, Santiago Goodman, por el incendio de la Legislatura en 2019.

La causa

En diálogo con ADNSUR, el fiscal Gélvez confirmó la "elevación a juicio de una causa de un corte de ruta durante el 2021 en la ruta 3, a la altura de la estación de servicio YPF 'Mika' que duró 3 días cuando había 50 a 70 personas en forma permanente y que investigó el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral".

Sobre los acusados, dijo que "en aquel momento, la Gendarmería y la Policía del Chubut identificaron a los representantes o los ‘cabecillas’ que cortaban la ruta. El motivo era porque se estaba por votar la ley de la Megaminería y estas personas protestaban acerca de ello”, recordó.

En un primer momento “el juez federal procesó a 16 personas y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de 5 personas y al resto de los imputados se les dictó la falta de méritos y quedaron sobreseídos”, precisó Gélvez.

Respecto a su intervención, sostuvo que “me corrieron la vista para que yo opine si había un hecho –presuntamente- delictual y si esas 5 personas habían sido autores. Yo entendí que sí con la valoración de los elementos del juicio y la evidencia”, aseguró.

“Pedí la elevación a juicio de esa causa porque es un juicio correccional y no criminal. No va a ir al Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia porque el tipo penal tiene una sanción de una pena privativa de la libertad que no supera los 2 años. Va a quedar en el mismo Juzgado Federal N° 2 de Rawson pero no los puede juzgar el juez Lleral que los procesó y estaría prejuzgando”, detalló.

Probation

Luego explicó Gélvez que “en caso que haya juicio, tendría que ser el juez a cargo del Juzgado N° 1 que los juzgue. De todas maneras, se mantuvo una reunión y el juez Lleral les hizo saber que les propuse –en caso que lo planteen los defensores- una suspensión del juicio a prueba que se hace en estos casos debido a la pena y si los imputados no tienen una condena que pueda considerarse un antecedente penal”, reveló.

“Para ser consecuente, planteé en forma subsidiaria la suspensión del juicio a prueba. Hay cláusulas que establecen que los fiscales y jueces tenemos que ser proclives a resolver los conflictos con métodos alternativos con conciliación, reparación integral entre otros”, repasó.

“No podemos cometer delitos porque no nos gusta que se tome determinado tipo de resolución o presionar para que tal acto no se cumpla por parte de las autoridades públicas provinciales. También, hubo afectación en la libertad de circular en los camiones que tenían mercadería perecedera, trabajar o poder cumplir con el comercio. Hubo situaciones que afectaron los derechos de terceras personas”, añadió.

“Ahora –seguramente- vendrán las oposiciones de los abogados defensores de los imputados y el juez evaluará si corresponde o no elevar a juicio. Luego pasará al Juzgado Correccional en el que tiene que intervenir otro juez”, adelantó.

“No criminalizo la protesta sino que cumplí con mi función analizando el derecho vigente. Hay que tener en cuenta que hay un tipo penal, pruebas y se plasmó todo en la acusación. Hay que ser respetuoso del Estado constitucional del Derecho”, concluyó Gélvez.

Acusado

Uno de los cinco acusados es el diputado provincial electo por el Frente Izquierda Unidad, Santiago Vasconcelos, quien señaló sobre el tema que “ya está el proceso de elevación a juicio. Además, esta semana se conoce la absolución de los policías acusados de torturas y vejaciones por las luchas en defensa del agua”.

“Queda clarísimo cómo la Justicia actúa en poder criminalizar la protesta. Es decir, intentan hacer pasar a las luchas (en las diversas formas que se expresan) como un delito”, reprochó.

“Dentro de los que votaron el rechazo a la Iniciativa Popular (porque ni siquiera la trataron) está Sebastián López que fue filmado mientras pedía coimas a las Mineras. A él, la Justicia jamás lo investigó. Se revela cada vez más la parcialidad y la ligazón entre la Justicia y los Gobiernos”, denunció.

“Si un legislador es filmado pidiendo coimas, la Justicia no tendría más alternativa que avanzar sobre eso y –sin embargo- no lo hizo. Los argumentos de la Justicia Federal son una forma de escudarse a sí mismos y no admitir que forma parte de un proceso de ‘criminalización de la protesta’. El corte fue intermitente y no hay pruebas suficientes que demuestren quienes estuvieron y quienes no”, consideró.

Movilización

Agregó Vasconcelos que “la otra forma de interpretar la Constitución es que el primer derecho es la protesta. Incluso nos aplican el artículo 194 que forma parte del Código Penal desde la dictadura de Onganía. Los gobiernos democráticos lo utilizan contra las protestas”.

“A nosotros no nos quedó otra que salir a luchas porque la Legislatura rechazó un proyecto que tenía 30.000 firmas y que iba a defender el agua y que hubiera evitado el proyecto de ‘zonificación minera’ que llevó una semana entera de represión y persecución por parte del Gobierno”, justificó.

“El próximo jueves 9 de noviembre, se va a hacer una movilización a nivel nacional en contra de la represión y la criminalización de la protesta para unificar las luchas en todo el país”, anticipó el diputado electo Santiago Vasconcelos.

Más allá del reclamo popular, en los próximos días se sabrá si esta causa avanza a juicio, o si los acusados acceden a algún tipo de probation, una opción que no fue posible en el caso de la justicia provincial con los incendios en la Legislatura por los que fueron condenados Santiago Goodman y Matías Schierloh.