Una fiscal está a un paso del jury por su mal trabajo en un caso de trata

RAWSON - Se trata de Graciela Suárez García. En 2010 se ocupó de la denuncia de una mujer que había escapado de un prostíbulo de Puerto Rawson. Según la denuncia en su contra, la investigadora archivó el expediente sin ordenar medidas básicas de investigación. Retos muy duros de la Justicia Federal.

La fiscal de Rawson, Graciela Suárez García, quedó a un paso de un jury de enjuiciamiento por mal desempeño debido a su trabajo en un caso de trata de personas en la capital. La acusan de no haber investigado como debía la denuncia de una mujer que en febrero de 2010 escapó del prostíbulo “La Sirenita” en Puerto Rawson, al que había llegado engañada y de donde logró escaparse.

Pese a la gravedad de los maltratos y abusos sexuales que relató la chica una vez rescatada en la Comisaría de la Mujer, ante su presentación Suárez García no ordenó medidas elementales como pericias psicofísicas a la víctima y al acusado, secuestros de historias clínicas o allanamientos en los lugares sospechados.

La fiscal prefirió el archivo de la denuncia con el argumento de que no se había podido identificar a los presuntos autores y era manifiesta la imposibilidad de reunir evidencias. Luego se supo que no era así y que esa conducta casi deja impune el caso.

Todo terminó con la condena de Cristóbal Barboza, el conocido empresario de la noche de Trelew, a tres años de prisión. El tema lo terminó resolviendo la justicia federal. Y ya en su momento, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia incluyó en la condena a Barboza un reto para la fiscal: “Estas omisiones no sólo perjudicaron la pesquisa sino al sentenciable”, dice.

Según escribieron los jueces Pedro de Diego, Enrique Guanziroli y Nora Cabrera de Monella, “otro final hubiera tenido este proceso sino hubiera sido por la oportuna y leal presentación del secretario del Consejo Provincial de la Niñez, Daniel Rodríguez”.

Si no fuese por la advertencia de Rodríguez, el delito hubiese quedado impune. Este funcionario, enterado de madrugada del rescate de la mujer, coordinó la primera atención para la joven de parte del Servicio de Asistencia a la Víctima. También su custodia. Se hizo cargo de su traslado y de los estudios clínicos y de laboratorio.

La mujer regresó a su Corrientes natal pero Rodríguez dudó de los procedimientos por tres datos: había actuado la justicia provincial y no la federal; nadie había ni siquiera preguntado quién le había dado pasajes a la mujer para venir a Rawson desde el norte y tercero, se había enterado de que Suárez García había archivado el expediente.

Rodríguez se entrevistó con el procurador general Jorge Miquelarena, y le advirtió lo que podía suceder. Así, el caso pasó al fiscal federal Fernando Gélvez, que sí impulsó la pesquisa que terminó en condena.

“Las actuaciones policiales iniciales, dirigidas por la autoridad local superior (por Suárez García), efectivamente no hicieron operativos contemporáneos sobre el lugar, como vigilancias, seguimientos, allanamientos de domicilios o interceptaciones telefónicas al denunciado”, dijo el TOF. Tampoco hubo secuestro de elementos de la víctima ni se corrigió a tiempo la falta de oportuna y adecuada revisación médica “y su triste desprotección, asegurando rápidamente la prueba aún sumaria de la existencia de sucesos tan graves”.

Por si fuese poco, “tampoco se solicitó la actuación de la autoridad policial y judicial competente para individualizar urgente al involucrado, que se hospedaba temporánea y recientemente en el hotel de la ciudad originaria de la víctima”.

“No se produjeron acciones estatales de inspección y detección de inmediato de las actividades delictuales o su encubrimiento denunciadas, incluso mediando la posibilidad de que ocurriese con algún funcionario”, agregó el Tribuanal Oral Federal.

La fiscal tampoco inspeccionó el local denunciado como escenario del secuestro de la mujer. “Surgen elementos suficientes que demostraron una situación que reclamó cumplir por la autoridad pertinente ciertas conductas administrativas o judiciales que evitando comprometer la responsabilidad del Estado involucrado aseguren la observancia de los compromisos internacionales suscritos por la República”.

En la última sesión del Consejo de la Magistratura en Trelew, la denuncia contra Suárez García fue declarada admisible. Ahora el sumario lo realizará Martín Montenovo, representante de los magistrados por la circunscripción judicial de Comodoro.

Este juez revisará el caso y luego aconsejará si la fiscal merece un jury. El propio Miquelarena admitió que Suárez García no obedeció los protocolos para los casos de trata que la Procuración instruyó a sus fiscales hace años.

Fuente: Jornada