COMODORO RIVADAVIA (Especial para ADNSUR / Por Raúl Figueroa) -  El aumento de los combustibles en el país, que acumulan un 31% en lo que va del año, lleva los valores hasta un nivel cercano al que regía antes de la devaluación de diciembre del año pasado, cuando un litro de nafta valía a nivel nacional un promedio de 1,40 dólar.

Si el gobierno apunta a llegar a ese mismo nivel, el combustible superaría los 20 pesos (dependiendo del tipo de cambio que se considere), según lo había advertido en diciembre último el presidente de la Cámara de Combustibles, Manuel García.

El ministro Aranguren justificó los aumentos en base a la necesidad de sostener el precio del petróleo en el mercado interno. El sistema no es nuevo, ya que había sido creado por el gobierno kirchnerista, siendo éste el apalancamiento que posibilita que el barril de crudo que produce Neuquén se liquide a 67 dólares y el que se extrae en la cuenca San Jorge, a 54,90, mientras la cotización internacional lo ubica muy por debajo de esos valores.
Tal como se informó desde ADNSUR, en ese sistema de precios no hay un aporte directo del Estado en carácter de subsidio, como sí lo hay para cada barril exportable (10 dólares por cada unidad), sino que se sostiene por el aporte de los consumidores de naftas y gasoil.
Así, los medios capitalinos han comenzado a cuestionar que el combustible en Argentina se ubica entre los más caros del mundo, mientras que en el continente se encontraría sólo por detrás de Uruguay, según publicó Ámbito Financiero.
Por su parte, El Inversor Online planta que las refinerías argentinas tienen mayor margen de ganancia que las de Estados Unidos, donde los precios de los combustibles siguieron la evolución negativa del precio del petróleo y se ubican hoy en menos de 1 dólar por litro (en realidad, en el país del norte se utiliza el galón como unidad de medida, que equivale a algo menos de 4 litros, siendo su precio del orden de los 2,30 dólares).
RECLAMO DE CONSUMIDORES
Ante el creciente reclamo de los consumidores del resto del país (el campo, en la pampa húmeda, alega que el aumento del gasoil le quita la utilidad generada por la baja de retenciones al agro), el gobierno se encontrará en la disyuntiva de sostener los acuerdos de precios del petróleo (que no buscaría impulsar más allá del final de este año) o posibilitar un alivio en los precios de los combustibles.
Vale recordar dos cosas: cuando los precios del petróleo superaban los 100 dólares por barril, Argentina se mantuvo entre los precios de combustibles más bajos de Latinoamérica, a raíz de que las provincias petroleras cedieron ingresos para evitar, precisamente, aquel traslado directo de precios altos del petróleo a los combustibles.
En base a eso, Chubut cedió más de 2.000 millones de dólares y la provincia de Santa Cruz, otros 2.500, totalizando casi 5.000 millones de dólares no ingresados a las arcas de ambas provincias de la cuenca San Jorge. De paso, se sostenía así el precio del gas y, por consiguiente, de la electricidad, cuyo beneficio siempre fue mayor en los grandes centros urbanos –como la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires-.
En ese aspecto, no le falta razón al gobernador Das Neves cuando recuerda que las provincias petroleras solventaron aquellos subsidios a favor del resto del país. Visto desde un punto estrictamente político, el resto del país le estaría devolviendo “algo” al aporte de la Patagonia, aunque en la devolución participen los mismos habitantes de esta región.
Lo segundo que habría que recordar es que cuando el precio del petróleo cayó a 11 dólares, en 1998 y 1999, los precios de los combustibles no bajaron en la Argentina, aun cuando no existía un esquema de precios sostén para el petróleo y esta región sufrió de forma directa la parálisis y la pérdida de varios miles de puestos de trabajo.
Fue por eso que el entonces Defensor del Pueblo de la Nación planteó una demanda por la cual sostenía que las petroleras se apropiaron de una renta indebida del orden de los 1.000 millones de dólares en aquel período.
SURTIDOR
El argumento de entonces puede traerse al presente: las petroleras sostenían que el petróleo incide menos del 10% en la composición total de la tarifa que se paga en surtidor, mientras que más del 50% se compone por impuestos nacionales.
Esa composición de tarifa no ha cambiado y esto puede explicar otro motivo del gobierno nacional para seguir habilitando la suba de precios de naftas: la posibilidad de seguir recaudando impuestos, compensando en parte lo que perdió por algunas de las medidas que tomó, fundamentalmente la quita de retenciones al campo. En términos económicos, se diría que es una transferencia de recursos desde un sector a otro.
El límite es la capacidad de tolerancia (no sólo en paciencia, sino fundamentalmente en bolsillo) de quienes hoy deben desemboslar casi mil pesos para llenar un tanque (sin contar el próximo impacto en el transporte público), con el agravante aquí en el sur de que además esto no parece ser suficiente para que la actividad petrolera frene su caída y con ello, detenga el resquebrajamiento de la economía de toda la región.
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