Aseguran que el Gobierno prepara "el fin de Vialidad Nacional" y tendría un plan para poder fusionarla
Actualmente, el organismo cuenta con poco más de 5.000 empleados en todo el país, quienes temen por sus fuentes de trabajo. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, forma parte de un plan de reestructuración.
En un movimiento significativo, el gobierno de Javier Milei está preparando un decreto que modificará profundamente la estructura de la obra pública en Argentina.
Este cambio incluye la fusión de Vialidad Nacional con Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que dará lugar a una nueva agencia encargada de supervisar todas las rutas nacionales. Este movimiento no solo afectará a miles de empleados públicos, sino que también redefine el futuro de la infraestructura vial en el país.
EL FIN DE VIALIDAD NACIONAL
Según detalló La Nación, el gobierno argumenta que la fusión es necesaria debido a la duplicidad de tareas entre los tres organismos involucrados. Esta iniciativa es parte de las reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger.
La nueva agencia tendrá una estructura mucho más pequeña, lo que implica una reducción drástica en el número de empleados jerárquicos, pasando de más de mil a solo 170. Además, el gobierno avanzó en la privatización del mantenimiento y la operación de rutas nacionales, lo que incluye la extinción de contratos vigentes y el cierre de Corredores Viales S.A.
La privatización de la única ruta por peaje bajo la jurisdicción de Vialidad, el corredor mesopotámico, es un ejemplo claro de esta política. La concesión de esta ruta se termina el 9 de abril, y aunque el Estado asumirá temporalmente su operación, se espera que pronto pase a manos privadas. Esto desató preocupación entre los trabajadores, ya que se prevé el despido de 500 empleados de Caminos del Río Uruguay (Crusa), la empresa actualmente a cargo del mantenimiento y los peajes.
La reestructuración pone en riesgo a alrededor de 10.000 empleos públicos. Además, la decisión sobre quién dirigirá la nueva agencia es un tema candente, con figuras influyentes como Marcelo Jorge Campoy y Eduardo "Lule" Menem en el radar.
La paralización de obras viales generó críticas de gobernadores provinciales, quienes alertan sobre el estado calamitoso de las rutas y la necesidad de reparaciones urgentes. La privatización también ha sido cuestionada por su posible impacto en la movilidad y la seguridad vial.
El fin de Vialidad Nacional como la conocemos marcaría un punto de inflexión en la política de obra pública argentina, con cambios estructurales que buscan eficiencia pero también enfrentan desafíos significativos en términos laborales y de infraestructura.
