Para el sindicato de Inquilinos, el 2024 fue un año de inaccesibilidad e insostenibilidad de los alquileres

Para el Sindicato de Inquilinos de Chubut, tanto en esta provincia como en la Patagonia en general, hay imposibilidad de acceder y de sostener el alquiler de una vivienda familiar. Así lo expresó en un documento recientemente presentado, en el que asegura que el problema se acentuó en los últimos meses, con “situaciones de violencia habitacional y desalojos”.

Tras recordar los datos de pobreza e indigencia que afectaron a más de la mitad de la población en el primer semestre de este año, el documento destaca que el Censo 2022 detectó que en Chubut el 25% de la población debe alquilar su vivienda, por encima de la media del país, que se ubica en el 21%.

“Estos datos establecen una línea de base de mucha vulnerabilidad para las familias inquilinas -afirma el sindicato-, que llegan al punto de elegir entre alquilar una vivienda o comer. En este contexto el Poder Ejecutivo muestra su desconexión con la realidad con su inacción y negación ante la resolución de no invertir en infraestructura y vivienda, lo cual se traduce en abandono total de la problemática en los territorios por parte de los ejecutivos locales”.

La entidad que representa a los inquilinos de la provincia criticó con fuerza las decisiones del gobierno nacional, dificultando el acceso a la vivienda, al desregular el mercado inmobiliario, “dejando exclusivamente en manos del mercado inmobiliario y propietarios particulares las condiciones de ingreso y permanencia de las familias inquilinas en las viviendas. Condiciones éstas que contemplan sólo la rentabilidad propietaria y acentúan la violencia habitacional ejercida hacia las familias inquilinas”.

En ese plano, denunció que las familias, sobre todo las encabezadas por madres, son objeto de discriminación (al no aceptar hijos o hijas en las viviendas); exigencia de requisitos inalcanzables  y “descabellados sobre todo para jubiladas, jubilados y monotributistas”; altos valores de inicio de alquiler; cláusulas abusivas que deslinda a propietarios de obligaciones, incluso establecidas en el CCyCN; hacinamiento, etc.

ALQUILERES INSOSTENIBLES Y MUDANZAS MÁS FRECUENTES

Además de la inaccesibilidad, el sindicato suma la insostenibilidad, debido a la combinación entre salarios bajos y alquileres altos, lo que “arroja a la familias inquilinas a situaciones de mucha precariedad en sus calidad de vida y a diferentes violencias habitacionales, en esta reacción desigual de poder”.

Dicha relación de poder, añaden, ha sido “mediada por el Estado en favor del mercado inmobiliario, reduciendo impuestos y blanqueo de capitales, y deshumanizando las necesidades de vivienda diga de la población desarticulando cualquier forma de resguardo dentro de las relaciones que cada vez son más informales, incluso dentro de contratos con inmobiliarias”.

Sobre la base del servicio de asesoramiento gratuito que brindan para inquilinos, el sindicato enumera situaciones sufridas por familias que alquilan, sin que el Estado interceda para contener tales problemas: erogación de más del 60% del sueldo en el valor del alquiler; pago de aumentos no pactados previamente; pago de impuestos de las viviendas que le corresponden a los propietarios; mudarse con mayor frecuencia por no poder pagar los valores de las actualizaciones, “lo cual encubre desalojos forzados que además imponen punitorios a las familias inquilinas, del 10% del valor del contrato total”; el retorno a la vivienda de familiares; dejar de acceder a alimentos para poder pagar el alquiler mes a mes.

“En resumen, lo que está sucediendo hoy en Chubut y en todo el territorio argentino, es la exclusión de las familias inquilinas al acceso y permanencia en las viviendas -concluye el sindicato-. La exclusión de las personas mayores y de las madres con hijos (y por ende de las infancias) al acceso y permanencia en viviendas de alquiler y a una vida económica, social y psicológicamente inestable, inasequible e insostenible con la legitimación expresa del Estado”.