La Municipalidad de Senillosa enfrenta una orden judicial para reincorporar a 25 empleados despedidos por el intendente Lucas Páez, quienes presentaron medidas cautelares ante la decisión del jefe comunal de desvincular a 54 trabajadores de planta permanente apenas dos meses después de asumir su gestión.

El decreto municipal 086/24 que dispuso los despidos fue refrendado por el Concejo Deliberante, pero la Justicia administrativa, a cargo de la jueza María Cecilia Gómez, falló a favor de los trabajadores en varios juicios individuales.

 Esto podría significar un desembolso considerable para la municipalidad, estimado en más de 110 millones de pesos, que incluiría salarios caídos, aportes y bonos retroactivos, así como las costas legales.

La situación judicial escaló el conflicto político en Senillosa, ya que se cuestiona la capacidad financiera del municipio para hacer frente a estos pagos, especialmente tras el reciente anuncio de financiación provincial para obras por 193 millones de pesos. La decisión final sobre estos casos podría recaer en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

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