Un petrolero despidió a su empleada por mensaje de texto y deberá pagarle doble indemnización
La mujer finalizó su vínculo con "su patrón" hace casi cinco años. El hombre, sin motivos, la echó sin avisarle previamente y fue condenado a pagar las remuneraciones correspondientes tras un juicio. El hecho generó conmoción en una localidad patagónica.
Un trabajador petrolero de la Patagonia contrató a una empleada doméstica, y después de cinco años decidió despedirla a través de mensajes de texto. La mujer comenzó un juicio y el hombre fue condenado a pagar las remuneraciones correspondientes con un 50% extra.
El caso ocurrió en Cipolletti, Río Negro. La casa donde la mujer trabajaba era alquilada por una empresa, donde también pernoctaban otros trabajadores. La empleada fue despedida a través de un mensaje de texto que le envió su patrón.
Desde la Cámara Laboral de Cipolletti detallaron que el hombre la despidió sin motivo alguno y sin cumplir el preaviso, después de trabajar en el aseo de su casa por casi cinco años.
La mujer desempeñaba sus tareas de lunes a viernes, con una jornada de trabajo de tres horas diarias. También probó que la casa era alquilada por una empresa petrolera para los trabajadores del sector.
Luego de ser despedida, la mujer le mandó una carta documento a su ex patrón, solicitándole que le aclarara la situación laboral. También exigió el cumplimiento de sus derechos, ya que trabajó durante todo ese tiempo sin estar registrada en blanco.
El hombre no contestó sus mensajes, no se presentó al juicio ni a la audiencia de conciliación. "El tribunal valoró las pruebas aportadas por la mujer y condenó al empleador a pagarle sumas de dinero con intereses en concepto de remuneraciones, liquidación final, indemnizaciones por despido y previstas por el artículo segundo de la ley 25.323", explicaron las fuentes judiciales.
El empleador también fue condenado a pagar todos los gastos del proceso judicial. Cabe destacar que la ley de indemnizaciones laborales, establece un incremento del 50% en los montos para los casos en que el empleador no abone el dinero y obligue a los y las trabajadoras a iniciar acciones judiciales para cobrar.