Un servicio subsidiado y el riesgo de que Comodoro se quede “sin colectivos” el lunes próximo
Aunque se trata de un servicio público y por lo tanto no puede abandonarse, la empresa podría reducir frecuencias si es que no hay una prórroga al contrato, que vence el próximo sábado. Hay negociaciones contra reloj extender el vínculo hasta que haya una nueva licitación.
El subsidio al transporte público de pasajeros no es algo nuevo ni exclusivo de esta gestión municipal (viene desde años atrás y atraviesa varias gestiones), pero la notoria suba que ha tenido en los últimos 4 años, para cubrir hoy casi el 60% del costo de la prestación, es un dato incontrastable.
Cuando culmine 2023, el municipio habrá aportado un total de 3.100 millones de pesos, contando los 1.900 millones desembolsados hasta agosto y los 1.200 aprobados la semana pasada, como ampliación presupuestaria, para seguir sosteniendo el boleto a un costo por debajo de su valor real.
Hay que sumar el aporte de Nación, con un subsidio de otros 84 millones de pesos por mes, lo que proyectado a un año significa más de 1.000 millones de pesos; y 192 millones de pesos correspondientes al aporte del gobierno provincial, que es el que menos ‘pone’ en ese esquema.
Además de esos montos, el costo total del servicio se compone por lo que aportan los pasajeros en forma mensual. Según datos oficiales, presentados en la última audiencia pública, en agosto fueron transportados algo más de 1.200.000 pasajeros.
Tomando esa cifra y multiplicándolo por el costo del boleto más barato, es decir el urbano, que regía hasta ese momento, de $116,35, significaría que la recaudación por esa vía fue de unos 140 millones de pesos.
Así, el costo total del servicio podría estimarse, para el octavo mes del año, en unos 540 millones de pesos, al sumar lo recaudado por boletos, más los distintos ítems de subsidio mensual, donde el mayor esfuerzo lo hace el municipio, con alrededor de 300 millones cada 30 días.
Es llamativo que, frente a ese nivel de recursos públicos, la estructura de costos no sea abierta a la comunidad para conocer el modo en que se computan los distintos ítems, con una inflación que resulta innegable, pero que también, precisamente por eso, requiere de un análisis pormenorizado sobre el sostenimiento del sistema y la incidencia de cada uno de los rubros que lo conforman.
PENDIENTE DE UN HILO, PERO NO POR FALTA DE FONDOS SINO POR LA GANANCIA EMPRESARIA
Sin embargo, pese a ese esfuerzo presupuestario, el sistema pende de un hilo. No por la falta de fondos en este caso, como suele ocurrir en otros municipios de la provincia y el país, sino por un contrato que se había prorrogado el año pasado y tenía fecha de vencimiento, inexorablemente, para el próximo 30 de septiembre.
Sobre las razones de la demora habrá varias explicaciones y culpas repartidas, incluso con reproches desde la gestión saliente y en la entrante, pero uno de los puntos centrales surgió en la controversia en torno a si el nuevo contrato debería garantizar la rentabilidad de la empresa o no.
Mientras el pliego originalmente elaborado por el municipio descartaba esa contemplación, en forma taxativa, la empresa contrapuso su intención de generar un nivel de renta del 12%, lo que llevaría el precio del boleto (o de los subsidios, ya que lo que no paguen los usuarios lo tendría que poner el municipio) hasta niveles difíciles de sostener.
En esa discusión quedó trabado no sólo el nuevo pliego, sino la posible prórroga del servicio en las condiciones actuales. De ahí que esta agencia consultó a un abogado especializado en derecho administrativo, que brindó detalles a cambio de reservar su identidad:
“Cuando se trata de un servicio público, el prestador está obligado a no abandonarlo, por más que rechace las condiciones de la prestación. Puede haber una disminución de las frecuencias, o un servicio diezmado, pero no puede cortarlo –explicó el profesional-. En todo caso, después tendrá derecho a reclamarle al Estado los mayores costos derivados de esa situación”.
De ese modo, la prestación del transporte, en tanto servicio público, se asemeja al de un médico o personal de salud, que puede realizar medidas de fuerza, pero está obligado a mantener guardias mínimas.
En el contexto actual, de emergencia vial en la ciudad, basta con imaginar lo que podría ser el próximo lunes, con frecuencias reducidas de transporte, en los horarios pico en los que la gente más necesidad del servicio tiene.
Puede que en las próximas horas, sin embargo, haya algún principio de solución. Tanto en el municipio como en el Concejo y en la empresa se mantenía el hermetismo, a la espera de que haya un acuerdo que permita enviar el proyecto de prórroga y convocar a una sesión extraordinaria en del Concejo Deliberante, para darle aprobación el próximo viernes, mientras se siguen discutiendo las condiciones para el nuevo contrato y licitación del servicio.