Una provincia patagónica presentó un proyecto para cobrar aranceles en salud y educación a extranjeros
El gobierno provincial busca aplicar tarifas para extranjeros que utilicen los servicios de salud pública y asistan a institutos terciarios, argumentando la crisis económica y la necesidad de mejorar la calidad del servicio para los residentes permanentes.
En un contexto económico complejo, el gobierno de Río Negro propuso un proyecto de Ley que plantea la aplicación de aranceles a los extranjeros que se atiendan en el sistema público de salud y a aquellos que asistan a los institutos terciarios provinciales. La iniciativa fue presentada por los referentes parlamentarios Facundo López y Lucas Pica, quienes buscan generar recursos para afrontar la crisis económica que afecta a los servicios públicos esenciales.
Este proyecto retoma una propuesta que, en 2024, fue planteada por la exministra de Salud, Ana Senesi, y también fue debatida en el ámbito legislativo por el bloque de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, aunque no prosperó. Ahora, el oficialismo vuelve a poner en agenda la posibilidad de cobrar por los servicios de salud y educación a los extranjeros con residencia transitoria o autorización de residencia precaria.
La argumentación de los autores
Según explicaron los autores, esta medida se justifica por la difícil situación económica que enfrenta la provincia, que impacta en la calidad de los servicios que el Estado debe ofrecer a su población con residencia permanente. La propuesta no tiene como objetivo excluir a los extranjeros, sino garantizar un servicio de calidad para los rionegrinos.
El legislador Lucas Pica señaló que la medida busca evitar el "turismo asistencial", ya que muchos extranjeros, en su mayoría de países limítrofes, llegan a los hospitales de la provincia para recibir atención médica y medicación a bajo costo, sin contribuir al sistema. El proyecto también establece que los fondos recaudados se destinarían exclusivamente a mejorar los servicios de salud y educación, y no para fines salariales.
En el caso de los institutos educativos de nivel terciario, el proyecto establece que el cobro de aranceles se destinaría a mejorar la infraestructura de los establecimientos, adquirir equipamiento y garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones sin afectar los salarios.
El proyecto establece también que los servicios de emergencia médica quedarán excluidos de este arancelamiento. Además, se creará un Fondo Específico integrado por los recursos obtenidos, cuyo destino estará delimitado para garantizar la sostenibilidad de los servicios de salud y educación en la provincia.
