Reestructuración en salud: evalúan intervenir obras sociales y dar de baja a 60 prepagas
La iniciativa del Gobierno tiene cómo objetivo regularizar el sistema, acusado de irregularidades y falta de transparencia.
En el marco de una reestructuración en salud, el Gobierno evalúa intervenir obras sociales y dar de baja a 60 prepagas. La iniciativa tiene como objetivo regularizar el sistema acusado de irregularidades y falta de transparencia.
De esta manera, buscan realizar una exhaustiva revisión de la situación financiera y administrativa de las entidades que operan en el sistema de salud.
Según se supo, el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) mostraba un total de 675 prepagas y 291 obras sociales en la Superintendencia de Servicios de Salud.
Sin embargo, detectaron que muchas de ellas no cumplían con los requisitos básicos de presentación de información, como los padrones de usuarios, los planes de cobertura y los estados contables.
Por este motivo, desde la Superintendencia de Servicios de Salud, cancelaron 60 prepagas y fue informado en un documento, publicado en el Boletín Oficial. Además, prevén la eliminación de otras 60 prepagas en los próximos días, y se está evaluando la situación de 70 entidades adicionales, lo que podría resultar en la baja de un total de aproximadamente 180 prepagas.
No obstante, desde el Gobierno recordaron que el objetivo es crear un mercado de salud más transparente y ordenado. Según fuentes oficiales, esta reestructuración permitirá que los beneficiarios accedan a entidades que realmente existan y que ofrezcan servicios de calidad, además de fomentar una competencia efectiva entre las entidades.
Asimismo, desde la superintendencia de Salud también intervinieron a cuatro obras sociales. Entre ellas, OSPERA (Obra Social de Peones Rurales), OSPIF (Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo), OSPL (del Personal Ladrillero) y OSPLM (Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina). Según se conoció, estas entidades recibían millones en subsidios del Estado; sin embargo, enfrentan problemas de gestión y transparencia.
Cabe recordar que el proceso de intervención inicia con auditorías detalladas. Si se detecta falta de información esencial para su funcionamiento, se designa a un interventor que debe evaluar la viabilidad de la entidad. En caso de encontrar inviabilidad financiera, prestacional o patrimonial, se activa un mecanismo de liquidación y los afiliados son redistribuidos en otras obras sociales.
