Masacre de Tombo: el tribunal denegó la suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa y el debate seguirá adelante

En el inicio por el juicio oral por la Masacre de Punta Tombo, el abogado defensor Federico Ruffa hizo un planteo previo a pedido de su defendido, Ricardo La Regina, acusado de ser el causante de un desastre ambiental al pasar con una topadora sobre cientos de nidos de pingüinos en noviembre de 2021, pero este pedido fue denegado de forma unánime por el tribunal.

Sostuvo Ruffa que tiene derecho “mi asistido de solicitar que este proceso penal se solucione por la suspensión del juicio a prueba, esta oferta la planteamos en contra de mi consejo profesional, en virtud de que mi asistido tiene una intención muy concreta de establecer una convivencia con los pingüinos como lo ha hecho su familia hace un centenar de años”.

“Si esta petición es aceptada, nos vamos a perder la oportunidad de llegar a la única instancia en que se pueden discutir verdades con pruebas, y voltear una gran cantidad de falsedades que se han dicho, pero los egos no pueden estar por delante de los clientes”, dijo el abogado, y cuestionó que “no hemos tenido la oportunidad de constituir una mesa para una instancia de negociación con los acusadores, sería una reparación ante cualquier hecho delictivo que se pudiera presumir contra mi cliente”.

Aclaró que “no implica reconocer la culpabilidad, sino el derecho de evitar el tormento de un juicio de estas características” y sostuvo “mi cliente no ha tenido ningún contacto con el sistema penal en toda su vida. La expectativa de pena merece un llamado de atención, porque la pretensión punitiva restringe un derecho, ya existen falencias graves ya que no se ha explicado la cosa ajena pasible de ser dañada”.

Luego se sentó a exponer Ricardo La Regina y cuando se preparaba a exhibir un video, se encontró con la oposición de la fiscalía y la querella, y el tribunal accedió a que no se haga uso de ningún soporte que pueda contaminar al tribunal”, a lo que Ruffa advirtió que esto la va a apelar, porque “no es un juicio normal, y las palabras de su asistido nunca tienen el impacto de la fiscalía”.

Luego La Regina dijo que su oferta “es la mejor opción para todos y para mi también, lo vengo planteando hace mas de 10 años, porque es el mejor uso para la tierra” y fue interrumpido por la parte acusadora, porque consideraba que la historia vital del acusado era parte de la prueba, a lo que Ruffa consideró que “se coarta el derecho de su asistido y en el peor de los casos hay resortes procesales si alguien se ve afectado por la declaración”.

El abogado querellante Eduardo Hualpa, dijo que “este debate está convocado hace dos meses y hubo mucho tiempo para hacer la propuesta, si la defensa decidió hacerla este día, debe atenerse a las consecuencias. Hay que compatibilizar sus derechos y contar su propuesta, pero ahondar en su historia es un exceso procesal”.

Luego Ruffa expuso la oferta de “poner a disposición del estado aproximadamente 300 hectáreas linderas a Tombo para ampliar la reserva, ya que hoy tiene 210 hectáreas y en paralelo generar un área de protección en la zona de Punta Clara que abarcaría unas 270 hectáreas más, por lo que se sumarían cinco kilómetros de costa”.

En este punto, el abogado defensor le preguntó al acusado cómo llegó a la idea y las razones, y La Regina sostuvo que “siempre estuvo en mi mente tratar de hacer algo así, porque he tenido problemas para trabajar con la ganadería, porque no hay limite real entre Tombo y mi propiedad, debería existir una zonificación, pero es imposible de cumplir”.

“Las dos actividades son incompatibles, siempre pensé que la solución era que el uso sea exclusivo para pingüinos y turismo, pero había que delimitarla de alguna manera, con un alambre para lograr un área intangible, nunca obtuve respuesta de las autoridades y esta la oportunidad de hacerlo efectivo”.

“En mi campo quiero aplicar los mismos principios para dar un uso correcto a la tierra y trabajar en ganadería y con turismo”, señaló.

Oposición

Al responder el planteo, la fiscal Florencia Gómez pidió “que se rechace el planteo de la suspensión del juicio a prueba, nuestro código procesal ha venido a aclarar la redacción desafortunada anterior respecto al momento de la petición”.

“Cuando se inicia el debate, cualquier planteo forma parte del debate, aunque erróneamente se consideren cuestiones previas, da rienda suelta a que la defensa haga abuso de sus derechos, abusando de los tiempos de los presentes”, indicó.

Agregó que se invirtió una gran “cantidad de recursos humanos y materiales para esta audiencia de debate, la presencia de integrantes de organizaciones internacionales que ha dedicado su tiempo, el interés público debe prevalecer”.

Y cuestionó “nunca hicieron la propuesta por escrito como habían prometido en la audiencia preliminar en abril, tuvo tiempo suficiente para hacer el planteo, que debe ser rechazado por extemporáneo”.

También desde Fiscalía de Estado, Martín Castro dijo que “la querella va a adherir a los argumentos de la fiscal, no sólo es extemporánea, de difícíl cumplimiento, no está en condiciones legales de ofrecer tierras porque no tiene la capacidad jurídica y legal para hacerlo”, y además “en varias oportunidades el STJ ha dicho que el dictamen fiscal es vinculante y nos oponemos porque entendemos que se ha violentado el medio ambiente que es un derecho fundamental humano”.

Finalmente Eduardo Hualpa, querellante de organizaciones ambientalistas, dijo que adhiere a los fundamentos de la fiscalía, porque “es cierto que se ha hablado en los medios de prensa del ofrecimiento pero nunca se efectivizó” y citó jurisprudencia de hechos de gravedad ambiental que denegaron este instituto.

Luego el tribunal, integrado por los jueces María Laura Martini (presidenta) Carlos Richeri y Eve Ponce pasó a un cuarto intermedio de media hora, tras lo cual comunicaron la decisión unánime de no acceder al pedido de la defensa, por lo que el debate oral y público debe continuar.