Cinco años de una catástrofe que pudo haberse evitado: ¿Cómo está la investigación sobre el hundimiento del ARA San Juan?

El 19 de noviembre del año 2020, un fallo de La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de los imputados Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval; Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y de Hugo Correa, ex jefe de departamento de operaciones.

En todos los casos, se les imputa el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal.

¿De qué se acusa a los marinos procesados hasta ahora?

Ese punto de la resolución, que respaldó el criterio adoptado por la jueza Yáñez, no satisfizo el planteo de las querellas, que buscaban agravar la acusación y cambiar a una calificación de mayor severidad, ya que pedía procesar por el delito de homicidio reiterado con dolo eventual, en 44 hechos reiterados.

Para la Cámara, hasta el momento de su resolución, “ha quedado claro que se trata de un reproche por omisión, al no haber cumplido los deberes propios de sus cargos, y no haber observado la conducta debida para neutralizar el riesgo creado para las personas que integraban la tripulación, y la unidad naval que se perdió; ordenando una misión pese a las condiciones en las que estaba el submarino, sin poder confiar, en razón de la posición de mando y especialidad que detentaban, en que no se produjera el resultado fatal”.

Sobre la responsabilidad en el hecho, la Cámara sostuvo “los imputados no han tenido otra participación en la avería, explosión interna, pérdida de plano e implosión del submarino, sino que el fundamento de la imputación radica en que conocían que el estado de alistamiento de la unidad submarina no era el que las normas de mantenimiento establecían, y por lo tanto elevaron el riesgo, sin que el resultado de muerte pueda serles imputado como homicidio, a título de dolo (eventual) o culpa”.

Es decir, según ese razonamiento, no se puede imputar una acción directamente vinculada al resultado del hundimiento, sino la falta de cuidados para evitarlo.

La situación de Macri y Aguad

Además de la situación procesal de esos marinos con responsabilidades jerárquicas en la Armada, el tribunal revocó una decisión anterior de la jueza Marta Yañez y le ordenó que profundizara la investigación respecto de los funcionarios de más alto rango. Esto incluye al ex presidente Mauricio Macri, a su ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la fuerza, Marcelo Srur.

Si bien no ordenó directamente la declaración indagatoria de estos ex funcionarios nacionales, sí dejó sin efecto una resolución anterior de la jueza Yañez, en la que directamente había rechazado esa posibilidad, planteada por algunos de los abogados querellantes. Esto significa que esa puerta se vuelve a abrir, en términos judiciales, por más que no se requiera puntualmente la citación inmediata.

“El Presidente de la Nación Argentina es por mandato constitucional el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, atribución que, aunque no resulta ser de naturaleza militar, integra el aparato de Defensa Nacional por intermedio del Ministerio respectivo. De esta manera, aun no es posible determinar si a esas áreas ministeriales les cupo participación alguna en la programación de las tareas de mantenimiento, requerimientos de obras y repuestos, administración y rendimiento de partidas presupuestarias o incluso conocimiento de los planes operativos y misiones que se le encomendaban a la Fuerza de Submarinos, en especial porque conforme lo declararon los Inspectores Generales de la Armada”,  expresa el fallo,

La importancia de la pericia ordenada para saber por qué entregó agua en las baterías, lo que desencadenó la catástrofe

Además de buscar desentrañar las posibles responsabilidades políticas del hecho, se le requirió a la jueza de primera instancia, que fue confirmada al frente de la investigación, al rechazar la recusación planteada por uno de los abogados querellantes, Luis Tagliapietra, que concretara la realización de una pericia técnica para determinar las causas del hundimiento.

Según se lee en aquel pronunciamiento, esto sería posible a partir de la localización de los restos del submarino y la gran cantidad de imágenes obtenidas sobre esos restos, tras ser hallados en el lecho marino un año después del naufragio, a unos 900 metros de profundidad.

Dicha pericia, según el tribunal, “resulta necesaria para el total esclarecimiento de estos hechos, que revisten de gravedad inusitada en nuestro país. Esa misma tarea técnica permitirá despejar cualquier posible duda respecto de los motivos que habrían justificado la decisión de manipular la válvula E 19 en la navegación de julio y conociendo el sistema de ventilación del submarino, si alguna otra válvula del sistema de ventilación pudo encontrarse comprometida o haber sido manipulada con los mismos propósitos descriptos por el capitán”.

“Coincidiremos con los agravios que tanto querellantes como los imputados, a través de sus defensas técnicas plantearon ante este Tribunal, respecto a que una pericia técnica practicada por expertos submarinistas, resulta necesaria para el total esclarecimiento de estos hechos –expresa la sentencia, de 177 fojas-, que revisten de gravedad inusitada en nuestro país”.

“Esta tarea pericial deberá ser encomendada a una Junta de peritos - expertos en la actividad submarinista e ingenieros navales- integrada por los que sean designados de oficio por el Tribunal, además de los que cada parte proponga, pudiendo ser expertos independientes, integrantes de la Armada Argentina o propuestos por el Ministerio de Defensa, con experiencia y acreditada calificación e idoneidad, ello a fin de garantizar la mayor participación y objetividad en la tarea, debiendo facilitárseles, bajo debido resguardo, el material fílmico, fotográfico y toda otra documentación técnica que los mismos requieran, con el propósito de que sean determinados con la mayor precisión posible, los sucesos que provocaron la entrada de agua, el descenso no controlado, la implosión y el hundimiento del SUSJ”.

Para los jueces, está claro que el inicio de la secuencia de la catástrofe fue el ingreso de agua al sector de baterías, pero deja abierto un abanico de opciones respecto de las responsabilidades que aún quedan por determinar:

“Debemos aceptar –añade aquel fallo de hace dos años- que fueron múltiples factores con determinante relevancia causal los que condujeron a la producción del trágico desenlace; pero el primero de ellos, y sin que exista duda fundada, fue la entrada de agua en el tanque de baterías, habiendo quedado ello, sobradamente demostrado para esta etapa del proceso. Los restantes elementos probatorios que puedan incorporarse, respetarán nuestra decisión de no excluir apresuradamente, ninguna posible causa productora de la tragedia, con las consecuentes responsabilidades penales que pudieran surgir”.

Tagliapietra: “No hay un real interés en llegar a la verdad”

El abogado Luis Tagliapietra, quien se desempeña como querellante en representación de un grupo de familias y además es padre de uno de los tripulantes, expresó en diálogo con ADNSUR que “no se ha hecho nada de lo que pidió la Cámara”, al recordar que “logramos esta resolución luego de que la jueza Yañez quiso cerrar la causa y llevar a juicio a estos oficiales de la Armada, que están imputados por un delito menor, pero sin llegar a la verdad”.

Para el abogado, más allá del pedido de indagatoria a Macri, Aguad y Srur, “lo más importante es la pericia, para lo que nosotros hicimos un trabajo muy importante, brindando información en base a instituciones internacionales que tienen una gran capacidad y experiencia en estos temas, sobre cómo se debe realizar ese análisis. Llama poderosamente la atención que la jueza no haya hecho nada de esto”.

Por lo contrario, el abogado detalló que “lo único que ha ordenado la jueza es una pericia informática sobre las imágenes de video que se obtuvieron durante el hallazgo del submarino, para establecer si las imágenes estaban editadas o no, para lo cual pidió una computadora importada. Yo no estoy de acuerdo, pero no me pareció que hiciera daño alguno ese estudio, si bien estoy convencido de que las imágenes no fueron editadas. El problema es que hace más de dos años que están con esto, por lo que ha sido una pérdida de tiempo”.

Si bien reconoció que se tomaron otras declaraciones testimoniales, a ex funcionarios y legisladores que participaron de la comisión bicameral del Congreso, “esto va a servir para que digan que trabajaron, pero hicieron esto para justificarse sin haber hecho un trabajo honesto, para llegar a la verdad de los hechos”.

Para Tagliapietra, “no hay una intención de llegar a la verdad de  los hechos y está demostrado lo que nosotros planteamos en su momento, al recusar a la jueza y denunciarla ante el Consejo de la Magistratura. Le pedimos que convoque a expertos para que la asesore en estos temas, que no tiene por qué conocerlos, pero no lo hizo. El juicio político se lo frenó Pablo Tonelli, un diputado radical amigo de Macri y todo está paralizado, pero a mí me denunciaron falsamente y esa denuncia fue por ‘autopista’, enseguida me llamaron a indagatoria y me procesaron, pero por supuesto salí absuelto porque eran falsedades que sólo ellos pueden construir”.

Recordó además que “todo esto se suma al espionaje ilegal, que cuando lo denunciamos en Caleta Olivia tampoco avanzó, aunque luego sufrió lo de Mar del Plata y reconocieron que fuimos espiados durante un año y era verdad lo que nosotros denunciamos en su momento ante la jueza Yañez”.