Veredicto de 'Ñoquis Calientes': Torres Otarola fue declarada culpable

El Tribunal Colegiado, integrado por la Sra. Jueza, Dra. Marcela Pérez Bogado como presidenta y los vocales, Dres. José Luis Ennis y Carlos Richeri, determinó que Torres Otarola fue encontrada culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres hechos de exacciones ilegales (el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores).

Los primeros cuatro hechos se debieron a que Torres Otarola propuso el nombramiento de funcionarios públicos que luego no realizarían trabajo alguno pero igual cobrarían el sueldo que saldría de las arcas del Estado Provincial.

Además, se la encontró culpable de pedirle a sus asesores legislativos que le depositaran la mitad de su sueldo para la conformación de una caja política.

Otros funcionarios también fueron declarados culpables, como Silvia Cañumil, quien había sido nombrada asesora en la legislatura mientras que su función real era asistir en tareas domésticas y cuidado de los hijos de Torres Otarola. También fueron condenados Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles, quienes aceptaron ser nombrados como Directores en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, sabiendo que no realizarían ninguna contraprestación.

Por otro lado, el Tribunal absolvió a Branco Rodera Neira y Jaquelina Rodera, al no lograrse probar que no realizaron tareas por los contratos gestionados por Torres Otarola.

Cabe recordar que luego de idas y vueltas, el juicio inició el pasado martes 10 de diciembre en la Oficina Judicial de Rawson. En tanto, el tribunal que dará el veredicto está integrado por los jueces Carlos Richieri, José Luis Ennis y Marcela Pérez Bogado.

“La pena a solicitar va a ser superior a los 3 años, es decir, de cumplimiento efectivo, en caso de que podamos probar los delitos imputados”, explicó semanas atrás el fiscal Omar Rodríguez.

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, la exfuncionaria habría obligado el retorno de parte de los sueldos de los empleados que ella misma habría ayudado a ingresar en carácter de asesores en la Legislatura provincial.

En su gestión como Ministro de la Familia, habría designado en cargos de alto rango a personas cercanas a ella que no vivían en la zona ni realizaban contraprestación para el Estado. Por ese motivo, la causa judicial se mediatizó bajo la denominación de “Ñoquis Calientes”.

A Torres Otarola, conocida popularmente como ‘Chechu’, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Respecto de Silvana Adriana Cañumil se le imputa el delito de fraude a la administración pública, un hecho por concusión y dos hechos en calidad de partícipe secundario. A Jaquelina Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de partícipe primario por tres hechos. 

A Marta Rodera, se le imputa el delito de fraude la administración pública, un hecho en calidad de partícipe primario.  En el caso de Facundo Solari Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en un hecho como partícipe primario. 

Por su parte, a Branco Rodera Neira, el delito de  fraude a la administración pública por un hecho como partícipe primario. A Miguel Angel Reto Trelles, se le imputa un hecho como partícipe primario en fraude a la administración pública.

Martín Sandoval, denunciante y exfuncionario, dio el último su testimonio en el juicio, revelando presuntas irregularidades en la gestión de la exministra Cecilia Torres Otarola. 

Luego, en diálogo con el programa Sin Hilo, que se emite por Canal12, sostuvo que hubo “una gran cantidad de personal contratado para cumplir funciones en la planta política que no sólo no residían en Chubut, sino que jamás habían pisado la provincia, como el caso del jardinero peruano”.

Y a partir de esta denuncia, salió a la luz “lo que se vivió en la Legislatura entre 2015 y 2019” cuando “se contrataban los asesores y de lo que cobraban se quedaban con un monto y el resto iba a una caja política para otras actividades”.

De esta forma, indicó que esta modalidad “era una especie de apriete porque el mismo día que me contrataron me hicieron firmar una carta de renuncia por cualquier cosa, y había chicos que la pasaban mal, porque era su sustento de vida”, al tiempo que explicó que “la caja la manejaba la diputada a través de su niñera, que era la que recaudaba; está todo documentado en la causa con los movimientos de cuenta”.

Luego, en 2020, “en mi caso terminé siendo director general, y ponen a Rodera como subsecretaria sin vivir en Chubut y muchos funcionarios vinculados con ella, como una hermana que debía cumplir tareas en mi área y no iba, generando una situación interna con el personal de planta, porque no existía firma para iniciar los procesos de compra”.

“También parte de esos sueldos volvían a una caja que se transfería automáticamente, y ella quiso culpar al gobernador por firmar la designación, pero aquí fallaban los controles de todo el sistema”, señaló, y agregó que “el año pasado se me pedía la apertura del secreto bancario siendo yo testigo”, comentó Sandoval, sugiriendo que había intentos de obstruir la investigación.

“Vi el trabajo que se ha hecho con el censo y las palabras del discurso del gobernador Torres, donde habló de terminar con los vivos, gente que está nombrada y no trabaja, y me alegra que por fin desde el Estado se empiece a poner coto a esta situación y que sea una política de Estado real erradicar estas situaciones que desprestigian al empleado público”, reveló.