Giacomone: “La política salarial de la Justicia no puede estar al margen de la realidad provincial”

Al exponer ante la Legislatura este martes en una sesión especial, el Fiscal de Estado Andrés Giacomone, propuesto por el Poder Ejecutivo para asumir en el lugar vacante dentro del Superior Tribunal de Justicia, dio su visión sobre la política a aplicar en materia judicial en diferentes aspectos.

Casi no hubo preguntas y la sesión duró una hora: sólo hicieron consultas el diputado del FIT, Santiago Vasconcelos, y de la diputada oficialista Andrea Aguilera.

En una de sus definiciones centrales, Giacomone dijo que “es de $103 mil millones el Presupuesto de la Judicatura y el 86% está abocado a salarios” mientras que “la tasa de justicia implica $1.500 millones y está destinada a la infraestructura y en los últimos años destinado a la finalización de la ciudad judicial”.

La tasa “no es un obstáculo al acceso a la justicia, se puede litigar sin gastos y hay un gran trabajo de la defensa pública” dijo el abogado platense y respecto a la coadministración por parte del colegio de jueces, afirmo que “no se puede administrar sin conocimiento del sistema, no lo veo conveniente”.

Respecto a la política salarial, sostuvo que “quien fija la política es el Poder Judicial, pero no se puede escindir de la realidad de la economía provincial, y esto se conjuga dentro de la ley de presupuesto”. Agregó que “la autarquía es dejar de discutir presupuesto, no es una solución, sino una alternativa. Se hablaría de un porcentaje fijo de los ingresos”.

LENGUAJE ACCESIBLE

Por otra parte, afirmó Giacomone que “los servicios informáticos son de avanzada, el sistema Serconex es de avanzada, permite notificaciones digitales, está a la altura, aunque es perfectible”; señaló que “los expedientes judiciales deben ser públicos salvo excepciones, y tiene que tener acceso la ciudadanía general”.

En materia de infraestructura, dijo que “hay situaciones edilicias para mejorar pero no lo considero un obstáculo ya que hay muchas herramientas informáticas” y remarcó que “debe existir diálogo permanente con los distintos actores del sistema, con la universidad, entre los poderes, sin perder la autonomía y la independencia, que no se pierde por dialogar”.

Mencionó que “somos una de las dos provincias sin servicio penitenciario, qué mejor que exista diálogo para tener la mejor norma posible, con estadísticas, vivencias y experiencias de cada poder”.

En materia de capacitación, afirmó que “se debe capacitar a todos los operadores que forman parte del Poder Judicial, y sobre qué, hay algunas que son transversales como género y derechos humanos, y debería trabajar en lenguaje claro”.

Admitió que en la Justicia “muchas veces nos hablamos a nosotros mismos, y olvidamos que deben estar destinadas al justiciable, se puede ser técnico y con lenguaje accesible”.

MÁS FUEROS

Consultado sobre la necesidad de un fuero ambiental y un fuero de género, indicó que “tenemos 44 juzgados penales, 16 de paz, 15 de familia, más de 20 civiles, vienen 4 en lo contencioso” y dijo “las razones deberían ser cantidad de causas y especificidad de la materia, por ejemplo el contencioso tiene miles de causas”.

“No debería haber un fuero ambiental, pero sí debería existir una capacitación especial, no lo amerita la cantidad de causas”, señaló Giacomone, y respecto al género, “no son pocas causas, se debe avanzar entre fuero de familia y fuero penal para establecer protocolos claros para dar respuesta clara”.

Opinó que “el STJ debe proponer leyes vinculadas con la temática, fue un buen ejemplo el tratamiento de la reforma del CPP, hay procesos constitucionales que no tiene normas procesales especificas, como el conflicto de poderes, la acción declarativa de certeza, y el mandamiento de ejecución”.

Planteó que “es necesario un código para procesos colectivos, tenemos juicios con cientos de causas por la misma causa origen, lo que implica dispendio de tiempo, personal, presupuesto, debe haber una norma que regule estos procesos”.

“Debería existir normas en códigos de familia y laborales, y respecto a la oralidad debe abarcar y es necesaria en procesos civiles, porque uno de los problemas son los plazos, la sociedad espera que podamos resolver en tiempos mucho más breves”, afirmó, y agregó que no está a favor de los juicios por jurados en procesos no penales, “podría ser contraproducente”.

LA POLÍTICA

Aclaró que no podía dar algunas respuestas porque “prejuzgar es juzgar antes de tiempo, hay consignas con casos específicos, en ese tipo no puedo dar una respuesta, pero sí en términos abstractos. No estoy de acuerdo con que los jueces hablan a través de sus sentencias, hay jueces docentes, autores de libros, pueden dar opinión en términos abstractos”.

Sostuvo que “los derechos no son absolutos y son pasibles de ser reglamentados, el juez debe analizar si la norma vulnera la razonabilidad y desvirtúa la esencia del derecho. No se puede plantear que hay un derecho por sobre otro”.

Sobre el rol del Poder Judicial cuando el Estado es parte, dijo “la Justicia debe controlar el apego a esas normas, pero no debe fijar políticas públicas, sino resolver controversias. Sanciona un caso concreto, hay que tener cuidado con el activismo judicial”.

Acerca de la división en salas “tuvo que ver con una coyuntura histórica en lo penal, el pase al sistema acusatorio, pero tener varias miradas y perspectivas enriquece el procedimiento, no veo la necesidad”.

Explicó que “hay cuestiones políticas no justiciables, no pueden ser revisadas por ser políticas, como la declaración de guerra, un juicio político” pero si bien “no puede ser revisado el objeto o los fundamentos, si el procedimiento, el acto, el derecho de defensa”.

Respecto a los DNU, dijo que “la Constitución marca los límites. En Chubut, si no es ratificado por la Legislatura, cae a los 30 días, lo que impidió una proliferación”. Y concluyó “la sociedad espera una respuesta rápida y hoy no se está logrando”.