Los 500 nombramientos que Ignacio Torres daría de baja y que podrían trabar el acuerdo por un nuevo bono con Arcioni

A dos meses del cambio de gobierno, en Chubut se respira un clima de tensa calma. Da la sensación de que el aire está cargado de un gas inflamable, y que todo podría explotar ante la más mínima chispa. El “acuerdo de transición” para autorizar un nuevo endeudamiento y reperfilar la deuda de Chubut, puede llegar a naufragar este lunes si la nueva reunión cara a cara entre el gobernador Mariano Arcioni y el gobernador electo, Ignacio Torres, no termina bien.

¿Por qué no terminaría bien? No es para ser agoreros, pero la previa al encuentro no es la mejor. Torres llegará a la reunión con una serie de resoluciones tomadas en los últimos meses con designaciones en las áreas de Servicios Públicos, el ENRE, el Ministerio de Familia, y el Instituto Provincial de la Vivienda que entiende son una “mojada de oreja”.

El gobernador electo está dispuesto a romper las relaciones y quedarse sin ley de endeudamiento a causa de lo que entiende es una estrategia de meterle gente por la ventana para obligarlo a una medida impopular, como tener que “despedir a 500 personas en los primeros días de gobierno”.

Torres asegura a quien quiera oírlo que no le va a temblar el pulso para tomar esa decisión, pero que, si lo obligan, va a tener que ir a fondo, abrir las cuentas y cada uno de los contratos, y mirar “a cara de perro” todos los papeles. Casi una amenaza de que, si es por las buenas, hay acuerdo; pero si observa agachadas, no habrá concesiones y el nuevo gobierno investigará a fondo a la actual gestión.

Lo que a Torres le genera un enorme fastidio es ver los nombres de actuales funcionarios -o de sus familiares y allegados - en las listas de nuevos designados en la administración pública. Esto lo observó en las planillas de nuevos cargos en Servicios Públicos, y especialmente, en la publicación de tres concursos para cubrir 9 cargos en el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE).

El informe realizado por ADNSUR hace un mes atrás daba cuenta de que el ENRE es el organismo con los sueldos más altos del estado, y por esa razón, Torres habla públicamente de un censo que revisará hacia atrás todo lo actuado porque hay gente “atornillada al sillón”. Así lo observó con otros apellidos, como hijos de conocidas figuras de larga trayectoria en la política, que fueron designados en la Secretaría de Trabajo.    

Desmentida

En la reunión, seguramente Torres se encontrará con un Arcioni que desmentirá el aumento de la planta de empleados públicos, y contará con datos para demostrar que deja al estado con menos agentes públicos de los que tenía cuando lo recibió. “No sé cuántos gobernadores pueden decir lo mismo”, dispara el mandatario.

El actual gobernador minimiza el tema, porque lo considera un “discurso de campaña” sin sentido y sostiene que le da “vergüenza ajena” que se esté discutiendo públicamente. Y es probable que le diga a Torres “quiero ver cómo deja el gobierno dentro de cuatro años cuando se vaya”.

Ante las advertencias realizadas por el senador y gobernador electo, Arcioni lo desafía a que “haga lo que quiera” con los nombramientos porque no tiene nada que esconder, y que de todos modos está dispuesto a darle las leyes de endeudamiento que necesita. Más allá de su opinión, hay que ver si la idea es acatada por la mayoría de los diputados en la Legislatura.

Arcioni asevera que los nombramientos que Torres está viendo en el Boletín Oficial, son los pases a planta permanente de gente que estaba en la planta transitoria hace años, pero su sucesor lo desmiente: dice que los mismos gremios de ATE y UPCN se lo están denunciando como una decisión unilateral, y que, en el medio de los listados de personas que esperan hace años, “se cuelan” apellidos conocidos de funcionarios, así como “esposas, hijos y sobrinos” de gente del gabinete.

De ahí la idea del censo, para auditar cada nombramiento. Una vez que cuente con todos los datos, ¿se animará Torres a dejar en la calle a cientos de empleados públicos? Ese parece ser uno de los primeros desafíos que tendrá que afrontar, además de encarar el problema de la deuda, para el que ya tiene un plan.

Nuevo bono

El equipo económico de Torres trabaja contra reloj en la redacción de una ley que buscará autorizar al nuevo gobierno a realizar todas las operaciones necesarias desde lo financiero para afrontar el peso de la deuda del Bocade así como de los endeudamientos con el Fondo Fiduciario y con el sistema de Letras del Tesoro.

La principal idea dentro del proyecto es tomar un nuevo endeudamiento para pagar el anterior, lo que se conoce como “reperfilar”. Apuntará especialmente a los vencimientos más inmediatos, que en 2024 rondarán los 137 millones de dólares, un monto imposible de afrontar con los actuales ingresos de regalías, que quedarían totalmente comprometidos.

El objetivo será salir a tomar un nuevo préstamo en mejores condiciones de tasa y con un plazo de gracia que permita ir afrontando el pago del Bocade, y “liberar” los ingresos provinciales para el pago de gastos corrientes como el pago de salarios y de certificados de obra, así como los compromisos con la obra social Seros y los proveedores.

El equipo económico de Torres entiende que la emisión de un nuevo bono no debe ser considerada un aumento de la deuda, si no un cambio de acreedor: se toma dinero para cancelar obligaciones con los acreedores del Bocade, a la espera de que los ingresos se estabilicen y que los vencimientos sean afrontables.

Preocupan especialmente los primeros dos años de gestión, lo que Torres llamó una “bomba de tiempo”, porque ahí se producen los descuentos más altos en dólares, renegociados en 2021. Las deudas en pesos tienen como principal acreedor al gobierno nacional, y quizás puedan destrabarse con cintura política.

Para que se pueda avanzar en esta estrategia y ganar tiempo, hace falta que el proyecto vaya ahora la Legislatura -donde quedan apenas tres sesiones- y la Cámara de Diputados lo apruebe en un trámite “exprés”, algo que no parece sencillo. De no ser así, Torres deberá esperar a la nueva Legislatura, en la que tendrá mayoría.

Transición incómoda

Para que todo este diseño avance sobre ruedas, la reunión del lunes entre Arcioni y Torres deberá terminar bien. Nuevamente está previsto que sea a solas, cara a cara. Si la discusión por las designaciones no arriba a buen puerto, Torres ha anticipado a sus allegados que no tiene problema en dejar en compás de espera todos los proyectos, que también incluyen la nueva Ley de Ministerios y una Ley de Emergencia.

“Se cortará la transición, y tendremos que esperar, pero si hay algo que no soporto es que me tomen por tonto”, se escucha decir a Torres al borde de la ira, respecto a las firmas silenciosas de pases a planta que estuvo viendo en estos días. ¿Alcanzará la explicación de Arcioni de que se trata de personal de la planta transitoria que ya estaba hace años? ¿Qué sucederá con los actuales funcionarios que quedaron nombrados?

Mientras tanto, otra preocupación flota en el aire: la paritaria salarial pendiente para octubre, en la que el gobierno se comprometió a revisar la pauta de 2023 para el cierre de un año que superará el 140 % de incremento del costo de vida.

El gobierno que llega, ruega que haya criterio en la firma de un aumento que puede elevar aún más una masa salarial estatal que para diciembre está prevista en $ 30 mil millones, y que llega al 80 % de los ingresos de libre disponibilidad que establece el presupuesto.

Aún restan dos meses para el cambio de gestión, y en el medio todavía queda una elección nacional en octubre y un posible ballotage en noviembre. Las cuentas están al límite y el diálogo político pende de un hilo. Buena parte del éxito de la transición de Chubut dependerá del encuentro que este lunes mantendrán Arcioni y Torres.