Memoria de los años oscuros en Comodoro: 13 jefes de la última dictadura esperan juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en ‘las casitas’ del RI8

Al cumplirse, este 24 de marzo, 48 años del inicio de la sangrienta dictadura militar que se prolongó entre 1976 y 1983 en la Argentina, el ejercicio de la memoria lleva a recordar que en Comodoro Rivadavia funcionó un centro clandestino de detención, por el que aún espera ser enjuiciado un total de 13 imputados por crímenes de lesa humanidad.

Entre las historias de quienes sufrieron torturas y vejaciones en el tétrico lugar conocido en la jerga militar como ‘Las casitas’ (dos construcciones con techos a dos aguas), que funcionó como sala de torturas del Regimiento de Infantería 8, de km11, se destaca especialmente el de Mirta Silveira, quien tenía 17 años al momento de ser detenida en su domicilio de esta ciudad, para sufrir todo tipo de tormentos y abusos de parte de sus captores, que la privaron de su libertad hasta el año 1980.

La causa 8008 fue elevada a juicio en julio de 2017, tras la investigación del Juzgado Federal y la fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, se encuentra a la espera del inicio del proceso, que debe ser llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de esta ciudad.  Los años transcurridos desde aquella elevación se explican por los recursos defensivos en contra de esta definición, además del fallecimiento de imputados y testigos. Fuentes de la justicia federal anticiparon, sin embargo, que el juicio se iniciará en los próximos meses. 

El caso involucra la investigación sobre 23 hechos de privación ilegítima de la libertad y torturas con picana eléctrica contra hombres y mujeres (que además sufrieron abuso sexual), en su mayoría jóvenes militantes del peronismo, tanto de Comodoro Rivadavia como, en algunos hechos, de la provincia de Santa Cruz.

RECUERDOS DEL HORROR

Hay que trasladarse en el tiempo para volver a observar la oscuridad de aquellos días. En el requerimiento de elevación a juicio planteado por el fiscal Norberto Bellver se lee una síntesis de los hechos ocurridos a partir de marzo de 1976 en Comodoro Rivadavia y otros puntos de la región:

“Previa detención por parte del ejército, la policía federal o la policía provincial, según los casos, las víctimas eran trasladadas al Regimiento 8. Muchas veces era torturadas antes, en las dependencias de alguna de esas fuerzas (en Comodoro, en la sede local de la Policía Federal). Otras de las víctimas secuestradas en la ciudad fueron conducidas a la sede local de Prefectura Naval Argentina, donde permanecían encerradas en calabozos en un sótano, y eran retiradas por las noches para ser llevadas al Regimiento y sufrir tormentos más brutales”.

Hay espejos que no son gratos de mirar, pero la memoria debería ayudar a evitar que la historia se repita:

“Al llegar al regimiento la mayoría de las víctimas eran alojadas en unas construcciones ubicadas por fuera del perímetro cercado de éste -sigue la descripción de la fiscalía-.   Se encontraban a unos 200 metros a la derecha después del puesto de guardia de la puerta de salida.  Se trataba de una casa grande y otra pequeña: a primera tenía entre 20 y 30 metros de largo y un techo a dos aguas, y se entraba por una puerta grande frente a la pista de aviación.  El ambiente interior era una especie de galpón, en el que había varias camas, a la que se les había extraído los colchones y quedaban a la vista los resortes”. 

Esa construcción constaba de habitaciones más pequeñas, en las que se alojaba a los detenidos. “Permanecían acostados y con las manos esposadas a los barrotes de  la cabecera de las camas.  Las habitaciones individuales estaban cerca del galpón, que era donde se efectuaban las torturas rutinarias”.

Durante todo el tiempo que duraban sus detenciones, las víctimas se encontraban privadas de todo contacto con el mundo exterior, con la única compañía de los ruidos de los aviones, de personal del ejército y de los gritos de sus compañeros de cautiverio al ser brutalmente torturados”.

“Cada detenido era desnudado, mojado y acostado sobre los resortes de las camas, donde los torturaban brutalmente. (…) Torturas tales como brutales palizas, aplicación de picana eléctrica en todo el cuerpo, abusos sexuales y violaciones; todo por alrededor de 3 horas cada vez, y en más de una ocasión por día. Una de las víctimas identifica al primer grupo como integrado por miembros del Regimiento 8, y al otro, por miembros de la policía federal y el Destacamento de Inteligencia 183, pero no es una afirmación verificable con otros testimonios como una práctica para todos los casos”.

Los detenidos permanecían en este lugar un determinado lapso, para ser trasladados luego a dependencias de Trelew o Rawson, donde comparecían ante un juez de apellido Garzonio que les aplicaba condenas a varios años de prisión, que se prolongaron hasta 1979 o 1980, sin ningún tipo de derecho de defensa, tomando en cuenta declaraciones extraídas a base de tormentos y sin considerar las denuncias por las vejaciones aplicadas por los secuestradores:

“Durante el tiempo (entre 15 días y 2 meses) que duraban las detenciones en el Regimiento, la alimentación era escasa o casi nula.  Una víctima relata haber comido sólo medio sándwich y media manzana durante todo el tiempo que estuvo detenido.  Otros, haber bajado alrededor de 20 kilos, o haber llegado a pesar 30 kg”.

UNA ADOLESCENTE DE 17 AÑOS VIOLADA Y ‘PICANEADA’, QUE OYÓ MORIR A SU HERMANO MIENTRAS LA TORTURABAN

Entre los 23 casos que conforman la investigación contra los imputados por torturas en el centro clandestino de detención que funcionó en Comodoro Rivadavia, tal vez el más emblemático, porque sintetiza toda la sordidez de los crímenes que aún hoy siguen impunes, es el de Mirta Silveira

El siguiente relato se desprende del requerimiento de elevación a juicio, que consta de 74 fojas, al que ADNSUR pudo acceder para reseñar la historia:

“El 1 de julio de 1976, entre las 14  y las 15  horas,  personas armadas vestidas de civil acompañadas por una persona también armada, que vestía uniforme verde y  portaba un fusil,  se  presentaron  en el  domicilio,  de Mirta Silveira, de 17 años (ubicado en barrio Newbery), y preguntaron por ella. A continuación, estos individuos ingresaron a la casa sin orden judicial y comenzaron a revisarla. Se encontraban también los padres, la hermana y los  dos  hermanos menores de Mirta.  Ella fue detenida por la persona uniformada. Los demás le preguntaron ‘dónde estaban las armas’.  Lo mismo había sucedido en un allanamiento anterior, un mes antes, luego de que el hermano de Mirta, Adolfo Edgardo Silveira, fuera detenido en una reunión en el Jockey Club, donde trabajaba”.

La situación de otro de los hermanos de Mirta cobrará un contorno más dramático semanas más tarde, cuando se enterará que murió, por el relato de otros detenidos, en una de las sesiones de tortura.

“Mirta sabía que iban a buscarla a ella para detenerla por su militancia en la Juventud Peronista -sigue la síntesis del fiscal-. Cuando ese momento llegó le dijeron: ‘Nos vas a tener que acompañar’. Su padre preguntó por qué se la llevaban y no le respondieron. También secuestraron del domicilio los libros ‘El Profeta’ y ‘Viven’. La esposaron y la subieron a un Ford Falcon.  Aproximadamente a dos cuadras, la tiraron abajo del asiento y le pusieron una capucha”.

En un primer momento la llevaron a la delegación de la Policía Federal, la trasladaron hacia el RI8, donde al llegar, “le quitaron toda la ropa y le  aplicaron picana eléctrica en todo el cuerpo, mientras la seguían interrogando sobre si conocía o no a determinadas personas. Algunos de los nombres que le mencionaron eran los de sus hermanos Adolfo Edgardo y Guillermo David; también el de su amiga Edita Rubilar”.

Posteriormente la trasladaron hacia el RI8, a las construcciones mencionadas, donde la ataron a una de las camas metálicas y le aplicaron picana eléctrica. En algunas de esas sesiones, la torturaron junto a su hermano Adolfo.

“En uno de los momentos en que estaba esposada a la cama, los interrogadores abusaron sexualmente de ella”, sigue el relato de la fiscalía. Posteriormente, simularon hacer un acta para sancionar a los autores del hecho, lo que sería desestimado posteriormente por el juez. Fue en esa circunstancia cuando Mirta escuchó gritos de dolor proveniente de otra de las habitaciones y creyó reconocer la voz de su hermano.

Preguntó si, efectivamente, se trataba de su hermano, pero le dijeron que no. En el testimonio de otra de las detenidas, Edita Rubilar, amiga de Mirta, se corroboraría que efectivamente era el hermano de Mirta, de nombre Guillermo Silveira, a quien habían trasladado desde La Plata y de quien no volvieron a saber más nada.

“Se nos va , se nos va”, fue la expresión que escuchó Edita Rubilar, de parte de los captores, luego de la brutal golpiza que le daban a quien ella reconoció, por la voz, como Guillermo Silveira en el cuarto contiguo. Dijeron que lo llevarían al hospital Regional. Nunca más se supo de él. Es uno de los miles de desaparecidos de aquella época oscura.

Tras nuevos tormentos y derivaciones hacia una comisaría de la ciudad, la trasladaron a Rawson, donde quedó detenida junto a su amiga Edita Rubilar. El juez Garzonio la condenó a 5 años de prisión, “por tenencia de armas y actividades subversivas”.

En diciembre de aquel año, 1976, las trasladaron hacia el penal de Bahía Blanca, luego a Devoto, hasta que en 1979 les concedieron un ‘beneficio’ de libertad vigilada, para regresar a Comodoro Rivadavia y cumplir con presentaciones periódicas ante el Comando o la Unidad Regional de Policía.

En octubre de 1979 le hicieron firmar un papel y le informaron que ya no debía volver a presentarse, con un detalle adicional: le hicieron pagar las costas del proceso.

No terminó ahí el tormento. A mediados de 1980 Mirta fue nuevamente detenida, apenas 4 días después de haber dado a luz a su primer hijo. El pretexto de los policías federales, vestidos de civil, fue que “no había cumplido con la condena a 5 años de prisión”.

“En la Alcaldía no recibía atención médica adecuada, pese a que tenía pérdidas.  Silveira tuvo que desarmar el colchón para improvisar paños" -sostiene el relato del fiscal-. Tiempo después del comienzo de su (nueva) detención, la trasladaron a una comisaría de Rawson. Un sujeto la reconoció y dijo que se trataba de un error, pidiéndole ‘disculpas’, pero al día siguiente la llevaron al Juzgado Federal y le informaron que debía ser trasladada al penal de Devoto. 

 Sin embargo, permaneció en la Alcaidía de Trelew, donde la reconoció el coronel Diz, que era de Comodoro Rivadavia y se desempeñaba como comisario inspector de la policía provincial, quien se comprometió a ayudarla. En diciembre de 1980 pudo, por fin, regresar a Comodoro Rivadavia. 

Obviamente, su vida ya no sería la misma, ya que había quedado marcada por la sórdida historia de sus años de detención clandestina. Tenía apenas 22 años, pero ya había conocido la tragedia de todo un país en carne propia.

TRAS 7 AÑOS DE LA  ACUSACIÓN, SE ESPERA EL INICIO DEL JUICIO

El juicio que tiene pendiente de realizar el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, a siete años de haberse elevado el requerimiento, en julio de 2017, debe resolver las acusaciones contra los 13 imputados, que en la causa están identificados y responsabilizados del siguiente modo:

Jorge Alberto Chanfreau, quien se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería 8 desde el 16  de octubre de  1975 hasta el 15 de diciembre de 1976. Se le reprocha que, desde su posición de comandancia del área, tuvo poder de mando sobre todos los agentes integrantes del Ejército y de las fuerzas de seguridad subordinados jerárquicamente a él.

“Constituyó, de este modo, un eslabón clave en la transmisión e implementación del plan criminal pergeñado por el Comandante en Jefe del Ejército Argentino, reimpulsando tales órdenes, a través del aparato de poder a su cargo, hacia quienes resultaron ser los ejecutores directos de los delitos cometidos en el marco de la represión ilegal”, sostiene la acusación fiscal.

La acusación principal es por una asociación ilícita, en este caso como jefe y organizador, para cometer una serie de delitos que van desde la violación de domicilio hasta la privación ilegal de la libertad, agravado por mediar vejaciones y apremios ilegales   e imposición de  tormentos reiterados a las víctimas (en 18 hechos), además del homicidio de Guillermo Silveira y el abuso sexual de las detenidas Edita Rubilar y Mirta Silveira.

Con variados modos de participación pero como parte de la misma organización criminal, los demás imputados son los militares (con distintos grados de jerarquía) Eduardo Alberto  Rodríguez, Fernando Julio Pedernera y un integrante del batallón de Inteligencia.

La nómina de 13 imputados se completa con Carlos Daniel Moreno, de la Policía Federal; y  Mario Enrique Pérez, Francisco Roberto Blumetti, José Mercedes Muñoz, Francisco Olegario Sevilla, Carlos Alberto Seguel Páez, Rafael Augusto Manuelides (integrantes de la Policía de Santa Cruz),Carlos María Gómez Coll y Alfredo Pablo Lisseri (de Prefectura).

También quedaron pendientes de elevación los casos de Italo Pasquini, fallecido en 2022 y de René Beltramone, por incapacidad devenida de enfermedad, sujeto a presentación de certificados médicos.

“Se  ha probado que  cada uno de  los imputados efectuó  un aporte concreto  para la comisión de  los  delitos señalados, ya que  esta práctica ilegal  de torturas, cautiverio y desaparición fisica de personas requería a las claras, la coordinación de un número significativo de personas y  tareas que  se tradujo en la individualización, persecución, aprehensión, cautiverio, interrogatorio bajo tormentos,  análisis de   información y hasta eliminación física de las víctimas”, sostiene la acusación del fiscal y avalada por la jueza federal de primera instancia, Eva Parcio.

La nómina de las víctimas que sufrieron tormentos en las casitas 39 y 40 es la siguiente, según consta en el auto de elevación a juicio:

-Edita del Carmen Rubilar.
-Mirta Silveira Krieger.
-Luis Antonio Porciel.
-Guido Adrián Ñancupel Uribe.
-Adolfo Edgardo Silveira.
-César Roberto Vivar.
-Hugo Luis Lorenzi.
-Alberto Enrique Maruco.
-Ramón Horacio Torres Molina.
-Jorge Armando Demetrio.
-Francisco Alberto Ledesma.
-Miguel Angel Anchordoqui.
-Osvaldo Pablo Stoyanof.
-Victor Benamo.
-Guillermo David Silveira (desaparecido, presuntamente asesinado en el interior centro clandestino).
-Héctor Gustavo López.
-Jorge Alberto Morgavi.
-Eloíso Quinteros.
-Hugo Llamazares.
-Luis Noya.
-Héctor Bautista Quintero.
-Raúl Oreste Gallardo.
-Valentín Casas.