La paz social en negociación: ¿quién pagará los efectos de la crisis de la cuenca?
COMODORO RIVADAVIA (ESPECIAL PARA ADNSUR / Por Raúl Figueroa y Ana Tronfi) – Está claro que el lunes no será un día de soluciones mágicas para la crisis petrolera que sacude al mundo, cuyos coletazos vinieron –y para quedarse- en la cuenca del Golfo San Jorge. En la mesa que reunirá a funcionarios de Nación, operadoras, gremios y al gobernador Mario Das Neves, sin embargo, sobrevolará el gran interrogante: ¿cómo se sostendrá la paz social? Sin una mesa de acuerdo que evite paros y cortes de ruta no habrá incentivo al barril que valga. Ni posibilidad de reclamar que se sostengan los niveles la inversión. La encrucijada para los actores es grande: el grave contexto demanda una acción coordinada y concesiones mutuas. Porque detrás está la otra gran pregunta: ¿quién pagará los efectos de esta crisis?
Para el intendente de Comodoro, Carlos Linares, este último interrogante tiene una respuesta: “tienen que pagar los que tienen. Las operadoras y Nación”, dijo esta semana en Rawson. Sin embargo e hilando más fino, la mesa de negociación instala otros temas en escena ya que nadie cederá sin conseguir algo a cambio.
La primera decepción para los que esperan una solución mágica: un paliativo que lleve el barril de exportación a 54,90 dólares parece totalmente imposible de alcanzar, en un marco en que el gobierno nacional recorta subsidios a otras áreas de la economía. Aun en el lejano caso de que hubiera un aporte, sería un simple placebo para una industria cuyas inversiones se definen en el largo plazo. Un año de subsidio por parte de Nación no parará los efectos de la caída del precio internacional del crudo.
Si el eje es la paz social, la variable son los trabajadores. El secretario general del Sindicato de los Petroleros Privados, Jorge Ávila, lo sabe. Detrás de la amenaza de la Patagonia Rebelde, sin embargo, están las alternativas planteadas en la mesa en los últimos meses con las operadoras petroleras para evitar despidos y sostener la actividad en los yacimientos.
La propuesta que aparece como alternativa es la reducción de jornada de trabajo, reduciéndose de 12 a 8 horas. Esta posibilidad estuvo sobre la mesa de discusión con las principales operadoras de la región: apareció en los albores de la crisis, sobre fines de 2014 y principios de 2015, evaluándose para el caso de Tecpetrol. Al principio fue rechazada por el sindicato y en aquel momento se encontraron otras alternantivas, como el hecho de que otras operadoras compraran parte de la producción de Tecpetrol para que ésta se beneficiara con el precio interno. Pero esta iniciativa no se pudo sostener en el tiempo.
En los últimos días, reapareció en escena el recorte de la jornada de trabajo. La propuesta se habría dialogado en las reuniones individuales con las operadoras. En el caso de PAE, se habría propuesto restablecer la mayor cantidad de equipos que habían sido afectados al plan de vacaciones anticipadas, proponiendo un diagrama de 8 horas para poder sostener los puestos de trabajo. De hecho en Neuquén YPF planteó un plan de "rotaciones" con el fin de mantener ocupada la mano de obra "excedente" y evitar despidos. En esta cuenca una asamblea gremial deberá evaluar la propuesta, aunque en principio se escuchan rechazos por lo bajo debido a la afectación salarial que esto implica.
Sin embargo, se mira con atención el caso de esta otra provincia productora de hidrocarburos: en Neuquén se presentó un procedimiento preventivo de crisis, que posibilita este tipo de readecuaciones y suspender temporalmente alcances del convenio colectivo de trabajo. Fuentes de la industria aseguran que no hay muchas chances de que se haga algo distinto en cada cuenca, por lo que se da por sentado que similar iniciativa se podría adoptar en la cuenca del Golfo San Jorge.
En la cuenca neuquina, bajo el amparo legal del procedimiento de crisis, la CEOPE (Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales) plantea la posibilidad de suspender personal. ¿Cederán los gremios ante este escenario? ¿Cómo se lo comunicarán a sus bases? Se estima que, en caso de avanzar en la reducción de jornadas de trabajo, habría una afectación salarial que desde ámbitos gremiales se estima en el orden del 25 por ciento. Por eso el tema debería ser resuelto por una asamblea, para establecer si se acepta o no esa alternativa, planteada durante la semana como una posibilidad para evitar despidos.
En este contexto, ¿qué piden las operadoras a cambio?: mejorar los niveles de eficiencia para reconvertir la actividad. Y le apuntan a la masa trabajadora: los niveles de ausentismo alcanzan hasta el 15 por ciento y se espera que –aún en un marco de redistribución de horas para sostener todos los puestos laborales- este índice se reduzca al 3 por ciento.
Otro paso es la implementación de un plan de jubilaciones. El sindicato detalló meses atrás que habría 400 operarios en condiciones de cumplir con este paso, además de coincidir en buscar reducir las tasas de ausentismo. Por entonces, el propio Jorge Ávila expresó: “se tienen que preocupar los que no supieron cuidar su trabajo”.
La mirada también está puesta sobre las PyMEs -grandes ausentes en la mesa de diálogo abierta con el Gobierno nacional- que trabajan para operadoras en esta cuenca. Y en este caso el juego de concesiones no involucra solo a las empresas de la cuenca, sino a los propios gremios. Un ejemplo: otra de las alternativas que surgió en las discusiones de los últimos días se vincula con la posibilidad de eliminar el tratamiento de piletas secas, que consiste en el uso de bateas en lugar de piletas de drenaje en las áreas de trabajo. Esa modalidad se había puesto en vigencia en los últimos años y generaba un fuerte impacto laboral a favor del sindicato Camioneros, mientras que en caso de volver a la modalidad de pileta tradicional, habría un ajuste de costos importantes en ese ítem.
En medio de las negociaciones y amenazas cruzadas está la postura del gobernador Mario Das Neves. Cauto y mesurado a la hora de tensar la crisis petrolera, mandó mensajes al gobierno de Mauricio Macri: no asistió a la reunión opositora de gobernadores del Frente para la Victoria, a la que calificó de “contubernio”.
El impacto de la crisis en Chubut está en escena: la disminución de actividad y los menores precios del petróleo provocan una pérdida en ingresos por regalías que hoy se estima en 80 millones de pesos por mes (1.000 millones de pesos en el año) en Chubut. La pérdida de ingresos sería mayor al producirse una merma en la producción de petróleo, debido a que a la provincia no le conviene ofrecer más volumen de crudo al mercado, ya que el excedente que va al mercado de exportación se ve impactado por los precios bajos. Y en el mediano plazo, el compromiso de que YPF compraría el equivalente a la mitad del crudo excedente aparece como un atenuante para una parte del problema, pero tampoco sería la solución definitiva.
Sin soluciones mágicas a la vista, está claro que los actores deberán coordinar acciones, fijar metas y poner todo sobre la mesa. Cuando hubo precios altos, las provincias petroleras subsidiaron al Estado nacional y a los consumidores de combustible de todo el país. En el período 2003-2014, la cuenca del Golfo San Jorge cedió a Nación más de 5.000 millones de dólares por cobrar regalías a precios internos (más bajos que el internacional). Desde Chubut se cedieron más de 2.000 millones de dólares, lo que al tipo de cambio vigente hasta diciembre último equivalía a un presupuesto anual completo.
La reunión de este lunes -en donde nadie cederá nada gratis- tiene más aspecto de punto de partida que de cierre de una crisis que demandará madurez política, sindical y empresarial.
