El debate por los sueldos de la política: cuánto cobran el gobernador y sus ministros, al lado de legisladores y jueces

¿Puede alguien dedicarse de lleno a la actividad política con el sueldo de un asalariado común? ¿Está bien o está mal que en un diputado cobre como un docente o un empleado de comercio? Preguntas que podrían formularse de mil maneras, llegando a la siguiente: con sueldos en el límite de la canasta familiar, ¿habría mejores o peores funcionarios? Y el otro dilema: ¿cuál es la lógica que rige los valores salariales en los diferentes estamentos del estado? Desde ya anticipamos, no hay lógica.

Elegimos meternos de lleno en el asunto del sueldo de los funcionarios políticos, un debate que siempre está latente, del que no se habla mucho a micrófono prendido, pero forma parte de reclamos y comparaciones eternas, que incluso enojan -por lo elevados- o sorprenden -por lo extrañamente bajos- a los vecinos de a pie cuando se enteran del recibo de haberes de las autoridades.

La discusión entró en la agenda nacional dos semanas atrás, cuando de manera veloz y vergonzante (casi a escondidas) los senadores se triplicaron la dieta, y la llevaron de $ 1,7 a un sueldo neto de $ 4,5 millones de bolsillo. Fue luego de que una suba anterior que terminó siendo anulada por un planteo del Presidente Javier Milei, quien también retrotrajo por decreto los sueldos que se habían actualizado de manera automática en el Ejecutivo Nacional en marzo.

La cuestión se volvió a instalar en la Legislatura de Chubut la semana pasada, cuando un diputado presentó un proyecto de ley para equiparar la dieta de un legislador al ingreso de un director de escuela con 10 años de antigüedad. La propuesta no tiene chances de ser aprobada, pero reavivó el debate en el recinto en torno a la “austeridad”.

En el caso del Ejecutivo, el gobernador Ignacio Torres cuenta en la Ley de Ministerios con un artículo que le permite reglamentar por decreto el ítem responsabilidad funcional para los miembros de su gabinete. Sin embargo, seis meses después, el mandatario aún se niega a dar la autorización al Ministerio de Economía para que le ponga un valor monetario a las unidades retributivas con carácter de adicional funcional remunerativo, tal como lo faculta el decreto 118 de mediados de febrero.

La consecuencia es que los salarios del gabinete están por debajo de muchas áreas como la Dirección de Rentas o Vialidad Provincial, para no mencionar organismos como el ISSyS, Fiscalía de Estado o el ENRE. Y ni hablar de la comparación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, donde se cobra el doble que en el gobierno.

Claro que estamos hablando de los recibos de sueldo en blanco, a valores netos de bolsillo. La aclaración vale porque en el Ejecutivo, como vamos a explicar luego, existen gastos reservados y porque muchas veces hay funcionarios que perciben ingresos extra por representar al estado en sociedades y directorios.

Sueldos en Chubut

De acuerdo a la página de transparencia del Gobierno de Chubut, el sueldo de bolsillo del gobernador Ignacio Torres es $ 1.461.845,00. Se trata del cargo de máxima responsabilidad política en una provincia con una población de 600 mil habitantes.

El titular del Ejecutivo cobra menos que lo que en la misma página indica que perciben todos los empleados de la Dirección General de Rentas, por mencionar sólo un ejemplo, que podría incluir a los 300 empleados de la Legislatura.

De acuerdo a esta información oficial, el sueldo de un ministro del gabinete chubutense oscila de $ 1.262.000 a $ 1.317.000, mientras que los secretarios de Estado perciben salarios de 1,2 a 1,3 millones de pesos mensuales. En tanto un subsecretario, promedia entre 900 mil y un millón de pesos.

En la escala provincial, dentro del Ejecutivo el cargo con el sueldo más elevado es el del Escribano General, que es de $ 4.870.000, un ingreso que triplica al de Ignacio Torres. Y salarios como la Asesoría General (3,7 millones), Contaduría General (3,2 millones), están también encima del doble de lo que cobra el gobernador.

Es importante aclarar, de todos modos, la cuestión de gastos reservados. Una figura polémica que existe en todo el país, que consiste en fondos públicos sobre los que no se rinden cuentas, ya que tienen un uso secreto, que suele estar vinculado a investigaciones por ejemplo. En el caso del Gobernador, eran de 2 millones de pesos según valores del mes de diciembre. Ese tipo de cuenta reservada la tienen sólo algunos funcionarios, como por ejemplo el área de Seguridad.

Pero hay que decir también que el sueldo de un ministro muchas veces se termina de conformar con otros ingresos que no figuran en el recibo, sino que se facturan aparte. Por ejemplo, participar como directores en empresas como las hidroeléctricas, los brokers, u organismos nacionales como el CFI, el Consejo Federal Pesquero o el Cofesa de Salud.

Si llevamos la comparación a nivel nacional, hay que recordar que el tema está en agenda porque además de lo que pasó en el Senado, hace 45 días surgió una enorme polémica en por la denuncia de la oposición de un aumento en los sueldos del Ejecutivo, que el presidente Milei luego retrotrajo.

Según se difundió, el sueldo del Presidente había pasado a $ 6.025.801, volviendo en la actualidad a $ 4.068.738; un ministro de Nación había subido a $ 5.311.463 y volvió a $ 3.584.709. Y un secretario se iba a $ 4.864.945 y quedó en $ 3.282.709, dato que circuló en los últimos días al conocerse al ascenso de Manuel Adorni a esa categoría.

Esto significa que el gobernador de Chubut cobra el 40 % de lo que percibe el Presidente y un ministro de Chubut ($ 1,2 millones) apenas un tercio de su par a nivel nacional ($ 3,6 millones).

Esta comparación también es asombrosa dentro de la misma provincia del Chubut, si se compara a las cabezas de los poderes. El sueldo del Gobernador es la mitad que el ingreso de un diputado ($ 3 millones entre dieta y gastos de bloque) y mucho menos que un ministro del Superior Tribunal, cuyos sueldos van de 3 a 4 millones de pesos mensuales de acuerdo a la antigüedad.

Como se sabe, el Poder Judicial están “enganchado” por acordada a los aumentos que se fija la Corte Suprema de Justicia, que son permanentes. Y en el caso de los diputados, ellos mismos se fijan la dieta, lo que dio lugar a un interesante debate en Cámara la semana pasada.

Dietas de legisladores

Uno de los últimos proyectos de ley ingresados en la Legislatura lleva la firma del diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos. Propone “desindexar las dietas de los Diputados Provinciales del escalafón, paritarias y convenios de los empleados legislativos y congelar dicho monto hasta equiparar las dietas de los legisladores, a un (1) Cargo Categoría 1-06 del Nomenclador de Cargos Docentes Ley VIII N° 71 correspondiente a Director/a de Primera Categoría de Escuela Común con una antigüedad de 10 años”.

Hay que decir que, de acuerdo al chequeo de esta columna, el salario de un director con esas condiciones ronda los 764 mil pesos. El proyecto establece una vez equiparados los sueldos se deben "indexar las variaciones de las dietas legislativas a las paritarias docentes. Ningún cargo del escalafón docente -Ley VIII N° 71- podrá ser inferior a la canasta familiar patagónica”.

Y agrega que las dietas y salarios “serán incompatibles con cualquier otro ingreso económico, público o privado, derivado de jubilaciones o pensiones o de rentas de explotaciones privadas de cualquier índole, debiendo los agentes comprendidos presentar declaración jurada de ingresos ante los organismos empleadores”.

Luego en la sesión, el diputado dijo que su idea es “congelar la dieta, sacar los gastos de bloque y equiparar el salario de un diputado con el cargo de un directivo de una escuela con 10 años de antigüedad, para que no estemos separados de la realidad de aquellos trabajadores para los que legislamos”.

“No corresponde que tengamos un nivel de vida con excedente, sino asociado al nivel de vida de los trabajadores, y que ese dinero sea utilizado para que ningún docente esté debajo de la canasta familiar patagónica”, dijo Vasconcelos, y remarcó “yo utilizo 600 mil pesos para vivir y llegar a fin de mes”.

Según aclaró, dentro del FIT, “estamos a favor de que se cobre una dieta para que la clase obrera pueda formar parte del parlamento”, pero el problema es el conjunto del ingreso, ya que “los gastos de bloque son $ 500 mil por diputado, más los $ 2,5 millones que se perciben en términos de dieta, se llaga a $ 3 millones, y a eso se le suman pasajes y viáticos”.

Debate

Lo que el diputado pone sobre la mesa, apunta al paraguas inventado en la gestión 2011-2015, cuando se sancionó el convenio colectivo del personal legislativo y se invirtió el orden de los factores: antes los diputados se subían la dieta por su lado, y el sueldo de los empleados era aparte; pero desde hace una década, la “avivada” es que en la comisión paritaria los diputados negocian la suba salarial del personal y a su vez están “enganchados”.

Este invento fue una solución, porque es la negociación paritaria más fácil del mundo, dado que el mismo empleador (los diputados) están negociando con los trabajadores al mismo tiempo el sueldo propio, de los patrones. Cuando les dan un porcentaje a los empleados, se lo están dando a sí mismos.

Esto es lo que el proyecto de ley propone derogar, y habla de “desindexar”. Y pide que, en vez de estar equiparado a ese poder, queden igualados al director de una escuela. Claramente, una idea que no tiene ninguna chance de ser aprobada, pero generó inmediatamente rebote en Cámara.

Daniel Hollman, presidente del oficialismo, le respondió en Hora de Preferencia que “ser diputado tiene algunos privilegios que no tienen otros trabajadores, pero quiero destacar que la mayoría de los bloques hemos tomado decisiones, por ejemplo, respecto a vehículos que fueron donados de manera coordinada con el gobierno”.

“También hemos regulado el uso de los vehículos y hemos decidido que quienes tienen una vivienda otorgada por la Legislatura deban pagar un alquiler y que el dinero que se recauda lo donamos a las escuelas y hemos avanzado con la austeridad regulando viáticos y comisiones de servicios”, destacó el diputado de Despierta Chubut.

Y respecto a los gastos de bloque, dijo Hollman que “llama la atención que (Vasconcelos) sea una de las personas que todos los meses utiliza este dinero y lo mismo pasa con el tema de los pasajes, que es algo que no se decidió en esta Legislatura, existe un cupo y la mayoría son destinados a gente que viene a pedirnos una mano”.

A su turno, la diputada de Camioneros que integra el bloque Arriba Chubut, Tatiana Goic, dijo que “estas cosas se tienen que hablar de cara a la sociedad y hacernos cargo, ¿cuánto cree que tiene que cobrar un diputado?”. Agregó que “cuando una persona de la clase trabajadora quiere acceder a una banca y -como yo- vive en Comodoro Rivadavia y se tiene que trasladar continuamente a toda la provincia, no podría, y ni hablar si no tiene un vehículo”.

“Entonces la política estaría limitada a lo que él llama la clase dominante, los que tienen plata, el resto quedaría afuera”, disparó Goic, y pidió “hay que ser responsable a la hora de dirigirse a la ciudadanía y no golpear tanto a la política, porque terminamos generando un clima por querer quedar bien y obtener una nota en un medio”.

Cuánto es mucho

En el mismo sentido, se expresó la senadora radical Edith Terenzi, muy cuestionada por haber votado a favor del aumento de la dieta de los senadores. La Legisladora dijo “lo que hay que hacer es dejar de ser tan hipócritas. Yo cobro un millón setecientos mil pesos. No es el momento, es cierto”.

“La sociedad está haciendo un esfuerzo grande, también es cierto. Lo que hay que reconocer es que el Senado tuvo en su momento un aumento, que lo trató el presidente de la Cámara de Diputados con la con la presidenta del Senado, y el Poder Ejecutivo se mete mal en las decisiones que toma el Legislativo y lo retrotrajo”, señaló.

Y en una frase que quiso justificar el enojo de los senadores, explicó “no era un aumento tan grande -en alusión al anterior- eran dos millones novecientos". Claro, la comparación era con el aumento que se terminó dando después. Pero las cifras suenan obscenas al ciudadano común que vive de un salario de 500 mil pesos mensuales.

Disparó Terenzi que "lo voté porque no voy a ser hipócrita bajando la mano para que otros voten en el aumento, queden expuestos y después cobrarlo porque esto va a pasar con el resto de los senadores que no lo acompañaron”.

Agregó que “el hecho de que un senador cobre $ 1,7 millones también tiene que ver con el desprestigio en el que se ha inmerso a la clase política, sobre todo al Senado de la Nación. Quienes están propiciando dejar sin efecto la resolución fueron quienes no la acompañaron, pero también hay que decirlo que fueron quienes dieron los dos tercios para habilitar el tratamiento”.

De este modo, disparó contra su colega chubutense, Andrea Cristina, quien cuestionó el aumento en sus redes sociales, pero se abstuvo de votar y dio quórum. Luego la joven comodorense -asumió con 32 años en diciembre- indicó que “hay un proyecto de resolución, al que yo adherí, que pide una sesión especial para derogar la resolución que dispuso este aumento. Si esto no se lleva a cabo, yo podría contemplar algún tipo de donación, u otra actividad, para compensar este aumento. Es una posibilidad y está en análisis”.

Hipocresía

La palabra que la senadora Terenzi puso sobre la mesa y que ronda todo el debate es “hipocresía”. Alude a que buena parte de la dirigencia política esgrime un discurso “austero” públicamente, pero por lo bajo se queja de que gana poco. Y que muchos hacen acting de que están en contra de las subas, pero se prestan a la mecánica del sistema sin poner trabas.

Cuando se habla en off, las autoridades del Ejecutivo en Chubut -en sintonía con el discurso de Milei de “no hay plata”- esgrimen que no es el momento para aumentos a la planta política. Es cierto, como también es cierto que nunca es el momento y que cada vez que haya una actualización va a caer mal a la población.

El debate de fondo es si la dirigencia política debe cobrar un buen sueldo o no. Están quienes argumentan -como Goic- que la política ad honorem es para ricos, y que dejaría fuera del manejo de la cosa pública a la gente común, a los trabajadores que no podrían dedicarse de lleno. Otros aseguran que pagar sueldos bajos estimula la corrupción, justificando a los ladrones de guante blanco. 

Hay que recordar que la provincia tiene una triste historia en el pasado reciente, de planillas Excel de funcionarios que cobraban “en negro” de la caja de retornos de la política, en el último mandato de Mario Das Neves. Bajo el discurso de la austeridad, se escondía una maniobra ilícita para “redondear” un salario más atractivo para los funcionarios políticos.

Y hay un tercer argumento, que es muy atendible: la vocación de servicio (la pasión por una ideología o un proyecto) está casi extinguida, y con sueldos bajos es casi imposible atraer a las personas más capacitadas, a los profesionales exitosos con credenciales en lo privado como para administrar el estado.

Esto lo saben quienes llegan a un cargo electivo, por ejemplo intendentes, gobernadores o presidentes, y luego tienen que armar un gabinete con gente “potable”, como se dice habitualmente. Es muy difícil que alguien esté dispuesto a resignar ingresos a costa del sacrificio de convertirse en un servidor público.

¿Cómo dejar un estudio privado con clientes, que factura millones al mes, para dedicarse a una actividad de exposición pública, que demanda 24 horas y un altísimo estrés, por un ingreso mucho menor? Es la respuesta que dan muchos profesionales independientes que son invitados a ocupar un cargo político.

Y en la práctica, se termina viendo siempre a los mismos apellidos que se reciclan en todos los gobiernos y termina ocupando cualquier tipo de funciones, una especie de expertos en todo que siempre están disponibles cuando no se consigue a nadie: son los que viven de la política y que ocupan los huecos que no quieren tomar los que eran la opción A, B o C.

En los últimos días, el ministro de Gobierno, Andrés Mesizner, dijo que trabaja con los gremios estatales en terminar con las “asimetría” entre los diferentes convenios de los empleados públicos. Una asimetría que hemos expuesto más de una vez y que es ostensible en los cargos más importantes.

Lo dicho, el Gobernador cobra la mitad que los diputados, un 40 % que su asesor de gobierno, y un tercio que su escribano. Y cada ministro y secretario, menos que los empleados de las carteras que ellos administran. Mientras continúe la hipocresía, seguramente el debate va a seguir en voz baja, porque hablar públicamente del asunto es “pianta votos”.