El Gobierno convocó a la CGT y a empresarios para negociar una reforma laboral ampliada en 2025

Este lunes 16 de diciembre se conoció que el Gobierno convocó a la CGT y a empresarios para negociar una reforma laboral ampliada en 2025. La medida apunta a fomentar la formalización del empleo, mejorar el sistema previsional y aumentar las afiliaciones sindicales, con el objetivo de aliviar las cargas sobre el sistema y ampliar la base de aportantes. El encuentro sería este miércoles 18 de diciembre a partir de las 17 horas.

En el marco de su agenda de reformas para el año próximo, el Gobierno, a través del Consejo de Mayo, avanza con una serie de modificaciones a la legislación laboral que buscarán implementarse a principios de 2025. La reforma, que se encuentra en negociación con la CGT, apunta a fomentar la formalización del empleo, mejorar el sistema previsional y aumentar las afiliaciones sindicales, con el objetivo de aliviar las cargas sobre el sistema y ampliar la base de aportantes.

En este marco, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, es quien lidera las conversaciones con la central gremial, buscando establecer un acuerdo que permita avances en la ley sin la intervención de partes ajenas a las negociaciones. 

"Queremos un sistema de acuerdo entre privados que no se vea afectado por más partes de las necesarias", afirmó un funcionario del Gobierno en declaraciones a la prensa. 

LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

Uno de los puntos clave que se analizan en las negociaciones es la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), a fin de incentivar la formalización del empleo. Desde el Ejecutivo también se evalúa la posibilidad de reducir impuestos al trabajo, como las cargas sociales, lo cual podría aliviar a los empleadores y estimular la contratación formal.

El Gobierno ha sido claro en su postura de no avanzar con una reforma sindical en el corto plazo, descartando así cualquier cambio en los puntos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que fueron frenados por la Justicia.

Entre estos puntos rechazados se encuentran la optatividad del pago de la cuota solidaria, la penalización de las asambleas de trabajadores y las medidas de fuerza, y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que buscaba imponer acuerdos específicos sobre los acuerdos más generales. 

Además, el Ejecutivo ha dejado claro que no se incluirán modificaciones a las elecciones sindicales ni cambios en el esquema de obras sociales. A pesar de estos rechazos, el Gobierno ya ha realizado ajustes importantes en la reglamentación de la reforma laboral, específicamente en la Ley de Bases, que fue modificada tras la presión de la CGT. 

Un cambio significativo se ha dado en el artículo 97, que permite a los trabajadores independientes contratar hasta tres empleados para un emprendimiento productivo sin que exista un vínculo de dependencia. Este sistema también incluye el aporte mensual correspondiente al régimen previsional, la obra social y el seguro. 

En cuanto al artículo 94, que penaliza bloqueos sindicales, el Ejecutivo optó por no reglamentarlo por el momento. Además de estos cambios, la Casa Rosada ya sancionó la creación de un fondo de cese de desempleo optativo, similar al que tiene la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), y dispuso la implementación de un período de prueba de seis meses, con una posible extensión de dos meses más, para empresas de entre seis y cien trabajadores.

Por su parte, la CGT ha mantenido su disposición al diálogo con el Gobierno. Luego de la renuncia de Pablo Moyano, su reemplazo por Octavio Argüello no ha modificado la postura de la central sindical, que descartó la convocatoria a un paro general y sigue apostando a la negociación.

Sin embargo, el líder sindical Hugo Moyano no descartó lanzar medidas de fuerza si no se cierra la paritaria con un aumento salarial del 15% para el período diciembre-febrero.

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR