Todos los cañones apuntan al 4 M: con su paquete de leyes bajo el brazo, Torres enfrenta al gran reto del inicio normal de clases

La mayoría automática del gobierno en la Legislatura sigue sin mostrar fisuras, y el gobierno de Ignacio Torres logró su gran objetivo del período de sesiones extraordinarias: tener la herramienta legal para ofrecer a los docentes un incentivo para no faltar a clases. Ahora la apuesta se verá en la cancha en marzo, primer momento clave de la gestión de cara a la sociedad de Chubut.

Luego de una campaña electoral en la que prometió solucionar el problema de la educación y la falta de clases a los alumnos, Torres pudo obtener una ley ya aplicada en otras provincias como Mendoza, que el gobierno anterior evaluó varias veces pero que nunca se animó a impulsar por falta de capital político.

Los diputados de Despierta Chubut le dieron el aval a un nuevo sistema que va a impactar en la liquidación de sueldos, con una especie de “paritaria doble” que ofrece a los docentes un plus salarial -también llamado premio o incentivo- del 15 % que cobrarán aquellos que no falten a sus tareas, y que no percibirán los tengan más de 3 inasistencias al mes o 10 al año.

Se trata de una propuesta resistida por una parte del sector gremial y sus trabajadores que lo ven como un retroceso en sus derechos, pero que tiene mucho respaldo de la comunidad de padres que están hartos de ver cómo sus hijos pierden calidad y contenidos y van quedando fuera del sistema a causa de la falta de clases.

De todos modos, como se dijo en el debate extenso y picante de la sesión del último viernes, la ley de por sí no garantiza nada aún, ya que se trata de una “apuesta” que por el momento no implica la seguridad de que convencerá a los docentes de no adherir a un paro, y cuyo efecto comenzará a verse directamente en esa primera semana que va del lunes 4 al viernes 8 de marzo.

Si sale bien, Torres habrá superado el primer gran desafío de su gestión con éxito y podrá mostrar a los chubutenses que lo votaron su capacidad de negociación. Pero si no sale bien, los padres de la comunidad educativa que vean la decepción de sus hijos van a mostrar su desencanto y el clima podría cambiar; incluso ya hay quienes especulan que puede estar en juego la cabeza de algún funcionario importante si el “experimento” no funciona.

Prueba y error

La primera semana de sesiones extraordinarias mostró un gobierno con medidas de distinto tipo, en las que se vio varias veces el experimento de “prueba y error”. La Ley de Transparencia en la Obra Pública tuvo apoyo casi total y fue vista como un primer paso en la búsqueda de dejar atrás las viejas prácticas del sistema de licitaciones y contrataciones, aunque el pedido del justicialismo fue ir más a fondo con otro proyecto más ambicioso.

Pero en el caso de la emergencia sanitaria, pensada como la herramienta “por la fuerza” para atraer desde lo salarial a los médicos a la provincia, finalmente fue dejada stand by y se optó “por las buenas”, por negociar dentro del convenio con los gremios. El secretario de Salud Sergio Wisky fue a la Legislatura a defender la iniciativa, pero luego entendió que había una instancia política previa con los trabajadores que se podía aprovechar.

Por otro lado, en el caso de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, el oficialismo debió sentarse con la oposición y los sindicatos, y también con intendentes como Othar Macharashvili, a consensuar reformas a una redacción original que dejaba muchas dudas. El dictamen final fue destacado como una muestra de apertura y de búsqueda de soluciones, aunque fue una señal de alarma respecto al cuidado en el envío de temas sensibles que no pueden salir a las apuradas sin previamente ser abordados con los actores del sistema.

Pero la cuestión docente fue un tema aparte, que abrió un fuerte debate que ADNSUR reprodujo de manera íntegra el último viernes. En este punto, la votación fue más ajustada y el oficialismo debió recurrir a sus votos propios, ante los pedidos de que vuelva a comisión a la espera de un consenso mayor.

Presentado públicamente el día anterior en un importante acto frente al Ministerio de Educación por el mismo gobernador Ignacio Torres, la Ley de Profesionalidad Docente fue descripta como el primer paso fundamental en el plan de la nueva gestión para salir de la crisis educativa. El dictamen final, a pesar de algún intento de negociación con el artículo 9, quedó tal cual el texto enviado por el gobierno: aquí no hubo chances de aceptar reformas porque no había tiempo. Queda por delante apenas el mes de febrero, y ya está encima marzo, el mes clave.

Los actores del sistema

Ahora quedará el desafío al gobierno de ver cómo la pone en práctica, porque se pretende contar con información en tiempo real de la asistencia de los docentes a las aulas. De hecho, históricamente ha sido una guerra de información el dato exacto de los porcentajes de adhesión a los paros, con una disputa de cifras entre los gobiernos y los gremios.

El sistema era tan caótico, y contaba con tantos pasos burocráticos, que alguna vez el ex ministro coordinador Federico Massoni decidió descontar en 2019 un importante número de días no trabajados de manera descontrolada, porque no contaba con las planillas de los directores con datos fehacientes.

En Educación explicaron a esta columna que el gobierno anterior pagó una suma millonaria por un nuevo sistema informático que se llamada de Agentes, que recién va a poder estar operativo en abril, porque nunca se implementó. Allí se cargan las altas, las bajas y las licencias. Y se espera que allí se cargue en tiempo real los datos de qué docentes no fueron a trabajar, y que las máximas autoridades cuenten con esos datos de manera inmediata.

Esa información dependerá de un actor clave en el sistema: los directores. También se puede sumar a los secretarios en el caso del nivel secundario. Se trata de cargos que juegan un rol estratégico, y hay que recordar que en alguna oportunidad hubo casos que, al adherir ideológicamente a una medida de fuerza, no terminaban informando de las inasistencias de los maestros para que no les descuenten el día.

Hay que recordar además que los docentes no son los únicos actores del sistema: también hay una sorda disputa salarial con los auxiliares, encargados del mantenimiento de las escuelas. Muchas veces ha ocurrido que no hubo clases no por paro de los maestros, sino de los porteros.

En ese sentido, hay que recordar que la ley de emergencia votada en diciembre, califica a los comedores escolares como servicio esencial y establece que las escuelas deben estar abiertas de manera obligatoria. Otra herramienta que se suma a la votada este viernes en la búsqueda del dictado normal de clases.

Negociaciones

Como se ve, el desafío del gobierno es cambiar una realidad educativa que a todas luces es paupérrima, pero valiéndose de los mismos actores que ya vienen en el sistema en los últimos años en los que hubo una enorme pérdida de días de clases y donde -esto es reconocido por todos y es un dato objetivo de la realidad- el salario docente se atrasó de una manera evidente y quedó entre los más bajos del país.

En paralelo a esta ley votada el viernes, el gobierno sigue negociando una paritaria salarial con gremios como Sitraed, que esta semana hizo una contrapropuesta mucho más ambiciosa de sumas de aumento al básico. Y en el caso de Atech, su dirigencia muestra una postura mucho más inflexible, mientras se analiza la inminente exoneración de la planta estatal de uno de sus principales referentes, como Santiago Goodman, quien fue condenado por haber participado en el incendio que destruyó el frente de la Legislatura en 2019.

La Ley de Profesionalidad Docente abrió un debate y sus resultados son aún inciertos, porque -por ejemplo- nadie supo explicar cuánto repercute este adicional en el salario de bolsillo. De acuerdo a la norma, el Ejecutivo puede ir modificando esta suma si lo considera necesario, y seguramente será algo a ir evaluando sobre la marcha.

Si el adicional implica una suma exigua, no convencerá a muchos docentes de no faltar a clase; pero si se convierte en un monto atractivo, será otro cantar. Entre la reglamentación de esta ley y la negociación paritaria abierta durante todo febrero, jugará un rol fundamental la cintura política de los ministros, especialmente la de Andrés Meiszner, con enorme experiencia en este tipo de instancias.

Los diputados cumplieron con su parte y ahora se evalúa si hará falta alguna otra sesión en febrero, o si todos los temas pasan al período ordinario de marzo; será el mes clave, donde además se verá el impacto de las medidas nacionales en el bolsillo de los asalariados, no sólo los estatales, así como en las arcas provinciales.

Lo que suceda en esos días, se cocinará previamente en febrero, cuando los docentes de a poco comiencen a retornar a su ámbito laboral. El gobierno logró cumplir con su objetivo y jugó una carta fuerte. Ahora llega el momento de mostrar volumen político.