Una de las noticias centrales de la agenda política de esta semana, fue el reclamo de Chubut a la Nación por un perjuicio en los ingresos por regalías hidroeléctricas en los últimos cuatro años. La suma reclamada asciende a $ 736 millones, lo que a simple vista parece un monto importante. Pero esa cifra puesta en contexto, en realidad alcanza para pagar apenas el 8 % de los sueldos de los empleados públicos de un mes.

El ejemplo anterior, sirve para tratar de tomar dimensión de los valores en un concepto relativo y no absoluto, porque los números fríos pueden marear, y no sirven de nada si no se los contextualiza. Por poner otro caso: la mega obra del azud del Lago Fontana que se supone va a solucionar en gran parte el problema de provisión de agua para toda la zona sur, se estima que costará $ 1.000 millones, apenas el 10 % del costo salarial de un mes en Chubut.

Algunos ejemplos más: la semana pasada, se licitaron 50 viviendas para Trelew, con un presupuesto oficial de $ 353 millones, el equivalente a apenas un 4 % de lo que demanda pagar todos los sueldos públicos en mayo. La renovación de Hospital Alvear demandará $ 115 millones; la nueva escuela de nivel inicial para Paso de Indios costará $ 125 millones. Se trata de dos obras de infraestructura de altísima importancia cuya inversión en cada caso no alcanza al 2 % de lo que se paga todos los meses en salarios.

Luego de los últimos acuerdos salariales, vuelve a ser importante el dato sobre el gasto total bruto, sumando aportes y contribuciones, que tiene el Estado Chubutense todos los meses para solventar a un total de 60.800 agentes entre activos y pasivos. De acuerdo a datos del Ministerio de Economía a los que tuvo acceso ADNSUR, aún sin conocer el monto del aumento que se acordará en la paritaria de mayo, la cifra total de la masa salarial de los estatales llegará el próximo mes a $ 9.492 millones.

En abril, la masa total fue de 8.400 millones, y a mediados del año pasado, antes de los últimos aumentos, era de $ 5.300 millones. Es decir que, en apenas un año, el costo total en salarios subió un 77 %. Si vamos hacia atrás en el tiempo, el salto más importante se notó en las famosas paritarias de 2019, que elevaron la masa salarial de $ 1.748 millones a $ 3.724 millones (un 113 % de golpe) y que luego con la aplicación de las tres etapas de la cláusula gatillo, llevó el total a $ 5.300 millones. Es decir que aquella firma de acuerdos salariales previo a las elecciones a gobernador, multiplicó por tres el costo en sueldos en menos de un año.

En las negociaciones paritarias en 2019 encabezadas por el ex ministro coordinador Marcial Paz, se cerraron acuerdos salariales que luego fueron impagables.

Viéndolo ahora a la distancia, y sumando el hecho de que la pandemia afectó de manera inédita los ingresos al año siguiente, se entiende como algo inevitable el pago escalonado y el atraso de tres meses en el pago de haberes, y hasta parece un milagro que se haya retomado la normalidad.

Volviendo a los números fríos, llegamos a nuestro título de hoy: el dato incuestionable es que entre junio de 2018 y junio de 2022, la masa salarial total de los empleados públicos de Chubut subió un 550 %, pasando de $ 1.748 millones a $ 9.942 millones. Con la proyección de la inflación, todo apunta a que, llegando a diciembre, la masa salarial de los empleados públicos en Chubut será 6 veces mayor que hace 4 años.

Los números impactan aún más si se agregan otro tipo de datos; por ejemplo, el pago del medio aguinaldo de junio, demandará un monto estimado en $ 4.746 millones. Esto significa que Economía deberá erogar un total de $ 14.238 millones en un solo mes en concepto de salarios.

IMPACTO

El actual presupuesto vigente es el primero en muchos años que prevé superávit, claro que con la salvedad de que se postergaron todos los vencimientos de la deuda en dólares, que volverán a tener que pagarse desde el año próximo, un promedio de más de 30 millones de dólares cada tres meses.

Dejando atrás el año de la pandemia, absolutamente anormal en cuanto ingresos, ya que hubo meses en que lo que se recaudaba directamente no alcanzaba para pagar los sueldos, vamos a centrarnos en el cálculo de gastos actual, elaborado por Economía y aprobado por la Legislatura en diciembre, en lo que es lo más parecido a un retorno a la “normalidad”.

Los recursos totales y gastos estimados para Chubut en 2022 ascienden a $ 241,6 MM, y la ley fija el total de cargos de la planta permanente de personal y temporaria en 41.941 agentes. Si hablamos de gastos en salarios, hay que sumarle los jubilados, que son aproximadamente 18.800.

De acuerdo a este cálculo presupuestario, las erogaciones por remuneraciones y aportes representan un 49 % del total del gasto, pero alcanzan el 65 % si sólo se considera los financiados con Rentas Generales. El monto estimado para pagar sueldos es de $ 118,5 MM, cifra que ya podemos anticipar que se quedará corta cuando se hagan efectivos todos los aumentos de las paritarias de este año.

En abril, el gobierno anunció a los gremios estatales el adelanto del aumento del 6 % y el pago de un bono extraordinario para los sueldos más bajos.

Podemos inferir entonces que, a valores aproximados, el costo de los salarios alcanzará al 70 % de los ingresos por Rentas Generales. Esto quiere decir que cada 10 pesos que ingresan de manera genuina a las arcas provinciales, 7 se van en pagar sueldos, sin contar el resto de las obligaciones, como el pago de servicios, pago a proveedores, deudas de títulos en Letras y con el Fondo Fiduciario Federal.

Para tomar un ejemplo como parámetro, en las épocas de bonanza económica, en las primeras gestiones de Mario Das Neves que llegaron hasta 2011, el pago de salarios nunca sobrepasaba el 50 % de los ingresos. No es que hubiera austeridad, o que se nombraran pocos empleados, sino que había más fondos.

Hace 20 años, la gestión de José Luis Lizurume había terminado con 22.800 agentes activos.

De hecho la ecuación comenzó a cambiar precisamente a partir de aquellos años, cuando ya los ingresos comenzaron a mermar. Un dato a tener en cuenta es que el ex gobernador radical José Luis Lizurume dejó el gobierno en 2003 con una planta de agentes que llegaba a 22.800 activos y que sumando a los jubilados no llegaba a los 30 mil. Veinte años después, ese número se ha duplicado.

POR ÁREA

De acuerdo al informe de la Ley de Presupuesto, los organismos que mayor cantidad de agentes públicos concentran son el Ministerio de Educación con 18.891 agentes (45 %), el Ministerio de Salud con 7.864 empleados (18 %), y el Ministerio de Seguridad-Policía del Chubut con 6.406 cargos (15 %). Es decir que, entre docentes, auxiliares de educación, personal de salud y policías, reúnen el 78 % de los empleados activos.

Si se analizan los números de manera desagregada, es interesante la comparación del costo laboral sector por sector. Según la liquidación de mayo, Educación genera el costo más alto, con $ 4.110 millones mensuales, seguido por Salud ($ 1776 millones), Policía ($ 1.087 millones) y el Poder Judicial ($1.027 millones).

Hay un dato muy gráfico respecto a las desigualdades en los salarios dentro del Estado: los agentes de la policía y los judiciales demandan prácticamente el mismo costo mensual en materia salarial. Pero con una salvedad que es decisiva: en Seguridad hay 6.400 empleados y en la Justicia son 2.234. Esto quiere decir que, de acuerdo al presupuesto salarial, un cargo en la justicia demanda el mismo costo que tres salarios en la policía.

Educación, Salud y Policía. Las tres áreas representan casi el 80 % de los empleados públicos.

Párrafo aparte para un tema que está vinculado a lo salarial, y que ya hemos abordado en otras oportunidades: el déficit cada vez mayor de la caja de jubilaciones. Según los informes del Ministerio de Economía a los que accedió esta agencia, el monto aproximado que Rentas Generales debe enviar al ISSyS para tapar el rojo de las cuentas ya llega a los $ 1100 millones mensuales.

De acuerdo al informe de 2021 que publicamos hace unos meses, el déficit de la caja era de casi 6.000 millones anuales, pero en 2022 el cálculo arroja que esa cifra se va a duplicar, y llegaría a unos 13.000 millones al año, el equivalente a una masa salarial y media.

Por eso en aquella oportunidad hablamos de una “bola de nieve” imparable. Nos referimos a que la brecha entre lo que el sistema previsional recauda y lo que debe pagar a sus jubilados es cada vez mayor desde 2017.

Sede del ISSyS en Rawson. Las cuentas de la caja de jubilaciones son cada vez más deficitarias.

Hace dos años, cuando Miguel Arnaudo era presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, elaboró un borrador de una ley para modificar determinados parámetros que permitieran al menos achicar el déficit. Pero la dirigencia política parece ocupada en otros temas de tinte electoral, sin advertir que si esta cuestión no se aborda cuanto antes, le explotará en las manos al futuro gobierno.

INTERROGANTES

El objetivo de esta columna no pasa por cuestionar lo que cobran los agentes públicos, de ninguna manera. Tampoco demonizar al empleado estatal ni su demanda lógica de un mejor salario como fuente de ingresos para su familia. En todo caso, la idea es generar la inquietud sobre la administración del estado y las decisiones que involucran fondos públicos.

Hay que esperar aún los datos oficiales que arrojará el próximo censo que es inminente, pero a valores redondos actuales, Chubut es una provincia con una población de 600 mil habitantes, donde unos 60 mil son empleados públicos provinciales, es decir el 10 %. Ese porcentaje seguramente es mucho mayor si se contemplan a los empleados municipales, y más aún si se toma en cuenta a la población económicamente activa.

Quedan abiertas algunas preguntas para ir respondiendo en el futuro. El costo laboral en el estado de Chubut impacta, porque abarca un alto porcentaje de los ingresos. Una de las discusiones a dar es sobre cómo agrandar la torta de lo que se recauda en la provincia, con las tres grandes patas que se mantienen hace años, como regalías hidrocarburíferas, coparticipación federal y finalmente –aunque cada vez con mayor protagonismo- los impuestos provinciales.

Los trabajadores estatales realizaron marchas multitudinarias en 2018 y lograron un inédito aumento salarial.

Las otras preguntas pasan por lo siguiente: ¿la suba del costo salarial obedece a incrementos importantes en los haberes, a aumento de la cantidad de empleados, o ambas? Si uno observa a Chubut en el panorama del resto de las provincias, de acuerdo a informes de consultoras nacionales, está ubicada en un lugar medio. No es de las que más empleados tiene, y tampoco de las que menos.

El sitio Chequeado.com publicó una investigación de una experta en mercado laboral de la consultora FIEL, Nuria Susmel, quien demostró en un estudio que desde 2007 el empleo público aumentó a un ritmo mayor que el empleo privado. En 2013, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, alrededor de un 17% de la población ocupada trabajaba en el sector público.

Susmel destacó que “la mayor parte del empleo público se localiza en los gobiernos provinciales, responsables no sólo de la administración sino también de actividades de Educación y Salud”, áreas transferidas sin los recursos por el gobierno federal a fines de los ‘70 y principios de los ‘90. Por eso, según un documento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el gasto en sueldos estatales de las provincias como porcentaje de su presupuesto es mayor al de la Nación.

En los últimos años, las cuatro provincias que muestran mayor porcentaje de ocupados en el sector estatal como porcentaje del empleo total son Santa Cruz (41%), La Rioja (37%), Catamarca (35%) y Neuquén (31%). En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (17%) y las provincias de Tucumán (16%), Buenos Aires (13%) y Córdoba (13%) son las jurisdicciones con menor participación de empleo público sobre el total.

Según el estudio, en la mayoría de las provincias argentinas, entre dos y tres de cada diez personas ocupadas trabajan en algún nivel del Estado (nacional, provincial o municipal). Y en cuanto a la caracterización, seis de cada diez empleados públicos lo hacen en las áreas de Educación, Salud y Seguridad.

Ministro de Gobierno, Cristian Ayala, y su par de Economía, Oscar Antonena: actores claves en la actual política salarial del gobierno en Chubut.

Dos conceptos para que queden picando en el cierre. Decíamos que hace veinte años, el Estado en Chubut tenía 22.800 agentes activos, y hoy son el doble, 42 mil. ¿Se debe a que hubo una mayor demanda para brindar muchos más servicios y de mejor calidad? ¿O será también producto del fenómeno nacional, de freno de crecimiento de puestos en la actividad privada que convirtió al estado en una bolsa de trabajo y de clientelismo?

La otra pregunta tiene que ver con la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos: cabe al menos cuestionarse si puede un estado o una empresa, por más justo que sea el reclamo, aumentar más de cinco veces su costo salarial en tres años, más aún cuando los ingresos no acompañan de ninguna manera esa suba.

Chubut ya ha vivido experiencias traumáticas, y el fantasma del regreso del pago escalonado sobrevuela cada reunión paritaria. Días atrás, el dirigente de ATE, Guillermo Quiroga, dijo a ADNSUR en una nota que “ya aprendimos de los errores del pasado reciente”. Las negociaciones de mayo serán por primera vez generales, y será una buena oportunidad para ver si esto es así.

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