Habrá una Ley en Chubut que impedirá el enganche salarial del Poder Judicial: la gota que colmó el vaso y cómo se aplicará

Si bien la idea de poner freno al enganche de los sueldos de la Justicia venía siendo analizado desde hace meses, el gobernador Ignacio Torres no terminaba de dar el visto bueno. Pero la última ampliación presupuestaria aprobada por la Legislatura a instancias de Economía fue tan clara, que despejó todo tipo de dudas.

Los números marcaron que la masa salarial del Poder Judicial volvió a incrementarse a un nivel mucho mayor que los otros poderes, y sigue avanzando cada vez más en la torta provincial, producto de una política salarial a la que el gobierno y los diputados están dispuestos a ponerle un límite.

De los $ 614.510 millones aprobados por la Legislatura, $ 554.129 millones fueron para el Ejecutivo, $ 3.781 millones para el Poder Legislativo y $ 56.600 millones para el Poder Judicial. Estos montos, comparados con el presupuesto reconducido de 2023, marcan un incremento del 83 % para la Justicia, respecto a un 21 % de la Legislatura.

Es importante la comparación, porque en estos dos poderes, prácticamente el 95 % está destinado a sueldos, a diferencia del Ejecutivo, que además de pagar salarios debe afrontar el pago y la prestación de obras y servicios en todo el territorio. Esto significa que -a nivel salarial- el monto total de la Justicia se elevó -a nivel porcentual- tres veces más que el de la Legislatura.

Esta tendencia no es nueva, pero es la primera vez que la nueva composición de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo que está hace 7 meses pueden evidenciarlo de manera tan palmaria. Incluso hay otro dato objetivo que circulaba entre los legisladores en la reunión de comisión que mantuvieron el último miércoles con el ministro de Economía, Andrés Meiszner.

El otro número duro, que además será la base de la discusión que vendrá a futuro por la Ley de Autarquía, es el que la Justicia pasó del tener el 6,40 % de la torta global del presupuesto de Chubut, a tener con este incremento el 7,40 %.

En cambio, con esta última ampliación, la Legislatura bajó del 1,73 % al 1,30 % del total del presupuesto, número que aún es más bajo (de apenas el 1,10 %) si no se consideran los organismos apéndices, como la Defensoría del Pueblo y la Oficina Anticorrupción, que -dicho sea de paso- también tiene Ley de Enganche Salarial.

De acuerdo a la estadística que analizan los diputados junto al vicegobernador Gustavo Menna, en otros tiempos, el peso de la Cámara de Diputados en el Presupuesto llegó a ser el 2,20 %, lo que marca una tendencia a la baja, a diferencia del Poder Judicial.

La comparación de los últimos 15 años, luego de la Ley de Porcentualidad (que engancha todos los sueldos de los empleados judiciales a los de los magistrados y funcionarios) marca que en 2010, el presupuesto judicial era el 5,17% del total provincial; esa cifra subió al 6% en 2011, al 7,03% en 2015, luego al 8,05 % en 2022, para llegar al 8,25 % en 2023.

Incluso hubo proyectos de Presupuesto Judicial rechazados y no tratados por la Legislatura durante dos ejercicios, donde si se hubiera aplicado la idea original elevada en aquel entonces por el administrador general Héctor Capraro, la Justicia hubiera absorbido el 10 % del total del Presupuesto de Chubut.

Las razones

En la lectura de estos números, hay una coincidencia absoluta entre las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, y el tema fue abordado entre Meiszner y los diputados. La explicación del ministro es que en las actuales condiciones, no tiene margen de actuación: sólo le quedó trasladar al presupuesto los números que le pasó la Justicia, que en un 95 % son para sueldos.

La explicación de Meiszner fue contundente: “Todo ese dinero, casi en un 95 % es para pagar sueldos, no está destinado a equipamiento para mejorar el servicio de justicia. Mientras yo hago malabares en la paritarias para cerrar un acuerdo austero en base a la disponibilidad, vienen estos y se aumentan el triple con los parámetros de la Corte. ¿Cómo le explico a los docentes y policías que para ellos no alcanza?”

Si bien el argumento del Poder Judicial es que no siguieron al pie de la letra todas las subas del orden nacional, hacia el final del ejercicio terminan poniéndose al día y eso es lo que se termina observando: la aplicación de aumentos que estaban reprimidos y que se aplican de golpe, provocando un “desbalance de cada repartición en el global” según la frase de un alto funcionario a esta columna.

La razón que ven en el gobierno es clarísima: la diferencia en los presupuestos obedece en primer lugar a los “enganches exógenos con otro estado, como es Argentina, que tiene una realidad diferente a la de Chubut”. Esto alude a las acordadas que dicta el Superior Tribunal, que establece los aumentos salariales en Chubut acordes con los que va dictando a lo largo del año la Corte Suprema.

La Justicia es el único poder del estado en Chubut que aplica ese criterio: ni los diputados cobran como sus pares del Congreso, ni los sueldos del Ejecutivo se asemejan a los del Poder Ejecutivo Nacional. Pero hay un agregado que agrava el panorama: el aumento no alcanza sólo a jueces, fiscales y defensores, sino a todos los empleados de manera automática.

En el Poder Judicial están aproximadamente 2.300 de los 43.000 empleados provinciales. Pero de acuerdo a una ley sancionada durante el primer gobierno de Mario Das Neves, los ingresos de todo el personal -desde el cafetero al administrativo, pasando por limpieza, choferes y encargados de mantenimiento- se fijan de acuerdo a una escala porcentual que tiene como variable el sueldo de un ministro del Superior Tribunal.

Y a este panorama, hay que agregar la “avivada” de varios organismos estatales a lo largo de la última década, que obtuvieron leyes que les permitieron “engancharse” al sueldo del Procurador General, el jefe de los fiscales. Esto ocurre con la Oficina Anticorrupción, Escribanía, Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado -por poner cuatro casos de planteles de abogados- pero también, por ejemplo, la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y el ENRE. ¿Cuál es el criterio de ese enganche?

Ya hemos planteado estas asimetrías en varios informes en esta columna, y según el nuevo criterio del ministro de Economía asumido hace menos de un mes, que es quien conduce las paritarias, el objetivo es achicar esa brecha salarial que existe en el mismo estado, con empleados de primera, de segunda y de tercera.

La anécdota más gráfica, que es la que recuerda las épocas más tristes de Chubut, fue el pago escalonado: los cuatro rangos y la cantidad de empleados en cada uno, son una realidad. Con el agregado de que se cometen injusticias: ¿por qué cobra el triple un chofer o un trabajador de limpieza de la justicia respecto a uno que hace la misma función en el ministerio de Familia? Si hablamos de la misma provincia y el mismo presupuesto.

La solución

Un funcionario explicaba a esta columna que, a la hora de fijar una política salarial, hay que contemplar las variables de necesidad y posibilidad: un cargo puede ser importante y requerir una alta responsabilidad, pero el límite son los fondos disponibles. El presupuesto es finito y es una dura realidad que deben acatar todos los integrantes del estado, sin excepción.

Por ello, la salida inmediata para poner fin a esta situación, será volver a una ley sancionada en diciembre de 2020 y que se aplicó en los primeros 6 meses de 2021, en aquellos durísimos tiempos de emergencia económica.

En aquel tiempo, se aprobó un solo artículo: “suspender por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la promulgación de la presente ley, todas aquellas normas contempladas en Decretos, Acordadas, Resoluciones, Disposiciones, Circulares, Actas o cualquier otro instrumento dictado para aplicarse en la Provincia del Chubut, o interpretaciones jurisprudenciales que permitan su aplicación extensiva en el territorio provincial, mediante el cual se adhiera a pautas y/o políticas salariales de Organismos, Poderes, Sociedades y cualquier otro Ente cuya jurisdicción o competencia exceda el territorio provincial”.

La redacción que se está trabajando es muy similar, pero con dos cambios sustanciales: no será suspender, sino prohibir; y segundo, no será por un plazo acotado, sino para siempre.

En aquella ley, la fundamentación rezaba “resulta imprescindible transitar el camino de la austeridad, guiados por los principios básicos de equidad, solidaridad y justicia social. Éstos exigen que los sacrificios implícitos en las medidas que se adoptan por la presente ley alcancen y sean compartidos adecuadamente por todos los sectores de la sociedad de la Provincia, promoviendo políticas acordes a la realidad”.

Aquella ley tuvo efecto inmediato, y si bien no prohibía aumentos, en la práctica la Justicia se congeló los salarios, aunque luego a fin de año se puso al día de golpe. El resultado que se busca es que la Justicia tenga que comenzar a manejarse con un presupuesto más acotado y retomar la negociación con el gremio de los empleados, algo que hoy no existe.

Si esto se aprueba, el STJ deberá someterse a la misma lógica del resto del estado y pelear peso a peso con los trabajadores por los sueldos, como pasa en el gobierno. El próximo paso será una Ley de Autarquía que fije un presupuesto anual atado de manera fija a los ingresos de Rentas Generales. Pero es una discusión mucho más técnica que llevará meses.

La decisión política está tomada desde la cabeza del Ejecutivo con aval de la Legislatura, y será otro de los temas a resolver en el segundo semestre, en medio de un contexto que afronta un Superior Tribunal convulsionado con la llegada de un nuevo integrante como Javier Raidan y la inminente salida de otro apuntado y con las horas contadas, como Alejandro Panizzi.