Hay 70 mil jubilados afectados por el veto presidencial y la caída del poder adquisitivo: Cuánto cobrarán en octubre

En Comodoro Rivadavia, al igual que en otros puntos de la Patagonia y el país, continúa la campaña de firmas de organizaciones de jubilados para rechazar el veto presidencia a la reciente ley jubilatoria, que murió apenas terminó de nacer.

No era una solución definitiva, ni mucho menos, pero sí una señal sobre cuáles son las prioridades de un gobierno (y de una parte mayoritaria de la sociedad que lo eligió) y cuál será el futuro del sistema previsional, que al dejar todo como está seguirá empeorando, al menos en el futuro cercano.

“La campaña sigue y el objetivo es juntar 1 millón de firmas en todo el país”, contó Fabián Pereyra, integrante de la agrupación ‘Jubilados en Lucha’, que forma parte de la mesa coordinadora nacional de jubilados. Además, está en estudio la presentación de un recurso de amparo, impulsado por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, para que el veto sea declarado inconstitucional.

El argumento es que la actual fórmula sólo prevé actualizaciones por inflación, lo que significa que si ésta llega a ‘cero’, como pretende el gobierno, los haberes jubilatorios quedarían congelados. Esto ocurriría aun cuando haya mejoras de los salarios de trabajadores activos, que a su vez significan un incremento para la masa de recursos previsionales.

Además, se cuestiona el argumento de la incidencia de las jubilaciones en el PBI, que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un organismo técnico, incide sólo en un 0,4% del total y no por encima del 1,2% como aduce el gobierno.

Al celebrarse el viernes último el ‘Día del Jubilado’, la situación parece una cruel ironía, absolutamente alejada de cualquier posibilidad de festejo y con serios interrogantes para el presente y el futuro cercano.

CUÁL ERA EL AUMENTO QUE FUE VETADO

Como punto de partida, vale repasar lo que hubiera significado esa ley, en términos concretos, en el bolsillo de los jubilados que dependen de la ANSES. El haber mínimo jubilatorio debería equivaler a una ‘canasta básica del adulto equivalente’, multiplicada por 1,09. Ese indicador es medido por el INDEC en cada mes.

Para agosto, el monto de la canasta básica del adulto fue calculado en $304.170. Esto significaría que, para octubre, la jubilación mínima no podría ser inferior a $331.540, aplicando la fórmula vetada. 

En el caso puntual de Chubut, donde hay alrededor de 70.000 jubilados de ANSES, como también de la Patagonia en general, a ese monto hay que adicionarle el 44%, que es el coeficiente por zona desfavorable, lo que significaría un valor de alrededor de $477.000, a lo que hay que restarle el descuento de obra social PAMI, del 4%. Es decir, alrededor de $458.000 de bolsillo.

Además, la fórmula vetada sumaba 8 puntos adicionales correspondientes a la diferencia de inflación del mes de enero de este año, ya que al ponerse en marcha el sistema actual, en marzo último, sólo se sumó 12% de inflación de ese mes, cuando en realidad fue del 20,1%, luego del 25,5% de diciembre (que también quedó excluido de las actualizaciones de este año). Y añadía un incremento para marzo de cada año, siempre que la evolución de salarios superase a la inflación.

En cambio, al mantenerse vigente el sistema actual, fijado por decreto en marzo y que sólo se ajusta en base a la inflación, el haber mínimo de septiembre se actualizará sobre la inflación de agosto, que fue del 4,2%.  Extrañamente, ANSES informó que la actualización de septiembre será del 4,03%, es decir por debajo del IPC general y el de la Patagonia, que fue del 4,6%. Así, la jubilación mínima en octubre será de  $234.540,23, a lo que se suma el bono de $70.000. En total, $304.540,23.

Para Chubut, donde hay alrededor de 70.000 prestaciones jubilatorias, como se dijo, hay que adicionar el coeficiente por zona desfavorable, al igual que en toda la Patagonia. Esto significaría que, de los $373.500 pesos que cobró en mano una jubilada local en septiembre, incluyendo la jubilación mínima y el bono fijo de 70.000 pesos, el valor se elevará hasta algo menos de $390.000. 

Es necesario aclarar que los valores tienen variaciones. Por ejemplo, quienes reciben pensión por viudez no cobran el bono adicional, por lo que en ese caso el haber mínimo se reduce en $70.000.

CAÍDA CONSTANTE DESDE EL MÁXIMO ALCANZADO EN 2013

La Fundación Éforo Data realizó recientemente un informe en el que refleja con claridad cómo fue la pérdida del poder adquisitivo del haber previsional en los últimos 10 años, tomando valores constantes, es decir descontando el efecto de la inflación.

“Previo a la reforma de 2017, se observa una tendencia oscilante en el haber jubilatorio mínimo, con valores que fluctúan entre $275.449 en agosto de 2010 y un pico máximo de $443.136 en septiembre de 2013 -dice el informe-. La reforma aprobada en diciembre de 2017 introdujo un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzó a indexar los haberes por la inflación pasada”.

Al continuar el análisis, añade que desde esa reforma, “el haber jubilatorio mínimo mostró una tendencia decreciente en términos reales, iniciando con un valor de $430.211 en septiembre de 2017 y descendiendo gradualmente hasta un valor de $364.844 en agosto de 2018. A pesar de las fluctuaciones, el período posterior a la reforma de 2017 se caracteriza por una caída sostenida en el poder adquisitivo”.

La caída no se detuvo ahí, ya que, con la reforma de enero de 2021, se introdujo la actualización del haber jubilatorio tomando como referencia tanto la evolución de los salarios como la recaudación tributaria. “Desde un valor de $332.107 en febrero de 2020 -añade el informe-, el haber jubilatorio mínimo continuó su descenso hasta alcanzar los $280.364 en noviembre de 2022”.

En el mismo informe se advierte que “la caída más pronunciada se observa a partir de mediados de 2022 y se profundiza aún más en los últimos meses de 2023 y principios de 2024. La implementación de la reforma de 2021, aunque con un enfoque diferente al de la reforma de 2017, no evitó la erosión del poder de compra de los jubilados”, aclara el trabajo.

Los valores proyectados para 2024 y 2025, bajo el actual decreto (que actualiza haberes en base a la inflación del mes anterior), muestran una estabilización en torno a los $230.572 en diciembre de 2024 y $232.205 en diciembre de 2025. Estos valores se mantienen en niveles considerablemente inferiores frente a los picos históricos previos a 2018, alcanzándose en febrero de este año el valor más bajo, con sólo $152.000.

De este modo, el sistema actual consolida un techo a las jubilaciones, que se mantienen en un valor bastante inferior al máximo alcanzado en los últimos 15 años, en septiembre de 2013, con los mencionados $444.136.

EL PODER ADQUISITIVO DE LOS JUBILADOS SE REDUJO ENTRE 30 Y 35%

Hernán Caram es coordinador del área de Investigación y Desarrollo de la fundación de Éforo Data y al ser consultado para este informe exclusivo de ADNSUR, expresó que el veto a la ley consolidó un sistema que, a valores del mes pasado, arrojaba un haber mínimo de $304.000 (incluido el bono de $70.000), mientras que la nueva fórmula hubiera llevado ese mínimo a $317.000 (en ambos casos, sin tener en cuenta el coeficiente zonal para la Patagonia).

En ambos casos, evaluó, la fórmula queda lejos de los máximos alcanzados años atrás, pero el agravante es que los consolida hacia delante. Significa además una pérdida del 31% del poder adquisitivo con respecto al valor máximo alcanzado en 2013.

“La pérdida del poder adquisitivo de los últimos años fluctúa entre el 30 y 35%, refirió Caram, al poner en contexto las fluctuaciones entre haberes e inflación.

“En términos reales vimos una aceleración muy fuerte entre diciembre y enero, por eso en febrero se alcanzó el valor más bajo de los últimos 15 años -precisó-. Después hubo una relativa recomposición, pero todavía no llegamos a niveles de noviembre del año pasado, que era de $280.000, siempre hablando a valores constantes (es decir, calculando el poder adquisitivo de la plata de ese momento, a precios de hoy)”.

“Lo que ha pasado con el veto es la consolidación de estos haberes, que van a permanecer por mucho tiempo por debajo de la línea de pobreza a o indigencia”, señaló el analista.

EL FENÓMENO QUE SIGUE DESFINANCIADO EL SISTEMA

Hay otra situación, no siempre visible, que seguirá erosionando el sistema previsional. Se trata de la creciente informalidad en el mercado laboral, donde más del 40% de los trabajadores se desempeña ‘en negro’, es decir sin aportes de ley, lo que significa que se reduce el financiamiento de la caja para pagar las jubilaciones.

Caram detalló que la relación óptima es de 4 trabajadores activos por cada persona jubilada, pero hoy esa relación ha caído dramáticamente, a sólo 1,6 aportante activo por cada persona jubilada o pensionada. Es decir, se cuenta con menos de la mitad del aporte necesario para que el sistema funcione.

“El problema es que en la Argentina, la economía no crece desde hace 13 ó 15 años -planteó Caram-, entonces lo que hay es un crecimiento del empleo informal. Prácticamente una de cada dos personas económicamente activas hoy trabaja en la informalidad. Y esto ya implica todo un desorden del sistema previsional, porque quien trabaja en esas condiciones, en promedio gana la mitad de alguien que lo hace en condiciones ‘en blanco’. Y además, no hace aporte a la caja jubilatoria”.

Aun así, hay un punto positivo, ya que el 91 de los adultos mayores hoy tiene algún tipo de cobertura previsional. Aunque los haberes son bajos, e incluso hay quienes cobran menos de la mínima, como las pensiones por viudez o la llamada ‘Pensión Universal del Adulto Mayor’, para quienes no tienen los años de aportes y trabajaron toda su vida en la informalidad.

A la informalidad del mercado laboral y la creciente precariedad, se suma la intermitencia que caracteriza a los ciclos laborales de los trabajadores jóvenes, con las dificultades para el acceso al mercado laboral.

Y por otro lado, se agrega la creciente expulsión del mercado laboral de trabajadores que superan los 40 años, que al perder un empleo no consiguen reinsertarse. Y si lo hacen, es desde la informalidad, sin nuevos aportes.

EL PARADÓJICO SUPERÁVIT DE LA ANSES

“El sistema previsional tiene como objetivo sostener el nivel de vida de los adultos mayores, en forma similar a lo que tenían cuando trabajaban -explicó-. Pero hoy, jubilarse implica, sobre todo en los sectores más bajos, relegar ingresos y se pasar a otro nivel socioeconómico. El sistema queda vigente, lo que hace es mantener y fijar las jubilaciones en pisos mínimos históricos y deja de lado la posibilidad de mejorar el poder adquisitivo. Porque sólo tendrá ‘aumento’ cuando haya inflación”.

Es decir, el haber puede mejorar en términos nominales, pero en términos reales permanece en el mismo lugar, ya que sólo sube el mismo porcentaje en que se incrementan los precios (en el mejor de los casos). Así, por más que el año próximo la jubilación pueda subir al doble que el valor actual, en términos reales mantendrá el equivalente de hoy a un valor de entre $230.000 y $235.000.

“Cualquier mejora en la economía no se va a reflejar en el haber jubilatorio”, precisó Caram, en coincidencia con el argumento expresado por Eugenio Semino para impulsar el recurso de amparo, en el que se busca declarar la inconstitucionalidad del veto presidencial.

Otro de los puntos que aborda el informe de la fundación Éforo Data es la situación actual de la ANSES, donde los gastos son inferiores a los ingresos.

“Nosotros indicamos en una de nuestras observaciones que, a partir del año pasado, se da un fenómeno muy interesante en vez de tener déficit, la estructura financiera de ANSES hoy es superavitaria -precisó el analista-. Es decir, hay un dinero disponible, que podría ayudar a compensar esta caída del poder adquisitivo. Pero bueno, el gobierno nacional se ha propuesto como objetivo máximo, lograr este superávit fiscal”.

Caram no hizo diferencias políticas, al insistir en que “ninguna de estas políticas que vimos en los últimos cuatro gobiernos, han logrado atacar directamente el problema estructural, que se vincula con las transformaciones del mercado laboral y el crecimiento del empleo en negro”, advirtió, finalmente.

Queda flotando la pregunta obvia. De qué sirve el superávit de la ANSES, es decir la plata que sobra en la caja jubilatoria, si los jubilados no reciben lo necesario para una vida digna. La respuesta se refleja en los dichos de Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad en la Ciudad de Buenos Aires, al momento de justificar el recurso judicial presentado para que se declare inconstitucional el veto:

“La inflación cero, que puede ser una buena noticia para la economía, puede ser la lápida para los jubilados, condenándolos al estado actual de miseria para siempre -dijo, en declaraciones al canal de noticias IP-. Parece que no saben el costo de una vida, porque se evalúa en Excel, cifras nada más”.