¿Cuáles son las obras licitadas en Comodoro y quedarían paradas si se cumple lo que dijo Milei?

“No hay plata para obra pública. ¿Las que ya están licitadas? Que vean los intendentes cómo financiarlas”. La definición de Javier Milei, el presidente electo de Argentina que asumirá el 10 de diciembre, pone en duda una serie de proyectos que estaban en marcha o a punto de comenzar en Comodoro Rivadavia y el sur de Chubut, que dispara alertas en el sector de la construcción.

Habrá que esperar a la asunción del nuevo gobierno y verificar si los enunciados de hoy, pos triunfo en el balotaje, se lleven al plano de la realidad. Pero así como puso en duda el pago de los aguinaldos en la administración pública nacional (aunque luego retrocedió), el líder libertario por ahora dejó en ‘stand by’ cualquier proyecto de obra pública en el país.

Alguno de los 75.000 votantes de Milei entre Comodoro y Rada Tilly podría argumentar, con razón, que muchos de los proyectos ya están frenados hoy en los hechos, a partir de los problemas que han tenido las empresas constructoras para obtener la actualización de precios de acuerdo con la inflación galopante del país.

Sin embargo, una cosa es plantear expectativa a la espera de destrabar esos problemas puntuales, basados sobre la crisis económica, y agravados por el marco de una transición electoral que insumió prácticamente la segunda mitad de este año. Y otra, bastante diferente, es anunciar el freno de las obras en forma indefinida.

LA RUTA RADA TILLY-CALETA, UN SÍMBOLO CON ARGUMENTOS DE “DOBLE VIA”

Mientras se define el alcance de aquel anuncio, es necesario hacer el ‘check-list’ de los proyectos que dependen de financiamiento nacional y que estaban  ya licitados, algunos iniciados y otros en la ‘línea de largada’.

Una de las obras más visibles es la autovía Rada Tilly-Caleta Olivia, que se retomó a comienzos de 2022, tras la nueva licitación realizada por Vialidad Nacional. No puede obviarse que la primera licitación se hizo en el año 2007 y fue uno de los focos que concluyó con la investigación judicial por corrupción y que derivó en la condena a Cristina Fernández, por el delito de fraude a la administración pública.

Aunque la sentencia todavía no está firme y forma parte de la discusión política de los últimos años en el país, es uno de los puntos que da pie a los argumentos libertarios de que “la política roba a través de la obra pública”, como dijo Milei en la última semana, al reiterar que no habrá más fondos para financiación.

Por fuera de los vaivenes judiciales del caso, la autovía se volvió a licitar en el año 2021 y el proyecto se dividió en dos tramos, marcados por el límite provincial en Ramón Santos, habiéndose adjudicado los trabajos en el lado santacruceño a la firma CPC y en el sector de Chubut, a Rigel.

Al igual que otras obras con financiamiento nacional, los trabajos empezaron a frenarse en agosto último, tras la devaluación del 23% aplicada por el gobierno a pedido del FMI, lo que impactó fuertemente en el precio del asfalto y otros materiales de la construcción. Esto llevó a una paralización en el tramo a cargo de Rigel, que se recuperó parcialmente en las últimas semanas, aunque a un ritmo menor al desarrollado en los primeros meses del año.

La necesidad de que se termine la obra es innegable, como también lo es el hecho de que pasaron 16 años desde el inicio y que ahora sumará otro tiempo indeterminado, a partir de la decisión anunciada por el presidente electo.

LA ESPERA DEL AGUA

Entre las obras frenadas en agosto se cuenta también, una vez más, la repotenciación del acueducto, licitada en 2013 e iniciada en 2014.

Esos trabajos están a cargo de la empresa CPC y días atrás, uno de sus directivos, Aníbal Alisiardi, confirmó a ADNSUR que el proyecto está suspendido desde el mes de septiembre, también por el problema de la actualización de precios que aplican los organismos nacionales, que quedan desfasados frente a la inflación.

“Si hoy estuviéramos trabajando, nos pagarían con valores actualizados a febrero”, dijo para reflejar el modo en que la obra quedó desfinanciada. El directivo aseguró además que el proyecto tiene más de un 90% de avance de obra, al tiempo que relató los motivos por los que hubo sucesivas demoras.

Entre las causas de que leva 10 años sin terminar, mencionó la negativa del municipio de Sarmiento y dueños de campos para habilitar el paso de las nuevas cañerías, pero también es insoslayable la disputa del ex presidente Mauricio Macri con el dueño del grupo Indalo, por su cercanía con los gobiernos kirchneristas.

En cualquier caso, la obra quedó frenada una vez más, cuando faltaba muy poco para su finalización. Primero, por el desfasaje de costos. Y ahora, a la espera de definiciones del próximo gobierno. ¿Se aplicará, en un caso como éste, “el respeto a los contratos” que anunció el presidente electo?

¿QUIÉN PAGARÁ EL NUEVO ACUEDUCTO?

Milei pretende bajar 5 puntos del PBI “llevando la obra pública a cero”, como parte de su política de reducción del gasto. A cambio, propone un modelo de “iniciativa público privada”, en el que las obras se ejecutan por parte de una empresa, que después tiene derecho a cobrar por el uso de las mismas. El caso más común es el de una autopista que construye una empresa y a cambio tiene la concesión por 10 años para el cobro de peajes.

Sin embargo, hay otras obras de infraestructura a las que resulta más difícil ubicar en ese esquema. Un ejemplo para Comodoro es la imperiosa necesidad de recambiar el tramo crítico del acueducto 99, en los 40 kilómetros entre Cerro Negro y Valle Hermoso (en realidad, se deberá recambiar el ducto completo, pero la urgencia empieza por ese sector).

¿Cuál sería la propuesta de Milei para resolver un problema tan grave como la falta de agua? La obra tiene un costo que hoy podría estimarse en alrededor de 32.000 millones de pesos, actualizando por inflación el monto oficial que se fijó en el presupuesto nacional 2023, cuando se consignó el valor de ese proyecto en 13.000 millones de pesos.

Si se tomara la cotización actual del dólar oficial, en $372, el costo sería de unos 86 millones de dólares. Estas referencias serán muy distintas dentro de un mes, tanto en la cotización del dólar oficial como en el costo en pesos, que se habrá incrementado por inflación, pero vale ahora como ejemplo, simplemente para plantear el interrogante.

¿Quién debería pagar entonces la obra? ¿Una empresa privada que desembolse el capital y luego cobre a los usuarios una determinada cuota mensual? En el ejemplo anterior, habría que dividir el costo total por la cantidad de usuarios del sistema, que entre Comodoro y Rada Tilly son 67.000, pero falta sumar a Caleta Olivia, que serían otros 20.000 ¿Deberían pagar, esos usuarios, alrededor de 1.000 dólares cada uno? Una vez convertido ese monto a pesos, ¿cuál sería la tasa de interés, si es que hay un plan de financiación a varios años? 

En la concepción liberal del nuevo gobierno, sólo se podrían hacer las obras con capacidad de financiación e interés del sector privado en un potencial negocio posterior. En esa teoría no se considera que una gran parte de la población no podría cumplir con el pago, ni tampoco se explica cómo accederían al servicio quienes no están en condiciones de pagarlo. Cuando el Estado hace una obra de infraestructura, deja subsanadas esas diferencias.

No está claro aún cuál es la propuesta para reemplazar la obra pública, pero la especulación mencionada surge de los dichos de quien asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre.

OBRAS LICITADAS, EN RIESGO DE NO INICIAR O NO CONTINUAR      

Otros proyectos de infraestructura, ya licitados y adjudicados, quedaron también detenidos o directamente sin iniciar. Uno de ellos es el Emisario Cloacal de Zona Norte, que tuvo comienzo en febrero de 2023 pero se detuvo a poco de comenzar.

La obra estaba a cargo de la constructora Fabri, lo mismo que el proyecto del canal pluvial de la avenida Chile, imprescindible para evitar inundaciones en esa zona, que tampoco se ha iniciado, aunque no hay información clara sobre los motivos.

En el listado hay que incluir también al ‘camino petrolero’, que está licitado y adjudicado a la empresa Rigel. Durante la crisis de la ruta 3 se anunció el inicio de la pavimentación de ese trayecto de 8 kilómetros, que une la ruta 26 con el camino Roque González, pero los primeros trabajos se vinculan a la finalización del proyecto ejecutivo por parte de la empresa constructora y no hay aún movimiento sobre el terreno.

Otra obra de importancia y que está en marcha es la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Rada Tilly, que no se había visto afectada por los problemas relacionados al desfase de costos por inflación, pero que depende también del financiamiento nacional que puso en duda el presidente electo.

Hay proyectos que estaban a punto de comenzar, como la presa del Lago Fontana, con inicio de obra ya firmado, pero que quedó también en pausa. “No fue una buena semana para hacer trámites”, dijo el gerente de CPC, en referencia a los trabajos que fueron adjudicados también a esa empresa. La intención era comenzar en diciembre, pero ante el freno ya establecido en la transición de gobierno, quedará en espera.  

Desde el municipio de Comodoro Rivadavia sumaron además otra serie de proyectos en riesgo: “tenemos obras de cloacas en Gesta de Malvinas, financiadas por ENOHSA, también hemos presentado el proyecto de red de agua para barrio Centenario y hay obras que se están ejecutando a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana, que hoy está llevando agua y cloacas a 730 familias en Estándar Norte –contaron en ámbitos oficiales-. Hay otros programas, como ‘Lotes con Servicios’, que también se verían afectados si es que se cumple lo que dijo Milei, que no habrá más obra pública”.

 "UN 2024 TOTALMENTE PARADO"

Desde la UOCRA, Raúl Silva advirtió que hay más de 400 puestos laborales en riesgo, en un listado de obras en el que también sumó al Estadio del Centenario, que se está terminando con fondos municipales, pero compensados por el Estado nacional.

“Estamos en estado de alerta en todo el país –advirtió el dirigente- y nuestro secretario general, Gerardo Martínez, está pidiendo una reunión con Javier Milei para preguntarle qué va a pasar con los puestos de trabajo, si se frena toda la obra pública”.

Empresarios del sector de la construcción están también en una “gran incertidumbre”, según respondieron ante la consulta para este informe, a la espera de conocer más precisiones del gobierno próximo a asumir.

“Parece que tendremos algunos años sin obras publicas nacionales –se resignó un empresario del sector-. Creo que algunas se podrían llevar, bajo algún formato, al sector privado, siempre que los bancos acompañen con buenas tasas de financiación, pero hay otras obras que van a ser imposibles. Creo que al menos el 2024 va a estar totalmente parado en la construcción”.