La trama secreta, familiar y empresaria detrás del desastre ambiental de la masacre de pingüinos en Punta Tombo

Cuando el 10 de septiembre de 2007, don Luis Emilio La Regina, firmó con el gobierno de la Provincia del Chubut la escritura para la donación de 12 hectáreas de su campo “La Perla”, para ser destinados a la reserva natural de Punta Tombo, seguramente nunca imaginó que el apellido de su familia se iba a ver involucrado en un escándalo ambiental a nivel mundial como el que hoy protagoniza uno de sus descendientes.

Su actitud fue siempre la de preservar el hábitat, y toda su vida fue consciente del valor -imposible de cuantificar en dinero- que tenían esas costas en las que todos los años llegan cientos de miles pingüinos de Magallanes a procrear y a criar a sus pichones en los nidos que construyen en cuevas bajo la tierra.

Pero cuando don Luis Emilio falleció, se realizó el trámite de la sucesión que repartió todas sus propiedades entre sus dos hijos, Alberto y Ricardo. En el caso de “La Perla”, el campo quedó dividido en dos partes. Y ahí, en medio de estos dos establecimientos rurales, se originó la trama de esta triste historia que explotó en noviembre de 2021.

Lo primero que hay que aclarar es que uno de los hermanos, Ricardo, fue declarado “insano” por la justicia, por lo que su hijo –también llamado Ricardo, nieto de Luis Emilio- fue designado como “curador”. Esto significa que, estando el padre incapacitado para tomar decisiones, es su hijo quien administra sus bienes, con la exigencia legal de ir informando sobre cada paso que toma al juez que entiende en el expediente.

Así las cosas, en el mes de agosto del 2021 -según información judicial chequeada por ADNSUR-, Ricardo (hijo) junto a su abogado informaron a la justicia sobre la compra de una máquina retroexcavadora New Holland modelo B90b, por la que dicen haber pagado la suma de U$S 73 mil. Según consta en el expediente, este dinero surgió de la venta de un lote ubicado en cercanías de Tombo a la familia Fernándes, por un valor de U$S 750 mil, con el que además se compró una chacra en Trelew, y una camioneta Toyota.

Aquí llegamos a un punto en la historia, entre los meses de julio y diciembre de 2021, con fechas y acciones que la justicia todavía está investigando, y que por ahora forman parte de una serie de conjeturas: lo fundamental es determinar quién hizo el camino de 700 metros hasta la costa con el correspondiente alambrado, y cuándo lo hizo. Y los datos indican que una persona había comprado una retroexcavadora, y que lo informó en agosto.

En principio, existe una entrevista periodística dada por Ricardo en la que se hace cargo de la decisión y dice haber realizado la obra del camino y el alambrado en el mes julio, época en la que no había pingüinos, y con autorización de las autoridades.

En esa nota, minimiza el daño causado a los nidos. Asegura que el alambre electrificado está a una altura que no afecta a los pingüinos adultos, y que no se pudieron encontrar pichones muertos, ya que es todo un invento de la prensa a partir de alguien que tiene un interés político detrás. Tenía previsto dar una conferencia de prensa en Trelew, que luego canceló por recomendación de su abogado.

Lo que en nuestro caso podemos hacer es reconstruir, a partir del testimonio de la mayor cantidad posible de los actores, todo lo que ocurrió en las últimas semanas, para hacer la crónica paso a paso sobre cómo se destapó la noticia que puede derivar en el desastre ambiental más importante que se haya registrado en Chubut en los últimos años.

EL DESCUBRIMIENTO

En realidad, todo ocurrió dentro de los límites del establecimiento que se sigue llamando “La Perla”, que es propiedad de Alberto La Regina. La actitud de este propietario siempre ha sido descripta como "un ejemplo" por biólogos y guardafaunas, y lo destacan como uno de los lugares más “prístinos” y vírgenes para mantener el hábitat natural.

Todos los consultados, que van a hace años a la reserva de Punta Tombo, aseguran que la conducta de Alberto es un ejemplo de convivencia con la fauna autóctona, ya que jamás ha agredido al ambiente, y siempre ha colaborado con los investigadores, como ocurre con la mayoría de los propietarios de campos de las costas chubutenses.   

Con este dato como primer antecedente, volvemos a los hechos. Es muy común que la gente de campo recorra habitualmente su propiedad para verificar el estado de la hacienda y detectar alguna anormalidad. En esa tarea estaba con su cuatriciclo uno de los hijos de Alberto, cuando el martes 23 de noviembre divisó con gran asombro la aparición inesperada y abrupta de un alambrado que dividía su terreno con el campo lindero, propiedad de la familia de su tío Ricardo, y administrado por su primo, Ricardo (hijo).

Al observar las huellas de la máquina, las varillas recién pintadas, la tierra recién removida y el alambre electrificado, inmediatamente dio aviso a su padre, Alberto, quien hizo dos llamadas urgentes: una a las autoridades de Turismo y Áreas Protegidas del gobierno; la otra, al conservacionista y experto en pingüinos, Pablo García Borboroglu, a quien conoce desde hace años justamente por su permanente trabajo de investigación y preservación de estos animales.

Se trata de un científico con una trayectoria intachable y reconocida internacionalmente desde hace más de tres décadas, que lo convirtieron en uno de los principales investigadores de esta especie animal. A tal punto que creó una organización, llamada Global Penguin Society, que lleva adelante una campaña internacional para su estudio y conservación.

Sus actividades incluyen la recopilación de datos clave para comprender cómo se puede facilitar su supervivencia, programas educativos en los que se involucra a gobiernos locales y nacionales para concienciar sobre este problema y el trabajo con distintas autoridades e instituciones oficiales para promover la toma de decisiones, como la designación y gestión de Áreas Marinas Protegidas.

Se estima que el trabajo de la ONG de Borboroglu ha ayudado a 1,6 millones de pingüinos, protegiendo 13 millones de hectáreas de su hábitat e involucrando a miles de niños en actividades educativas como viajes escolares a colonias de pingüinos, además de promover limpiezas costeras o el desarrollo de planes ecoturísticos sostenibles.

Este impulso le ha valido ser uno de los laureados de los Premios Rolex a la Iniciativa, un galardón de esta firma que apoya a proyectos innovadores que mejoran el conocimiento y el bienestar humanos. Con esto queremos remarcar que no se trata de un improvisado, sino uno de los mayores especialistas que hay en el mundo sobre el tema.

Cuando Borboroglu recibió el llamado, estaba realizando un relevamiento en otra colonia ubicada en estancia San Lorenzo, y pudo acomodar su agenda para viajar dos días después a la zona de Punta Tombo. Se puso en comunicación con las autoridades de Turismo, quienes le expresaron que esperaban su informe para ver luego si avanzan en una denuncia penal ante la justicia.

Pudo llegar a la zona el viernes 26 de noviembre junto a su esposa, la también científica Laura Reyes. Cuando observaron el panorama, no podían creer lo que estaban viendo. Inmediatamente comenzaron a tomar un registro con fotos y videos, para luego trabajar en un informe.

Luego, en una entrevista brindada a ADNSUR, resumieron lo que vivieron en una frase: “nunca había visto tanta crueldad”. En el informe que elevaron a Turismo, hablan de un impacto estimado en la destrucción de un número mínimo de 146 nidos, tanto por aplastamiento y posterior compactación del terreno, como por el depósito de material extraído con la pala sobre nidos linderos al camino. Hace una estimación de un total de 292 pichones muertos y/o huevos destruidos, sin poder calcular aún el número de adultos que pudieran haber resultado aplastados por las máquinas dentro de sus nidos.

LA DENUNCIA

Con el informe de García Borboroglu y Reyes, se realizó en la mañana del lunes siguiente, una reunión en las oficinas de Turismo en Rawson con la participación de los científicos y de representantes de Ambiente y de Producción. Allí, al ver la gravedad del tema, se resolvió ir a la justicia, y se inició el trámite con la denuncia ante la Fiscalía de Rawson, a cargo de la fiscal Florencia Gómez.

La denuncia penal tiene fecha del 29 de noviembre, y fue realizada a través de los Ministerios de Turismo y Áreas Protegidas, de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre.

Con los datos de la denuncia basados en el informe de los científicos, la fiscal pidió inmediatamente y le fue autorizado por la jueza María Tolomei, un allanamiento en el lugar para el martes 30 a la mañana, con la presencia de personal de Fauna y de policías de la zona, que fueron a constatar lo ocurrido.

En ese momento, el martes a las 8:47, ADNSUR publicó la noticia que inmediatamente explotó en todos los medios provinciales y nacionales, y que posteriormente tuvo repercusión internacional, como era de esperar ante un hecho de semejante magnitud.

Lo que sigue después, forma parte de una cadena de hechos vertiginosos: la prohibición de acceder a la comitiva enviada por Ambiente de Nación el miércoles; las declaraciones públicas de cada una de las partes a la prensa; el nuevo allanamiento ordenado por el juez Di Biase el jueves, con la presencia de más actores, como el Cenpat-Conicet, la Fiscalía de Estado, y funcionarios nacionales; la participación de organizaciones ambientalistas locales con el pedido de expropiación del campo; el anuncio de un proyecto de ley en ese sentido; y el arribo de representantes de ONG internacionales.

Está claro que no surgió por un conflicto familiar basado en un litigio limítrofe, como se especuló en un primer momento, ya que la sucesión del campo se había terminado hace tiempo y los terrenos están claramente mensurados y delimitados. Lo que sí es probable es que se genere una nueva causa, tanto en lo penal y en lo civil, por parte de Alberto La Regina contra su vecino, porque entiende que el camino de la polémica lo hizo 10 kilómetros dentro de su propiedad, por lo que considera que su campo fue usurpado y además fue dañado.

Lamentablemente se trata de una nueva noticia que impacta negativamente en el estatus de una provincia que a lo largo de su historia mostró un manejo muy prolijo de sus reservas naturales. En este caso, la actitud de un propietario no debe confundirse con un conjunto de ganaderos que en general han tenido a través de los años una conducta destacable en la convivencia con el ambiente y las bellezas faunísticas.

Como es el caso de don Luis Emilio, el dueño original de estas tierras, y uno de los impulsores de una reserva pingüinera como la de Tombo, quien dejó este mundo hace años, y de este modo evitó el tener que soportar la vergüenza de un hecho inaudito que involucra a su apellido, por parte de uno de sus descendientes.