Ley vigente hasta 2027: deberá haber tres vacantes antes de designar un nuevo agente en el Estado

En la sesión que este jueves desarrolla la Legislatura, se aprobó la ley llamada del 3 x 1, impulsada por el Poder Ejecutivo, que establece que hasta el 10 de diciembre de 2027, para que haya un ingreso a la planta estatal, sea permanente, temporaria o transitoria, deberá haber tres vacancias y será únicamente por concurso.

En la sesión que tiene tres ausencias -Roxana Soldani, Marcelo Rubia y Daniel Casal- el primer punto que modificaba la Ley Orgánica de Partidos Políticos quedó pendiente para la última sesión del año, el próximo 19 de diciembre.

Luego se trató el proyecto que establece que será requisito previo para que pueda tener lugar un (1) ingreso de personal a cualquier organismo o dependencia de los tres poderes del Estado Provincial, que se produzcan tres (3) vacantes en cargos con masa presupuestaria, debiendo dar de baja los cargos no utilizados.

Quien fundamentó por el oficialismo fue Daniel Hollman, al destacar que esto “pone en valor la gestión del recurso humano en los tres poderes del estado” y busca un “aprovechamiento más eficiente de los recursos humanos”.

Recordó que “se avanzó con un censo”, y dijo que “hay un dato como las adscripciones que hay un 11 % de empleados en diferentes reparticiones, que son masas salariales pagadas por el estado”, y agregó que “el dato curioso es que más de 250 agentes están cumpliendo funciones en otras provincias”.

Aludió a una información que fue publicada por ADNSUR que indica que Chubut es “el sexto lugar como distrito de mayor porcentaje de empleados provinciales”, y ahora “previo al ingreso de un agente se deben producir tres vacantes en cargos con su masa salarial presupuestaria, exceptuado el personal cuya función se considere imprescindible”.

Destacó que “la cobertura de hacerse de manera obligatoria por concurso garantizando idoneidad con un plazo de cumplimiento hasta 10 de diciembre de 2027”.

Luego la justicialista Tatiana Goic pidió que se lea el dictamen, ya que dijo “se trata una redacción que no es la que tiene el resto de los diputados” y cuestionó “no hay urgencia y es una venta de humo, por lo que pido que vuelva a comisión así se puede tratar y analizar bien, como ocurrió en el caso de Partidos Políticos”.

Cuestionó al oficialismo al sostener “no pueden trabajar bajo la presión del Ejecutivo, que maneja prácticamente los tres poderes del estado, no hay calidad democrática y la Legislatura está pintada”.

Cruces

El cruce a los dichos de Goic provino de Hollman, quien dijo “quiero poner en valor el trabajo que se hace en las comisiones, no comparto, es todo lo contrario a lo que dice la diputada, trabajamos de manera correcta, no tenemos mayorías automáticas, y tratar de manera despectiva el trabajo no está bien, tenemos que poner en valor el trabajo que realizamos y a la gente que dedica tiempo”.

Goic insistió en que “se trabaja bajo presión, porque tienen una fecha estipulada” y remarcó “es una venta de humo porque el Ejecutivo no necesita de una ley para no contratar personal”, pero obedece a “la necesidad de seguir de campaña con la cabeza en 2027”, y “se avanza a otros poderes del estado que deben tener autonomía e independencia”.

Afirmó que “el Estado tiene que funcionar y eso no se consigue con una tablita”, y además “se trata de cargar la responsabilidad al empleado público, cuando es de la política, que no genera condiciones para invertir”.

Por su parte, Andrea Toro (Pich) dijo que “nuestra función no es solo marcar errores, sino acompañar aquellas iniciativas que sean positivas para la provincia, por lo que expreso nuestro apoyo crítico a este proyecto, que apunta a tratar el problema estructural del sobredimensionamiento del estado”.

En el caso de Santiago Vasconcelos (FIT) coincidió con Goic en que el dictamen tuvo un agregado de última hora y es que “será aplicado a planta transitoria, permanente y demás, lo que cambia el carácter, más cuando los debates apuntaban a los casos de monotributistas y contratados”.

“No lo voy a acompañar, porque no resuelve los planteos que hace la fundamentación, porque la mayor eficiencia en muchos casos necesita mayor cantidad de trabajadores para atender los múltiples problemas de la gente”, dijo el legislador de la izquierda.

Y concluyó que 3x1 “es un eufemismo de plan motosierra, no resuelve los acomodos, porque sigue habiendo discrecionalidad, definiendo lo esencial para que entre tal o cual, y se corre el riesgo de la sobre explotación laboral” y concluyó “genera un problema al desfinanciar la caja jubilatoria, porque no crecen los activos”.

A favor

El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, recordó que ya “entre 2019 y 2023 la planta de personal se redujo un 3,57 % y fue la única vez en los últimos 25 años que se redujo la planta, quizás no se ha comunicado bien, no se ha dicho”, pero aclaró “no es la primera que existen leyes de este tipo, en todo caso estarán continuando una política”.

Luego indicó que “el objetivo es que el estado sea eficiente, no reducir la masa salarial”, y también recordó que en ese lapso -del gobierno de Mariano Arcioni- “se reconoció a trabajadores precarios a pasar a planta permanente”.

Por ello cerró diciendo “reconozco algo que se hace bien, pero no se puede desconocer algo que ya ha ocurrido”, a lo que también se sumó la diputada Vanesa Abril.

Finalmente la votación aprobada contó con apoyo de todo el bloque de Despierta Chubut y del Pich, mientras que en Arriba Chubut hubo 4 a favor y no acompañaron Tatiana Goic y Norma Arbilla.

Desalojos

Otro punto aprobado fue la incorporación del artículo 238 bis a la Ley XV N° 9 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut., que explicó la diputada Andrea Aguilera, apunta a “la restitución inmediata de un inmueble que ha sido tomado por la fuerza, cuando es habitual que esto lleve mucho tiempo”.

Se opuso Santiago Vasconcelos, al recordar “un proyecto similar fue vetado en 2009 ante el reclamo de abogados y organizaciones de pueblos originarios” y dijo que el gobernador Ignacio Torres “hizo explícito el verdadero motivo, quien volvió a hablar de falsos mapuches, diciendo que él tiene la atribución para discriminar”.

“El gobernador se atribuye la capacidad, ¿tiene un scanner?”, disparó, en un argumento que también fue respaldado por la diputada Tatiana Goic.

En el caso de Juan Pais, aclaró que “estamos hablando del delito de usurpación, y la norma no se aplica en el caso de un poblador que reclama la propiedad, si apunta a un delincuente, esto no apunta a la persecución de pueblos originarios”.

La sesión pasó a un cuarto intermedio, luego del cual están para tratar en total 21 puntos, con dictámenes como el que crea la Mesa de Hidrógeno Verde de la Provincia del Chubut; y el proyecto de Andrea Toro que regula el régimen de licencias para profesionales de la abogacía, matriculados, estableciendo las condiciones y procedimientos para su otorgamiento.

También se tratarán los pliegos del Procurador General Adjunto en Gestión, Asuntos Constitucionales y en lo Contencioso Administrativo, Marcos German Fink, y para designar como Procurador General Adjunto en lo Penal y Contravencional a Carlos Froment.

Restitución de inmuebles usurpados

Se trata de un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Provincial y que tuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada María Andrea Aguilera, del bloque Despierta Chubut. 

Por la incorporación del mencionado artículo a la Ley XV N°9, Código Procesal Penal del Chubut, el mismo quedó redactado de esta manera: “En las causas por infracción al artículo 181 del Código Penal, desde la apertura de la investigación en los términos del artículo 274 o en forma posterior en cualquier estado del proceso, el juez, a pedido del representante del Ministerio Publico Fiscal o, en su caso, de la parte querellante, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble a su titular cuando el derecho invocado fuere verosímil”. 

Agrega que “la petición también podrá ser presentada por la víctima, aunque no esté formalizada su presentación en la causa como parte querellante”. 

Y establece que “a los fines de tener por configurada la verosimilitud se tendrán especialmente en cuenta las siguientes situaciones: a) La acreditación documentada por parte de la víctima de su derecho de propiedad o de la legítima posesión o tenencia sobre el inmueble usurpado; b) la falta de acreditación de título para justificar el derecho real de dominio, la posesión o la tenencia por parte del ocupante sobre el cual recaiga la imputación penal será considerado un supuesto especifico de verosimilitud del derecho invocado por la víctima”. 

Y, menciona, además: “El juez podrá fijar una contracautela en aquellos casos en los que por sus circunstancias lo considere necesario”.
Restitución inmediata

Al fundamentar el proyecto, Aguilera explicó que la incorporación del artículo tiene el fin de “permitir la restitución inmediata de inmuebles usurpados, que han sido tomados por la fuerza”. Y dijo que otorga mayores garantías que las previstos en los códigos procesales de otras provincias. 

Puso en valor que la modificación establece que “la medida debe pedirse una vez hecha la apertura de investigación. Tiene que estar fundada y tiene que haber pruebas. Y la contracautelar le da carácter de medida cautelar”. 

En tanto, Juan Pais defendió la propuesta y puso hincapié en la necesidad de resguardar el derecho de propiedad, “pilar del derecho occidental”, dijo. “Es indignante ver cómo entre el juez y el fiscal se pasan la pelota por temor a resolver, mientras el dueño de una propiedad que se fue de vacaciones, volvió y no tiene dónde vivir”, dijo. 

Mencionó que los casos de usurpación no se resuelven rápidamente por miedo. “No quiero una provincia patas para arriba, sino lo contrario”, refirió.

En tanto, Tatiana Goic, del bloque Arriba Chubut, y Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, fueron los únicos dos votos en contra, aludiendo cuestiones acerca de los pueblos originarios, sobre lo cual la diputada Aguilera que no es el objeto de la modificación normativa, ya que los pueblos originarios en la provincia tienen tierras otorgadas de manera legal. 

Nueva norma de procedimiento civil

De manera adicional, la Legislatura aprobó el proyecto de ley número 254/24, también presentado por el Poder Ejecutivo, que sustituye el artículo 692 del Anexo A del Código de Procedimiento Civil y Comercial del Chubut. 

Explicó Aguilera que se trata de “la posibilidad de restituir inmuebles que, en el caso de que sean ocupados de manera ilegítima, puedan volver a su propietario o tenedor legal”. 
Agregó que “el Código Procesal anterior hablaba de los casos de intrusos, y no de locatarios, sublocatarios o tenedores que lo tenían de manera ilegal”. 

Por ello, esta modificación, “va a permitir, por ejemplo, que quienes se encuentren con esta situación que no es de índole penal puedan, en el transcurso del juicio de desalojo, hacerse del inmueble y no tener que esperar la resolución judicial, ya que suele ser larga”. 

Así, el mencionado artículo quedó redactado de la siguiente manera: “La acción de desalojo procederá contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible”. 

Y agrega que “en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuera verosímil y la falta de entrega ocasione graves perjuicios al accionante, previa caución por los eventuales daños y perjuicios que se puedan irrogar”.  

Con información de la Prensa de la Legislatura de Chubut, redactado y editado por un periodista de ADNSUR